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El gobierno de MORENA entró en una crisis de opinión pública

Descubren un vínculo económico del hijo de AMLO con una empresa afín al supervisor del Tren Maya, una obra emblema del Gobierno mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Europa Press

Luego de que hace más de 15 días el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, a través del medio que dirige, Latinus, en colaboración con la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, diera a conocer los lujos –mansiones y autos- que rodean a José Ramón López Beltrán, uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la oposición tuitera del régimen logró reunir más de 64 mil personas en un Espacio de twitter, estableciendo un récord mundial de audiencia. 

La oposición tuitera sintió que ese récord marcaría un parte aguas en la organización opositora y celebraron el hecho. La gente de AMLO les contestó que con eso no se cambia un país, y que su líder -cabeza del socialismo blando y del bloque rojo latinoamericano-, había sido capaz de llenar el Estadio Azteca por horas, con gente “de verdad”.

El gobierno no había dicho gran cosa para aclarar de dónde provenía el dinero del hijo de AMLO para pagar su lujoso estilo de vida, hasta que este domingo 13 de febrero se dio a conocer que el dinero para pagar tales lujos habría salido de forma totalmente legal, fruto del trabajo en Estados Unidos de López Beltrán, quien estaría laborando en una empresa que, empero, pertenece al hijo de un supervisor del Tren Maya, una de las obras emblema de AMLO.

José Ramón López Beltrán salió muy tardíamente a “aclarar” que no tiene «injerencia en el Gobierno de México»; por lo que no habría conflicto de intereses. “17 días después, el hijo de AMLO dice trabajar en una empresa. Se descubre que es una desarrolladora de viviendas de lujo, que creó su página de internet ayer y que pertenece al hijo de un empresario asesor de AMLO al que le encargó el Tren Maya. Vaya burla. Vaya escándalo”, tuiteó Loret de Mola este lunes 14 de febrero.

AMLO se refirió al hecho en su propagandística conferencia de cada mañana, este 14 de febrero :

“Lo que dio a conocer ayer José Ramón de dónde trabaja en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayuda porque quieren apoyar en el caso del tren maya para concluirlo y José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno”.

Para AMLO este caso no tiene que ver con conflicto de intereses sino con “golpear”:

“Y hay mucho dinero de por medio. No tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia, a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, que hayan comprado bots, para las redes sociales, pero aún así, celebro que son pocos los que son como Loret”, dijo.

Mientras tanto, la Barra Mexicana de Abogados se sumó a la oposición para exigir al presidente que revele la fuente de información en la que se basó para conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, ya que podría haberse incurrido en un delito violando el derecho al secreto fiscal, tal como es planteado en el artículo 69 del  Código Fiscal de la Federación.

La Barra señaló que la actuación de AMLO “es también una clara violación al artículo16 de la Constitución, en lo que se refiere al derecho humano a la protección de los datos personales”.  En cierta forma, el gobierno socialista de Morena entró en una crisis de opinión pública, como mostró el hecho de que todos los gobernadores firmaran una carta de apoyo al presidente.

“Gobernadores, Gobernadoras y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que somos parte de la Cuarta Transformación, respaldamos al Presidente de la República López Obrador”, tuitearon el 13 de febrero, con una carta extensa adjunta en la que aplauden logros y atribuyen los ataques a grupos económicos que perdieron privilegios.

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