Disney pierde 34.000 millones de dólares tras someterse al lobby LGTBI

tras criticar la ley de Florida que protege a los menores
Disney. Reuters Disney. Reuters

Hay en los países anglosajones un refrán de recentísima creación que advierte a las grandes empresas minoristas contra la tentación de iniciar cruzadas a favor de todas las causas progresistas: «Get woke, go broke»; parafraseando: «Hazte ‘woke’ y te arruinarás».

La razón en simple: las posturas «woke», aunque omnipresentes en nuestras sociedades, son minoritarias en buena medida y, en cualquier caso, son pocos los consumidores que agradecen que la empresa cuyos productos compra le sermonee.

Es el caso de Disney, la antaño empresa de entretenimiento para toda la familia, ahora envuelta en un duelo al sol con Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, estado que alberga Disney World. Les resumo el principio de este culebrón: DeSantis ha aprobado una ley de derechos de los padres en la educación de sus hijos que prohíbe a los maestros adoctrinar a los más pequeños sobre (su) sexualidad. Y Disney ha reaccionado atacando al gobernador, financiando su derrota electoral en las próximas elecciones y, sobre todo, doblando la apuesta «woke». Han salido a la palestra pública numerosos responsables de Disney jurando lealtad al lobby lavanda y comprometiéndose a meter la temática gay y de género hasta en la sopa de sus producciones futuras.

Pues bien, desde que comenzó esta batalla, Disney ha perdido casi 34.000 millones de dólares en capitalización de mercado. En concreto, desde el 28 de marzo, cuando la empresa hizo público un comunicado oficial contra la ley, una verdadera declaración de guerra, la capitalización de mercado de Disney ha caído alrededor de 33.900 millones de dólares.

Quizá Disney sea la empresa que peor parada podría salir de esta batalla. Al proyecto de ley (HB 1557) le llaman sus enemigos «No Digas Gay», aunque la palabra ni siquiera aparece en el articulado, y tratan de presentarla como un caso de derechos civiles. Pero para los padres significa tener algún control sobre lo que se les enseña a sus hijos, pudiendo decidir cómo y cuándo se pueden presentar a sus hijos temas relacionados con las cuestiones LGTBI También da a los padres la oportunidad de demandar a los distritos escolares por violaciones de las reglas establecidas en la legislación.

“La instrucción en el aula por parte del personal escolar o terceros sobre orientación sexual o identidad de género no puede ocurrir desde el jardín de infantes hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales», aclara el proyecto de ley. DeSantis recordó el pasado 28 de marzo que «los padres tienen todo el derecho a estar informados sobre los servicios que se ofrecen a sus hijos en la escuela, y deben estar protegidos de las escuelas que utilizan la instrucción en el aula para sexualizar a sus hijos desde los cinco años”.

A pesar de la que la intención de Disney es presentar la ley como una opresiva forma de discriminación, lo que entienden muchos padres es que la empresa parece estar siniestramente obsesionada con sexualizar a los niños desde muy pequeños, y no suele ser exactamente lo que deja tranquilo a un padre o una madre para dejar a sus vástagos en manos de la compañía.

El hecho de que la empresa quiera echar abajo una ley aprobada por los representantes de los ciudadanos resulta, además, muy ominoso para la democracia. Alerta a los consumidores del excesivo poder que pueden tener las grandes corporaciones sobre la vida política, hasta el punto de imponerse a la voluntad popular. Y saber que la compañía en la que gastas tu dinero se opone a dejarte decidir sobre la educación de tus hijos tampoco ayuda a amarla. Y Disney dejó claro en su comunicado que el objetivo de la compañía era «que esta ley sea derogada por la legislatura o anulada en los tribunales».

La declaración llevó a algunos grupos de padres a pedir boicots a los productos, películas, parques temáticos y espectáculos de la empresa, que es la forma en que votan los consumidores.

Pero DeSantis tiene otra arma poderosa para neutralizar a la corporación: Disney disfruta en el estado de un régimen jurídico especial que convierte sus instalaciones en un mundo aparte con leyes propias. Por no hablar de un régimen fiscal extraordinariamente benévolo. Y el 22 de abril, firmó un proyecto de ley aprobado por la legislatura para disolver el estado autónomo de Walt Disney World en Florida, con posibles implicaciones fiscales para la empresa.

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