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El Gobierno de Orbán defiende por carta ante la Comisión Europea su derecho a proteger la identidad nacional de Hungría

Tras el expediente sancionador por oponerse al adoctrinamiento LGTB a niños
El Primer Ministro húngaro, Víktor Orbán. REUTERS

El Gobierno de Viktor Orbán ha respondido al expediente sancionador iniciado por la Comisión Europea con una carta en la que ha vuelto a defender su derecho soberano a legislar sobre el adoctrinamiento LGTB a niños, lamentando que se quiera castigar a Hungría «sólo por no permitir que el ‘lobby’ LGTBI entre en escuelas y guarderías».

Bruselas inició el 15 de julio los expedientes sobre Polonia y Hungría, en ambos casos por oponerse al adoctrinamiento LGTB. El procedimiento de infracción arrancó con el envío de una carta de emplazamiento a la que ya ha respondido la parte húngara, inamovible en sus argumentos.

La ministra de Justicia, Judit Varga, ha informado en Facebook del envío de una misiva al comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton. Hungría, ha explicado Varga, «desea proteger su cultura, su identidad nacional y los valores en que se sustentan», algo a lo que tiene derecho como «país libre e independiente». «Según los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales, ni la Unión ni ningún otro organismo tienen el derecho a determinar cómo crían los padres húngaros a sus hijos», ha sentenciado.

En este sentido, ha esgrimido que «nadie puede obligarles a permitir que su hijo reciba información sexual sin su aprobación o que accedan a contenido perjudicial que es inapropiado para su edad».

Así, ha rechazado «categóricamente» que estas limitaciones equivalgan a «exclusión o discriminación», en la medida en que considera que «la ley no interfiere en la vida de los adultos de ninguna manera» y «no viola los derechos de las minorías sexuales», que están garantizados por ley, y ha apuntado en su nota que ahora «la pelota está en el tejado de la Comisión».

Los expedientes sancionadores prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario podría elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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