El Grupo de Puebla reveló los 33 puntos con los que busca imponer la agenda izquierdista en Iberoamérica y apoyar a las narcodictaduras cuyos regímenes están acusados de crímenes de lesa humanidad.
El manifiesto llama «a defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias de potencias o terceros Estados” y, obviando la gestión socialista en dichos países de la región, atribuye la crisis a “la imposición de bloqueos, sanciones económicas y políticas unilaterales contrarias al derecho internacional”.
El Grupo de Puebla, cuya matriz es el criminal Foro de Sao Paulo, asegura que dichas medidas afectan la llegada de «insumos medicinas y medios para la atención de la pandemia» y no hace ningún llamamiento a que las tiranías den paso a una democracia con garantías, que es el requisito principal para el levantamiento de las sanciones.
De acuerdo con los socialistas, “el modelo neoliberal apoyado en la financiación del capital, promueve la desigualdad extrema y la precariedad del mercado laboral, fragiliza el Estado de Bienestar y la democracia, socava derechos sociales, amenaza el medioambiente, deriva en crisis económicas recurrentes y ha convertido en incompatibles el crecimiento sostenible y la justicia social”.
El llamado “Manifiesto Progresista” surgió a raíz del V encuentro Latinoamérica Cambió, en el que participaron 70 representantes de 15 países, y presenta 33 puntos que delimitan su agenda para Iberoamérica. Según sus postulantes, el mismo será “sometido a debate” entre los militantes de la región.
La izquierda reitera estar buscando recuperar un rol activo y protagónico para el Estado, la implementación de impuestos directos y progresivos, y fiel a su creencia del Estado paternalista propone el establecimiento de una “Renta Básica Solidaria” por el período que duren los efectos de la pandemia de covid-19.
Así, abogan por “revisar privatizaciones y promover más control público y menos mercado en el suministro de servicios y bienes públicos.
Sin hacer mención a los crímenes por los cuáles han sido investigados, el Grupo de Puebla se solidariza con Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya y Evo Morales, a quienes calificó como víctimas de una “guerra híbrida” de los Estados Unidos contra Iberoamérica.
Pese a que el Manifiesto invita “promover un combate efectivo contra la corrupción política”, no hay condena alguna a los casos de corrupción cometidos por miembros de la entidad.
“Nos urge trabajar en un proyecto político que conmueva y convenza a las y los supervivientes del viejo modelo de que aún existen en América Latina y el Caribe utopías alternativas posibles. La utopía posible que hoy nos reúne es la construcción del nuevo ser progresista latinoamericano”, concluye.
