'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
el activismo judicial se ha convertido en la herramienta para imponer una agenda de corte globalista

El lobby pro aborto no logra respaldo en el Parlamento de Ecuador

Un grupo de mujeres se manifiesta a favor del aborto en Ecuador. Reuters
Un grupo de mujeres se manifiesta a favor del aborto en Ecuador. Reuters

El impulso para despenalizar el aborto avanza en Hispanoamérica. Las cortes, por medio del activismo judicial, se han convertido en la vía para pasar por encima de la protección de la vida desde la concepción, garantizada en la Constitución.

Sucedió en México, también en Colombia, ahora pretenden hacerlo en Ecuador. Comienzan con la situación más sensible y lamentable, como es el aborto por violación, para garantizar esta práctica en cualquier situación.

La Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional la penalización del aborto en caso de violación, luego que activistas y agrupaciones feministas presentaron una acción de inconstitucionalidad. 

Lo cual resulta una contradicción, pues la Constitución del Ecuador protege la vida desde la concepción, en el artículo 45, dentro del marco de la protección a niñas, niños y adolescentes. A su vez, el Código de la Niñez y la Adolescencia declara en el artículo dos a todos los menores como sujetos protegidos desde la concepción hasta la mayoría de edad.

En vista de que es la función de la Asamblea Nacional, lo que alguna vez fue el Congreso y tras el proceso del socialismo del siglo XXI se volvió asamblea, al igual que en Venezuela, ahora debate el proyecto de ley de aborto por violación, instado por la Corte Constitucional.

Pero los legisladores no han llegado a un consenso. Pues la radicalidad del proyecto de ley ha espantado incluso a asambleístas que están de acuerdo con el aborto por violación. En el primer debate el enfoque del lado proaborto fue que no haya límite alguno, lo que denominan “plazos” y hace alusión a las semanas de gestación, que se pueda abortar hasta el nacimiento.

Pretendían siete meses para mujeres embarazadas adultas y hasta el noveno mes en el caso de menores abusadas. No obstante, no requerirían denuncia contra el violador, ni prueba alguna, solo el testimonio de la mujer y en el caso de una menor no sería necesaria la autorización de sus padres ni custodios.

De manera que el mismo abusador podría llevar a una menor a abortar sin que haya repercusión legal contra este y permitiría a cualquier mujer embarazada alegar haber sido violada para obtener un aborto. 

Bajo la excusa de no “revictimizar”, el activismo feminista promueve un proyecto de ley que permitiría a depredadores sexuales rondar las calles sin denuncia, llevar a sus víctimas a abortar y condenar a un inocente a pena de muerte.

Médicos: ‘No permitamos que un proyecto de ley nos obligue a convertirnos en homicidas’

Además, el proyecto de ley no respeta la objeción de consciencia de los médicos. Permite multas que superan los $8.000 dólares, 20 sueldos mínimos, en un país donde el sueldo mínimo por poco supera los $400. Así lo establece el artículo 61.

Como protesta, médicos provida se manifestaron alrededor de la Asamblea Nacional proclamando: ‘No permitamos que un proyecto de ley nos obligue a convertirnos en homicidas’.

En vista de la radicalidad del proyecto de ley, no obtuvo respaldo. Entonces se hicieron modificaciones, entre ellos bajar la edad de gestación a 22 semanas si la embarazada es menor y 20 semanas si es adulta.

Sin embargo, para la mayoría de los legisladores sigue siendo demasiado tiempo. Pues existen casos de bebés que han logrado sobrevivir a esa edad. Además, el proyecto de ley aún no pide denuncia contra el violador. Por el contrario, enfoca como problema a combatir el embarazo y no el abuso.

Por eso, además el presidente de la nación, Guillermo Lasso, anunció que vetaría el proyecto de ley, si este se excede en lo solicitado por la Corte Constitucional.

Y existe una vía alterna que es el informe de minoría firmado por los legisladores Sofía Espín, Dalton Bacigalupo y Ricardo Vanegas. Allí se elimina el término “derecho”, tratando al aborto como una excepción y no como la norma. Ofrece a la mujer alternativas como la adopción, no el aborto como solución.

A diferencia del informe de mayoría (llamado así porque seis de los siete legisladores lo aprobaron) que incorpora términos ideologizados como 64 menciones a “personas gestantes” para incluir a personas que no se identifican como mujeres pero tienen la capacidad biológica de gestar. Tampoco el informe de minoría promueve enseñar en los colegios que el aborto es un derecho, cosa que el informe de mayoría sí.

Por último establece límites. Seis semanas en el caso de una adulta embarazada, desde que se detecta el latido del corazón de su hijo y 12 semanas en el caso de menores, considerando que se demora más en detectar el embarazo.

No obstante, hay legisladores que se oponen por completo a ambos informes. Primero porque consideran que la vida de una persona no aumenta ni disminuye de valor según su edad y segundo porque no quieren ser cómplices de un abuso de poder por parte de la Corte Constitucional que pretende forzar a los asambleístas a legislar. Además, porque siete de los nueve jueces (se opusieron dos mujeres, quebrando así el relato que el aborto es una cuestión de mujeres) atentaron contra la Constitución al facultar esta sentencia.

«A mí no me consideren en el regateo de semanas,…conmigo no cuenten para esa negociación, para ese regateo, cuando matamos al ser humano… esto no se trata de un bingo», exclamó el legislador Esteban Torres Cobo, firmante de la Carta de Madrid.

Mientras debatían los legisladores, en el exterior de la Asamblea Nacional, había una manifestación provida y al frente una promotora del aborto. Viajaron personas de todo el país para defender la vida. En las primeras horas de la mañana hubo una abrumadora mayoría de mujeres dejando en claro que las activistas feministas no hablan en nombre de la mayoría sino de una minoría violenta.

“Sin denuncia no hay justicia”, fue uno de los gritos más recurrentes. “Que no nos maten en las calles, que no nos maten en el vientre”, otro clamor de las mujeres ecuatorianas que piden combatir la delincuencia, no matar a inocentes.

Del otro lado, quienes llaman “retrógradas” a los provida gritaban “el aborto es ancestral, la culpa es colonial”, acusando que en la era prehispánica el sacrificio humano era común y con la conquista española y la evangelización que conllevó los padres dejaron de entregar a sus hijos como ofrenda a dioses paganos y se convirtieron a la fe de un Dios que sacrificó a su hijo por la salvación del mundo.

En medio de las manifestaciones los legisladores anunciaron que no se aprobó el informe de mayoría y que se suspendía la sesión hasta el jueves 10 de febrero. 

Necesitan 70 votos para aprobarlo y hasta ahora no cuentan ni con la mitad. Ni siquiera la promotora del proyecto de ley asistió al pleno, alegando que tenía síntomas de coronavirus. De modo que difícilmente podrán revertir la tendencia.

Ahora quedan tres opciones: la aprobación del informe de minoría, que reduciría el aborto casi por completo (mientras acata las disposiciones de la Corte Constitucional), el archivo del proyecto de ley (que no permitiría debatir el tema por un año) y el veto presidencial, parcial o total.

Como firmantes del Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, además de las propias constituciones locales y el código de la niñez del Ecuador que protege a los menores desde la concepción, las naciones de Hispanoamérica protegen legalmente a sus no nacidos.

Entonces el activismo judicial se ha convertido en la herramienta para imponer una agenda de corte globalista que incluye control de población. De la mano de la presidencia de Joe Biden que revocó el Acuerdo de la Ciudad de México que impedía financiar abortos en países del tercer mundo, la tendencia no es a reducir la pobreza sino de reducir a los pobres desde el vientre de sus madres.

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