'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
En los meses de enero y febrero ya se han producido 2.700 casos

El Gobierno de Sánchez reconoce en una respuesta a VOX la subida de las okupaciones de inmuebles tras su ‘decreto antidesahucios’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

El Gobierno ha asegurado en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario VOX que en España se ha pasado de 3.849 okupaciones de inmuebles en el año 2011 a 17.274 en 2021.

VOX preguntó el pasado 10 de febrero al Ejecutivo por «el número de viviendas ocupadas ilegalmente en España» y pidió el desglose por provincias, así como la previsión para este año 2022.

La estadística oficial del Ejecutivo desvela un crecimiento exponencial y continuado de las okupaciones en una década (desde 2011 a 2021). Así, hubo 3.849 en 2011; 6.233 en 2012; 7.739 en 2013; 10.084 en 2014; 10.376 en 2015; 9.998 en 2016; 10.619 en 2017; 12.214 en 2018; 14.621 en 2019; 14.792 en 2020; y 17.274 el pasado año 2021. En los meses de enero y febrero de 2022 ya se han producido 2.700 ocupaciones de inmuebles, según los datos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De 2020 a 2021 hubo casi 2.500 okupaciones más, coincidiendo con el decreto «antidesahucios» que el Gobierno aprobó en diciembre de 2020 (y al que añadió una corrección en enero de 2021).

VOX: ‘La okupación es una forma de robo’

En abril, VOX presentó en el Congreso un plan contra los okupas y recordó que la okupación es «una forma de robo, la sustracción del bien más preciado que una persona y una familia atesoran a lo largo de su vida».

La formación liderada por Santiago Abascal consideró que la actual regulación penal del delito de okupación de inmuebles «no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados«. Por ello, exigió más y mejores recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agravar las penas para los okupas y proteger a los propietarios.

«La seguridad jurídica es esencial», dijo la diputada Cristina Esteban, antes de reiterar que las Administraciones tienen la obligación de amparar al ciudadano frente al delincuente» y recordar que el Gobierno alienta la okupación ilegal.

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