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El Parlamento de Nicaragua, dominado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el lunes por amplia mayoría una ley que impide la participación de la oposición en las elecciones de 2021.
Con 70 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones los diputados sandinistas aprobaron el proyecto de Ley «Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz», la cual prohibe que se postulen a cargos de elección popular aquellos opositores que la dictadura considere «golpistas» y «terroristas».
De acuerdo con la ley, no podrán participar en los comicios generales de 2021 quienes “encabecen o financien un golpe de Estado, inciten a la injerencia extranjera, pidan intervenciones militares, propongan o gestionen bloqueos económicos o demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
Todos ellos “serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”, señala el texto aprobado. El Código Penal castiga hasta con 15 años de cárcel los delitos de “terrorismo” y “traición”.
Ortega ha calificado de “golpistas” y “terroristas” a los opositores que participaron en las protestas sociales que estallaron en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos, cientos de detenidos y unos 100.000 exiliados por la represión estatal, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Adilia Salinas, llamó a los diputados sandinistas a “reflexionar” y ser parte de la solución y no del conflicto.
“La Constitución Política habla de ser libre, la justicia y el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político y social, debemos reflexionar estamos a tres días del nacimiento del niño Jesús. En momento de crisis debemos ser parte de una solución y no del conflicto, se habla de terrorismo, organizaciones criminales como han calificado a los opositores en el país”, dijo Salinas.
El legislador liberal Jimmy Blandón argumentó que la iniciativa es inconstitucional «porque son ciudadanos los nicaragüenses que hubieran cumplido 16 años de edad y gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes sin más limitaciones. Una ley ordinaria no puede superar el ordenamiento jurídico constitucional y en consecuencia no tendría la validez para que pueda ser aplicada».
La iniciativa de ley solo tiene dos artículos, el número 1 que es totalmente inhibitorio y coarta incluso las libertades de expresar la satisfacción por la imposición de sanciones a funcionarios de Ortega.
