Luego de que se aprobara el tercer retiro del 10 % de los fondos de pensiones ―con votos oficialistas―, el presidente Sebastián Piñera anunció que llevaría la medida al Tribunal Constitucional (TC), organismo encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes aprobadas. Esto debido a que, en Chile, solo el presidente de la república tiene exclusividad en legislaciones relativas a seguridad social (es decir, directamente lo relacionado a las previsiones).
El anuncio trajo consigo reacciones de los sectores políticos involucrados: por su parte, los sectores oficialistas leales al Gobierno que rechazaron el proyecto, respaldaron la decisión del mandatario de acudir al TC; mientras que aquellos que apoyaron la iniciativa―tanto del oficialismo como de la oposición toda― criticaron la decisión.
De este último grupo, la ultraizquierda comenzó las gestiones para recolectar las firmas necesarias para llevar a Sebastián Piñera a un nuevo proceso de Acusación Constitucional (recordando que la primera magistratura chilena fue absuelto de un proceso similar en diciembre de 2019), borrador de texto que podrían presentar este viernes. De llevarse a cabo este juicio político, se podría llegar a destituir al presidente Piñera. En otros términos, se podría expulsar al mandatario por cumplir exactamente con lo que juró al momento de asumir: “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes”. Pero, al tratarse de una instancia meramente política, y no judicial, solo se requiere de cumplir el cuórum necesario de dos tercios de la Cámara Alta.
En este sentido ―a pesar de las intenciones de la ultraizquierda―, la izquierda moderada ya ha manifestado su rechazo de acudir con sus votos a la destitución del presidente Piñera: “no nos interesa derrocar a este gobierno”, señaló Daniel Verdessi, jefe de bancada democratacristiano (DC).
Esta nueva muestra de división al interior de la oposición ―como lo han sido previamente el enfrentar separados el proceso constituyente que se vive en este país― podría frenar el intento totalitario de destituir al presidente democráticamente electo de Chile, a pesar de la señal equívoca desde los sectores de ultraizquierda de utilizar la herramienta de la acusación constitucional como un chantaje político con el cual amenazar a la institucionalidad cada vez que el oficialismo se niegue a cumplir con su programa o, como en este caso, haga cumplir su mandato.
Pero la izquierda no institucional buscó otras formas de hacer presión. En el plano social, manifestaciones de rechazo e incidentes se registraron durante la noche del martes por parte de sectores ciudadanos que apoyaban seguir recurriendo a sus ahorros previsionales frente al estado de emergencia, promovidos por grupos extremistas a través de redes sociales con llamados a llevar a cabo un “nuevo estallido social”.
En esa misma línea, trabajadores portuarios chilenos han anunciado que podrían realizar una huelga general nacional debido a la medida del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Esto podría seguir horadando la institucionalidad, llevando a un nuevo clima de crisis sociopolítico en Chile.
