Luego de que se aprobara el tercer retiro del 10 % de los fondos de pensiones ācon votos oficialistasā, el presidente SebastiĆ”n PiƱera anunció que llevarĆa la medida al Tribunal Constitucional (TC), organismo encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes aprobadas. Esto debido a que, en Chile, solo el presidente de la repĆŗblica tiene exclusividad en legislaciones relativas a seguridad social (es decir, directamente lo relacionado a las previsiones).
El anuncio trajo consigo reacciones de los sectores polĆticos involucrados: por su parte, los sectores oficialistas leales al Gobierno que rechazaron el proyecto, respaldaron la decisión del mandatario de acudir al TC; mientras que aquellos que apoyaron la iniciativaātanto del oficialismo como de la oposición todaā criticaron la decisión.
De este Ćŗltimo grupo, la ultraizquierda comenzó las gestiones para recolectar las firmas necesarias para llevar a SebastiĆ”n PiƱera a un nuevo proceso de Acusación Constitucional (recordando que la primera magistratura chilena fue absuelto de un proceso similar en diciembre de 2019), borrador de texto que podrĆan presentar este viernes. De llevarse a cabo este juicio polĆtico, se podrĆa llegar a destituir al presidente PiƱera. En otros tĆ©rminos, se podrĆa expulsar al mandatario por cumplir exactamente con lo que juró al momento de asumir: āguardar y hacer guardar la Constitución y las leyesā. Pero, al tratarse de una instancia meramente polĆtica, y no judicial, solo se requiere de cumplir el cuórum necesario de dos tercios de la CĆ”mara Alta.
En este sentido āa pesar de las intenciones de la ultraizquierdaā, la izquierda moderada ya ha manifestado su rechazo de acudir con sus votos a la destitución del presidente PiƱera: āno nos interesa derrocar a este gobiernoā, seƱaló Daniel Verdessi, jefe de bancada democratacristiano (DC).
Esta nueva muestra de división al interior de la oposición ācomo lo han sido previamente el enfrentar separados el proceso constituyente que se vive en este paĆsā podrĆa frenar el intento totalitario de destituir al presidente democrĆ”ticamente electo de Chile, a pesar de la seƱal equĆvoca desde los sectores de ultraizquierda de utilizar la herramienta de la acusación constitucional como un chantaje polĆtico con el cual amenazar a la institucionalidad cada vez que el oficialismo se niegue a cumplir con su programa o, como en este caso, haga cumplir su mandato.
Pero la izquierda no institucional buscó otras formas de hacer presión. En el plano social, manifestaciones de rechazo e incidentes se registraron durante la noche del martes por parte de sectores ciudadanos que apoyaban seguir recurriendo a sus ahorros previsionales frente al estado de emergencia, promovidos por grupos extremistas a travĆ©s de redes sociales con llamados a llevar a cabo un ānuevo estallido socialā.
En esa misma lĆnea, trabajadores portuarios chilenos han anunciado que podrĆan realizar una huelga general nacional debido a la medida del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Esto podrĆa seguir horadando la institucionalidad, llevando a un nuevo clima de crisis sociopolĆtico en Chile.