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SE CUMPLIERON NUEVE DÍAS DE PROTESTAS VIOLENTAS

Duque insiste en buscar ‘diálogo’ con los vándalos izquierdistas

El Gobierno de Colombia ha reiterado su intención de reunirse con el Comité del Paro Nacional para dialogar sobre sus reivindicaciones y frenar la ola de violencia izquierdista que ha vuelto a asolar el país por noveno día consecutivo este jueves, cuando han vuelto a desarrollarse enfrentamientos entre los manifestantes y fuerzas de seguridad.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ha asegurado que el Gobierno quiere adelantar su encuentro con los convocantes del paro, inicialmente planteado para el 10 de mayo, para hablar de los temas «que ellos han venido planteando» y «construir una agenda de diálogo«.

«Acabamos de hablar con el presidente de la República. Está dispuesto a recibir una delegación del comité del paro para empezar a trabajar y mirar la discusión», ha aseverado Custodio tras una reunión del Gobierno con las Altas Cortes.

El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, también presente en la reunión, ha confirmado la postura de Duque de reunirse con los representantes del comité, a los que ya ha invitado en Casa de Nariño «para avanzar en los temas fundamentales».

Por su parte, el Comité Nacional de Paro ha concluido, tras una reunión, acceder al diálogo, si bien han insistido en la negociación del Pliego de Emergencia y han indicado que el paro se mantendrá al menos hasta que se celebre el encuentro, que podría tener lugar este mismo viernes, informa Radio Caracol.

Por otro lado, de la reunión del Gobierno con los presidentes de las Altas Cortes se ha derivado una declaración conjunta de condena y rechazo a «los actos criminales de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afecta directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad«.

En el encuentro, se ha manifestado la importancia también de investigar los delitos que se han registrado contra civiles o servidores públicos.

«Que sea esta una ocasión para mostrar que los poderes públicos, en medio de las circunstancias, siempre en su separación de poderes, se unen para proteger, para preservar la institucionalidad de nuestro país», ha subrayado Iván Duque sobre la cita, tras la que ha llamado a Colombia a «unirse para salir adelante de los estragos de la pandemia y rechazar los actos violentos y las vías de hecho».

La declaración conjunta de Gobierno y Altas Cortes ha provocado discrepancias en el Tribunal Constitucional, cuyo presidente, Antonio José Lizarazo, ha firmado el comunicado, una acción que ha sido criticada por dos de los magistrados de la corte, Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez, en la que, a su juicio, se afecta la separación de poderes.

«La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga al Tribunal Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional», han recordado los magistrados, recoge ‘El Tiempo’.

Novena jornada de protestas

Mientras se empuja hacia una vía de diálogo, las protestas han continuado por novena jornada consecutiva, en la que se han vuelto a repetir los enfrentamientos y la violencia izquierdista en distintos puntos de la geografía nacional.

En la ciudad de Cali, ubicada en el departamento de Valle del Cauca y una de las más afectadas por la violencia y la represión, asistentes a las protestas y vecinos han denunciado que policías han atacado a tiros a los manifestantes desde un camión.

En Bogotá se han presentado bloqueos, plantones y distintas concentraciones a lo largo de la jornada, en la que también se han reportado disturbios entre asistentes y miembros de Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y Policía.

Este jueves, el Ministerio de Salud ha informado de que la misión médica en Colombia ha sido objeto de 126 eventos violentos desde el pasado 28 de abril, día en el que comenzó el paro nacional. «64 corresponden a lesiones personales y amenazas contra el personal de salud y 62 contra las ambulancias, sus tripulaciones y los pacientes a bordo», ha indicado la cartera.

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