El Departamento de Estado de Estados Unidos ha lanzado este viernes nuevas sanciones contra el régimen socialista de Nicaragua, en esta ocasión se trata de restricciones de visado a cincuenta ciudadanos nicaragüenses relacionados directamente con altos funcionarios del Gobierno del tirano, Daniel Ortega.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, ha explicado que estas cincuenta personas son «familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua«, así como de «fiscales y jueces«.
Price recalca que esta nueva batería de sanciones «demuestran» el «compromiso» estadounidense de hacer «rendir cuentas» a «cualquier persona responsable», o bien que se haya beneficiado de los ataques a la democracia del régimen Ortega-Murillo.
«En estos dos últimos meses, el régimen ha arrestado a 32 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos siete candidatos presidenciales, una candidata a vicepresidenta, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, y abogados», ha relatado en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado.
Price también ha mencionado la última detención de esta semana llevada a cabo por las autoridades nicaragüenses sobre un dirigente opositor, la de Berenice Quezada, la «valiente» candidata a vicepresidente por Alianza Ciudadanos por la Libertad y Miss Nicaragua en 2017. «Ortega y Murillo demostraron una vez más que tienen miedo a competir contra cualquiera que sienta que pueda ganarse el apoyo del pueblo nicaragüense», dice Price.
Se trata de la segunda vez en menos de un mes que el Departamento de Estado emite nuevas sanciones contra el Gobierno de Nicaragua y algunos de sus altos cargos. A mediados de julio, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció restricciones de visado para 100 funcionarios, entre diputados, jueces y fiscales, e incluso a algunos de sus familiares.
El próximo 7 de noviembre los nicaragüenses están llamados a las urnas, en una cita electoral marcada por las detenciones de dirigentes opositores, las críticas de la comunidad internacional por ataques a la democracia y las aspiraciones de Ortega a revalidar su puesto como presidente, que ocupa desde hace quince años.
