Los demócratas tienen, a todo tirar, cuatro años para hacer de las suyas. Hay millones de trumpistas convencidos de que les han robado las elecciones, el ala ‘sanderita’ de los demócratas han descubierto que Biden está totalmente vendido a multinacionales y ‘halcones’ de Washington y muchos votantes ‘azules’ empezaron a arrepentirse casi al día siguiente de depositar su voto. Trump tiene en su mano al Partido Republicano, como demostró en su regreso triunfal, en el que sugirió que podría volver en 2024, y solo tiene que esperar el deterioro más que probable de la vida social y el panorama económico para recoger los frutos en las próximas elecciones, ¿no?
No necesariamente. Todo lo anterior ya lo han pensado los demócratas, así que, con la oposición unánime de los republicanos, han aprobado una ley, la Resolución de la Cámara 1 (HR1), que remodela de pies a cabeza toda la normativa electoral y hace mucho más fácil el fraude.
La HR1, que afecta prácticamente a todos los aspectos del proceso electoral, centraliza en el Congreso federal todo lo relativo al voto.
Para empezar, es como si la ley quisiera hacer permanente la anómala situación de las anteriores elecciones, fuertemente condicionadas por la pandemia, convirtiendo el voto por correo, concebido en cualquier país donde es legal como un mecanismo excepcional, en una alternativa en pie de igualdad con el voto presencial a nivel federal. Ningún estado podría obligar a presentar “forma alguna de identificación como condición para obtener una papeleta de ausente”, salvo la simple firma. Quedan abolidas todas las leyes estatales que exigen la verificación formal o por testigos de los votos por correo. Los votos que lleguen tarde serán válidos a nivel nacional durante diez días después de las elecciones.
Esa noche tan emocionante dejará de serlo; más bien se convertirá en una quincena. Prepárense para todas las anomalías del pasado noviembre convertidas en la ‘nueva normalidad’ electoral.
La HR1 también considera abolidas todas las restricciones estatales a la ‘cosecha de votos’, permitiendo a los estadounidenses a “designar a cualquier persona” para que lleve el voto, siempre que el portador “no reciba ninguna forma de remuneración basada en el número de papeletas”, sin que tampoco pueda ponerse ninguna limitación a la cantidad de papeletas que el portador lleve a la urna.
“Hablemos claro, los argumentos que se han empleado hoy en la sala se resumen en que los republicanos, mis colegas y yo, somos fanáticos”, declaraba el representante texano Chip Roy ante los periodistas. “¿Por qué? Porque emplean eufemismos como “supresión del voto” para decir que queremos impedir el acceso del pueblo a las urnas. Y nada más lejos de la vedad. No permita Dios que queramos usar medios de identificación del votante. No permita Dios que queramos honrar la voluntad del pueblo, a través de sus legislaturas estatales, usando la misma identificación que los americanos usan para volar y para todo lo demás. Si pido eso, soy un fanático”.
Hasta el ‘traidor’ Mitch McConnell, que negó el fraude en plena labor del equipo jurídico de Trump, ha condenado esta ley como un “abuso de poder” que deteriorará aún más la confianza del votante en el proceso. “Quieren obligar a los cincuenta estados a permitir la absurda práctica de la ‘cosecha de votos’, en la que operativos a sueldo pueden aparecer en los colegios electorales llevando resmas de papeletas cumplimentadas de otras personas”, dijo McConnell. “Quieren prohibir a los estados que exijan documentos identificativos o incluso algo tan sencillo como comprobar los cambios de domicilio. Quieren imponer el voto por correo sin justificación como norma permanente incluso acabada la pandemia”.
Los demócratas parecen decididos a dejarlo todo atado y bien atado en su precipitada construcción de un régimen de partido único en Estados Unidos, como el que tiene su admirada China, y la HR1 supone un paso de gigante hacia ese objetivo.