La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este lunes en una sesión extraordinaria la nacionalización de dos empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, así como una ley para impedir a los opositores su participación a las elecciones presidenciales convocadas para 2021.
Las empresas Disnorte y Dissur pasan de esta forma al control y administración del Estado mediante la Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de energía eléctrica a la población nicaragüense, que ha sido remitida de urgencia por el tirano de Nicaragua, Daniel Ortega.
La ley se ha aprobado bajo la excusa de que el artículo 98 de la Carta Magna nicaragüense, indica que «es responsabilidad del Estado lograr (…) la distribución más justa de las riquezas«.
«Con esta ley el Estado se asume como rector, garante y restituidor del derecho del pueblo a acceder a la energía eléctrica, por eso se declara de utilidad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones de propiedad de le empresa TSK Melfosur Internacional, S.A. en las sociedades anónimas Disnorte y Dissur», ha asegurado durante el pleno el diputado sandinista, Carlos Emilio López.
«TRAIDORES A LA PATRIA» NO PODRÁN SER CANDIDATOS
También durante la sesión extraordinaria, se ha aprobado en el Parlamento la conocida como Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, que busca dejar sin participación en los próximos comicios a quienes el régimen considere terroristas por oponerse a Ortega.
«Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política«, reza el texto de la ley, informa el diario ‘La Prensa’.
El Gobierno de Ortega confirmó las elecciones para el próximo 7 de noviembre de 2021 y con la aprobación de esta ley, ampliamente criticada por los sectores opositores y las organizaciones de Derechos Humanos, abre la puerta a concurrir en unas elecciones sin oposición.
