El Gobierno socialcomunista de España tiene perfilado el Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa que conlleva que los fiscales desbanquen a los jueces en la instrucción de las causas penales.
La ley que quiere el Ejecutivo establece que el juez, que ahora dirige la investigación, solicita pruebas, ordena detenciones y registros, etc, se encargue únicamente de tutelar los distintos intereses, es decir, sea «el garante de los derechos individuales».
Además, el Anteproyecto prohíbe que formaciones políticas, organizaciones públicas o sindicatos actúen como acusación popular en los procesos judiciales.
VOX, formación que ejerce la oposición al Gobierno, reconoce «la gran profesionalidad y capacidad de los integrantes del Ministerio Fiscal para asumir la instrucción de las causas penales», pero considera que atribuir a los fiscales la instrucción en las actuales circunstancias «no es aceptable».
«Y no lo es porque tenemos actualmente a una Fiscalía General del Estado contaminada por su vinculación política, lo cual hace imprescindible modificar el sistema de elección de este alto cargo para evitar la intromisión política», ha dicho a La Gaceta de la Iberosfera Eduardo Luis Ruiz, portavoz adjunto del partido en la Comisión de Justicia.
Asimismo, VOX cree necesario «introducir medidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuercen la independencia en la actuación profesional de cada uno de sus miembros en su labor instructora» y manifiesta que «la instrucción en manos del Ministerio Fiscal hace necesario introducir contrapesos que garanticen los derechos de todas las partes como el control judicial efectivo y el derecho de las acusaciones y defensas a participar en todo el trámite instructorio con plenas facultades».
