Desde que la pandemia de la covid-19 acentuó las dificultades económicas que se arrastraban en Chile desde el 18 de octubre de 2019, el Congreso Nacional ha actuado como un régimen de parlamentarismo de facto ―pese a que Chile es una república presidencialista―. Esto a través de una serie de medidas y acciones que ponen en constante jaque al Poder Ejecutivo.
De esta forma, con un debilitado Gobierno, el Congreso ―con mayoría opositora al presidente Sebastián Piñera― ha ejercido todas sus atribuciones para poder llevar a cabo su agenda estatista y progre.
Entre muchas medidas, los parlamentarios izquierdistas levantaron la idea populista de poder acceder a los fondos previsionales de los chilenos. La narrativa de estos sectores asegura que se busca proveer un dinero que permita apalear los difíciles momentos económicos que han generado la pandemia y sus restricciones.
El sibilino plan —ya denunciado en múltiples ocasiones—, es que la ciudadanía no quiera reclamar en caso de estatizar los fondos de pensiones, esto porque el grueso de la población no tendría dineros en resguardo, afectando con esta medida solo al porcentaje más rico que todavía tendría recursos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La idea de estatizar los recursos se ha mencionado de forma explícita por algunos personeros de ultraizquierda. Es más, el excandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, consideraba usar estos fondos para obras públicas, específicamente la construcción de un tren que recorriera Chile de norte a sur.
Con los recursos para la vejez de todos los chilenos en juego, la retórica socialista ha engatusado a la población, haciendo que el proyecto de ley de retiro de fondos de pensiones sea ampliamente apoyado. Elemento visible cuando el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que recurriría al Tribunal Constitucional con el proyecto del tercer retiro de fondos, siendo respondido con un cacerolazo desde las ventanas de los hogares ―por las condiciones sanitarias― en rechazo a su determinación.
La izquierda amenazó, de hecho, con destituir al presidente mediante un juicio político a través de una acusación constitucional. Frente a la crisis económica y a las presiones de la oposición, el presidente Piñera decidió reunirse con los líderes de los partidos políticos de la coalición de gobierno, así como con todos los candidatos presidenciales de la centro-derecha para debatir un plan paralelo qué presentar como alternativa al retiro de fondos de pensiones. A la cita no llegó el partido Evolución Política (Evópoli) ni su candidato, Ignacio Briones, puesto que fueron férreos opositores a la extracción de recursos desde las AFP y, por coherencia política, decidieron restarse.
La contrapropuesta del Ejecutivo, presentada en cadena nacional la noche de este domingo, correspondía a una figura similar de retiro del 10% de los fondos, pero que contemplaba un bono para aquellos que no tuvieran dineros debido a los dos primeros retiros, así como una fórmula de devolución de la plata requerida a través de un aumento de los porcentajes de cotización con carga al Estado y a los empleadores. Esto con la confianza que el TC resolvería declarar inconstitucional el texto del Poder Legislativo. Pero, a diferencia de lo ocurrido con el segundo retiro de fondos, esta vez el Tribunal Constitucional chileno decidió, por 7 votos contra 3, darle validez reglamentaria a la propuesta del retiro.
Este evento sacudió la esfera política del país sudamericano, llegando a especularse por la prensa que todos los ministros de la comisión política –el de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado (UDI); el de Gobierno, Jaime Bellolio (UDI) y el de la Presidencia, Juan José Ossa (RN)– habrían presentado su renuncia al mandatario chileno por la derrota en esta elección.
Con ese peso a cuestas, la jornada informativa terminó sin un cambio de gabinete ―de momento―, pero con la promulgación de la ley de tercer retiro que había aprobado previamente el Congreso Nacional de Chile. La única respuesta de la primera magistratura fue retirar su proyecto alternativo para evitar así un accidental “cuarto retiro”, prometiendo enviar al parlamento un nuevo proyecto que busca ir en ayuda de los ciudadanos que ya no cuentan con fondos de pensiones, y tratando de corregir el sistema de retorno de dineros para no dejar en saldo cero las cuentas previsionales.
Cabe mencionar que, con esto, Sebastián Piñera está evitando utilizar su poder de veto a la ley debido a los altos costos sociales que puede implicar, y sortear así ―quizás― la amenaza de la ultraizquierda de destituirlo.
Con un resultado inesperado en el Tribunal Constitucional, así como la caída del proyecto del Gobierno, se estima que la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo sigan tensionándose, en parte por la promesa de la ultraizquierdista Pamela Jiles, quien aseguró seguir presentando proyectos de retiro de los fondos previsionales, permitiendo que la demagogia y el populismo socialista sigan abriéndose paso en la carrera presidencial que ella lidera en la oposición.
