A pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no ha declarado ganador a ninguno de los dos competidores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, los principales actores de la izquierda latinoamericana, como el presidente argentino Alberto Fernández, el condenado por corrupción Ignacio Lula da Silva o el cocalero Evo Morales, se han adelantado a felicitar al ultraizquierdista Pedro Castillo (Perú Libre) como nuevo presidente electo del Perú.
En el caso de las expresiones del presidente argentino, la Cancillería peruana se vio en la obligación de entregar una nota de protesta indicando que los resultados de la contienda electoral todavía no han sido anunciados por las autoridades correspondientes. Y es que los diferentes grupos de izquierda de la región se han mostrado ansiosos por adelantar sus saludos a Castillo, un potencial nuevo aliado en el continente que les abriría las puertas a los cuantiosos recursos naturales que posee el país andino, sobre todo minerales y energéticos.
“Por su ubicación central en Sudamérica, el Perú es un objetivo estratégico de primer orden para las izquierdas latinoamericanas de corte chavista, que ven con horror el éxito de las economías abiertas y competitivas. Con el peronismo instalado en Argentina, Lula libre y de vuelta a las andanzas políticas en Brasil, Maduro desestabilizando Colombia desde Caracas, y la nefasta presencia de Evo Morales y Luis Arce en Bolivia, justo en nuestra frontera sur-este, resulta vital ser vigilantes y tener cuidado de lo que ocurre en el vecindario regional”, advierte Eduardo Ponce Vivanco, exrector de la Academia Diplomática del Perú y exviceministro de Relaciones Exteriores.
Como si se tratara de una operación orquestada al milímetro, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato -y simpatizante izquierdista acusado de presuntas infracciones en el ejercicio de sus funciones– ha solicitado prisión preventiva contra la líder derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) por supuestamente infringir las reglas de su libertad condicional por el caso de los presuntos aportes ilegales que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht, por el que estuvo ya en prisión preventiva por 16 meses.
“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, sostiene el texto del fiscal.
Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha calificado el pedido como “insustentable” y desproporcionado, y que “carece de toda base legal y ética”.
La petición de Pérez, señalado en repetidas ocasiones como un fiscal “adicto a las cámaras” e investigado por Control Interno de la Fiscalía por brindar declaraciones ante los medios de comunicación respecto a la situación legal de la señora Fujimori, ha crispado aun más la polarización política que vive el Perú, amenazado por el posible triunfo del comunismo bolivariano encarnado en Pedro Castillo y el hombre que opera detrás de bambalinas, el secretario general de Perú Libre y exgobernador regional Vladimir Cerrón, condenado por corrupción y vinculado a grupos izquierdistas fuera de la ley.
Será el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado el que evaluará el próximo lunes 21 de junio la solicitud de la Fiscalía para que la candidata Fujimori regrese a prisión preventiva, a la espera de que se decida si se le abre juicio por presunto lavado de activos en sus anteriores campañas electorales de 2011 y 2016, en las que perdió ante el chavista Ollanta Humala -investigado por aportes ilegales de Odebrecht- y el liberal Pedro Pablo Kuczynski -investigado por presunto blanqueo de capitales y crimen organizado- respectivamente.
En marzo de este año, antes de la primera vuelta presidencial, la fiscalía presentó una acusación -de más de 130 mil folios- en la que pedía la disolución y liquidación del partido Fuerza Popular, así como la imposición de penas privativas de 30 años y 10 meses para Keiko Fujimori y otros implicados.
Fujimori respondió al fiscal Pérez diciéndole que no le iba a aceptar “que quieran silenciarme en pleno proceso electoral”, y calificó sus medidas como “persecución”.
Un fiscal cuestionado
José Domingo Pérez ganó fama en el Perú por ser el encargado de investigar el mediático caso de Keiko Fujimori, acusada por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Sacralizado por los colectivos antifujimoristas y transformado en ícono pop por la gran prensa, Pérez se convirtió en un ser “impoluto” de la noche a la mañana, y fue gracias al poderoso blindaje de los medios de comunicación y las redes sociales que prácticamente no sufrió ningún daño cuando empezaron a lloverle graves señalamientos en su contra, como haber plagiado el artículo de un juez superior de la Sala Penal de Apelaciones en su maestría de derecho constitucional, o cuando la Coordinadora Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios le solicitó esclarecer sus comentarios sobre las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante un evento en México.
Sobre esto último, Pérez se había referido durante su intervención en el Encuentro Nacional Anticorrupción 2018 en el país azteca, que el régimen de Alberto Fujimori “acabó con la guerrilla o la guerra civil, respecto a grupos subversivos como Sendero Luminoso y alguno otro como el MRTA”.
Por estas declaraciones, el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue citado a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República para informar sobre lo ocurrido en el evento académico en el que participó Pérez. Chávarry fue enfático en señalar que no compartía la opinión del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, las cuáles calificó de equivocadas.
“Sendero Luminoso y el MRTA perpetraron desolación y violencia en el Perú. Definitivamente no fue guerra civil, fue terrorismo”, afirmó.
