Centroamérica es el segmento central de América y se sitúa básicamente en una suerte de istmo que une sus extremos norte y sur conformado por los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Cuenta con una población global de aproximadamente 50 millones de habitantes, donde poco más de 50% de éstos viven bajo condiciones de pobreza crítica. Justo esta semana, la región ha sido objeto de la atención mundial por varios acontecimientos en Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Iniciamos con Honduras, país agrícola cuya economía viene severamente castigada desde la sequía de 2019, seguida de huracanes y la pandemia del virus de Wuhan. Pero infelizmente las dificultades no terminan allí, el país enfrenta inseguridad alimentaria por la escasez de maíz y frijol, a lo que se ha sumado el impacto de la guerra en Ucrania con una inflación generalizada producto del incremento de la gasolina.
Adicionalmente a ello la Justicia internacional se ha mezclado con la política en el contexto de Gobierno de Xiomara Castro, recientemente asumida en el cargo, imprimiendo así mayor inestabilidad y tensión. Ello se debe a la inminente extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) a los Estados Unidos, donde la Corte Suprema de dicho país ya ratificó el fallo de un tribunal de Tegucigalpa que aprobó tal procedimiento. No obstante, su equipo defensor agotó una última diligencia dentro de la corte, pero todo indica que será rechazado.
De ratificarse la extradición por parte de la CSJ, JOH no sólo será el primer exmandatario hondureño en ser procesado como criminal ordinario ante la Justicia estadounidense, sino que se convertirá en el primer mandatario iberoamericano de la era democrática en ser sometido ante un tribunal ordinario en EEUU, con todo lo que ello significa. Por lo pronto, la semana pasada las autoridades locales le confiscaron su vivienda, además de decenas de propiedades, productos financieras, entre otros activos.
Todo apunta que JOH será extraditado a Nueva York, donde muy probablemente será declarado culpable y condenado por los tres delitos muy graves que le acusa la Fiscalía: tráfico de drogas (a gran escala) y armas, además de corrupción. Tal como el pasado el año pasado le ocurrió a su hermano Juan Antonio (Tony) Hernández, que bajo los mismos cargos fue condenado a cadena perpetua, más la confiscación de más de 100 millones de dólares.
En El Salvador, la semana pasada se rumoró que el presidente Nayib Bukele había dado un supuesto golpe de Estado. Con el correr de las horas, se comprobó que el mandatario declaró “Estado de Excepción”, una medida apegada estrictamente al ordenamiento jurídico del país y dentro de las facultades conferidas por la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo.
Rodrigo Chaves (…), con un estilo antisistema y una retórica irruptora, deberá gobernar a una Costa Rica con dos grandes problemas: un histórico desempleo y un alto endeudamiento
La medida ha puesto en marcha la llamada «Guerra contra las pandillas» en el marco del Plan de Control Territorial – Fase III, lo que se ha traducido en la localización, persecución y arresto de miembros de las pandillas (concretamente, las muy conocidas y altamente peligrosas “Maras”). Con lo cual, los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y Ejército) se han desplegado por todo el territorio nacional. El presidente Bukele informó vía tuit que se han realizado 5.747 detenciones. La seguridad retornó a las calles salvadoreñas por lo que la medida goza de gran simpatía por parte de la ciudadanía.
Los que no han gozado este proceso, han sido las ONG y los izquierdistas con títulos auto-otorgados de «defensores de los derechos humanos» (tanto nacionales como internacionales) expresaron su preocupación y críticas contra el mandatario. Bukele avivó las críticas luego de publicar desde su cuenta de Twitter que a los detenidos sólo les dará “dos comidas y malas”, dado que su prioridad no es alimentar a pandilleros, sino invertir esos recursos en escuelas.
Así, en Costa Rica, donde recientemente fue ganador de las elecciones presidenciales Rodrigo Chaves, del muy joven Partido Progreso Social Democrático (PSD, de ideología fundamentalmente socialdemócrata, con el 53 por ciento sobre el expresidente José María Figueres del tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN, de ideología centro-izquierdista) y quien alcanzó 47% de los votos. Hubo una abstención del 43%.
Chaves es un burócrata del Banco Mundial que fue destituido por supuesto acoso sexual, con una brevísima pasantía como Ministro de Hacienda del actual mandatario Álvaro Quesada, del Partido Acción Ciudadana (progresista). Tiene un estilo antisistema, muy confrontacional y una retórica irruptora. Deberá gobernar a una Costa Rica con dos grandes problemas: un histórico desempleo (cercano al 15%) y un alto endeudamiento, estimada según expertos alrededor del 75% del PIB. Para ello, apostará por la unificación del sistema de pensiones, eliminación de exoneraciones tributarias y la reducción del sector público, tarea difícil porque apenas tiene 10 curules en la Asamblea Legislativa de 57 diputados, cuya mayoría controla el tradicional PLN.
