El próximo 10 y 11 de abril los chilenos elegirán a los convencionales constituyentes, fecha que coincide con las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. No obstante, el proceso constituyente ha acaparado la atención de la agenda política nacional desde hace más de un año. Por lo anterior, este especial (de tres entregas) pretende explicar de qué se trata y cómo se llegó a este escenario.
1- Antecedentes
El proceso constituyente es el resultado de un momentum sociopolítico cimentado en la revuelta e insurrección desatada, explícitamente, el 18 de octubre de 2019 (18-O). Esta insurgencia fue denominada ingenuamente por la prensa como “Estallido Social”, dando a entender que las evasiones masivas, los incendios a propiedad pública y privada, los saqueos, las movilizaciones ciudadanas y las nuevas conflictividades, fueron totalmente espontáneas y estallaron mágicamente. No obstante, rápidamente se pudo develar que detrás de estas acciones hubo una inspiración ideológica. Revisemos los hechos cronológicamente.
El viernes 04 de octubre de 2019 se anunció un aumento de $30 pesos chilenos al pasaje del transporte público de la capital (€0,035 euros aproximadamente), que comprende la red de metro y el sistema de buses. Este incremento solo aplicó al pasaje estándar, no a aquellos que tienen tarifa preferencial como los estudiantes o los adultos mayores. A la semana siguiente, se vieron las primeras llamadas para evadir el transporte público a través de redes sociales. Por ejemplo, la cuenta de Instagram @pasaje_justo llamó a “Evadir, no pagar. Otra forma de luchar”.
Esto comenzó a ser cada vez más común y, durante la semana del lunes 14 de octubre, estudiantes secundarios también convocaron a la evasión del pasaje, tal como lo hizo la cuenta @CursedIN, perteneciente a alumnos del liceo emblemático, Instituto Nacional. En un inicio, fueron los secundarios los que protagonizaron el salto de los torniquetes pero, con el paso de los días, se sumaron universitarios y adultos. Estas acciones se hicieron masivas e incontrolables para la seguridad privada del Metro y para los Carabineros (la policía chilena). Ante esta situación, el presidente del Panel de Expertos del Transporte Público señaló que “cuando sube el pan, no hacen ninguna protesta”, dichos que no fueron bien leídos por las movilizaciones, radicalizándose en otros actos de violencia.
El jueves 17 de octubre fue un día crítico, pues, dentro de las mismas estaciones, los usuarios se sentaban en el andén con las piernas hacia los rieles para detener el avance del metro, generando demoras en la movilización. También se vieron peleas y discusiones entre civiles, eventos que fueron viralizados por redes sociales. Además, los manifestantes irrumpieron en varias estaciones destruyendo sus accesos, los torniquetes y las rejas. Por ejemplo, en la estación La Moneda, lanzaron la pantalla de un televisor a los carriles del metro, generando un cortocircuito. En la estación San Joaquín los torniquetes fueron totalmente destruidos. También hubo enfrentamientos entre los evasores y Carabineros.
Este ánimo continuó el viernes 18 de octubre y, cerca de las 18 horas, la ciudad de Santiago quedó completamente paralizada. La red del Metro cerró todas sus estaciones y los buses –que estaban completamente sobrepasados en capacidad– no avanzaban porque las principales calles fueron cortadas con barricadas. Esa misma noche, se incendiaron más de 20 estaciones del metro, de las cuales 10 quedaron totalmente inutilizables. El edificio corporativo de la empresa de energía ENEL también fue atacado por amagos intencionados.
Por este escenario, la noche del 18-O, el Gobierno chileno declaró Estado de Emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco, lo que significó restricción a la libertad de locomoción y a la libertad de reunión. No obstante, durante esa madrugada ocurrieron incendios a buses del transporte público, a edificios públicos y privados; saqueos a supermercados como también a medianas y pequeñas empresas. Esta anomia se expandió a otras ciudades durante el fin de semana, por lo que el 19 de octubre se decretó toque de queda desde las 22:00 horas, durante 7 días en la Región Metropolitana, moción que se expandió a otras zonas del país.
Por el contrario, la violencia no cesó y la ciudadanía comenzó a movilizarse con cacerolazos (acción de golpear ollas o cacerolas) como forma de protesta. Se congregó en puntos de encuentro en las distintas ciudades de Chile.
En Santiago, las manifestaciones se concentraron en Plaza Baquedano, ubicada en el corazón de la ciudad, así como en Plaza Ñuñoa, un sector de clase media. En estas concentraciones se pudo constatar un malestar transversal, pues fue posible ver personas de distintas realidades sociales, económicas, etarias y hasta políticas.
“No son 30 pesos, son 30 años” fue una de las primeras consignas que se escuchó por aquellos días, junto a “Chile despertó”, “Asamblea Constituyente ¡Ya!”, “Renuncia Piñera”, y “Nueva Constitución”. Sin embargo, estas frases, aparentemente inocentes, develan el trasfondo ideológico de la revuelta e insurrección. Porque, rápidamente, se instaló el discurso de que el culpable del malestar no fue el aumento de 30 pesos, sino un sistema político instaurado hace 30 años.
De acuerdo con esta narrativa, “El Modelo” impulsado por la Constitución de 1980 sería el responsable de todos los males. Para dejar atrás al “neoliberalismo” chileno, las izquierdas instalaron el discurso de que se debía desplazar el texto constitucional escrito en el periodo del Régimen Militar (1973-1990), cuando el general Augusto Pinochet estuvo en el poder.
Sin embargo, para ese entonces la demanda de una nueva Constitución no era primordial para los chilenos. Al contrario, las distintas encuestas de la época (como Cadem, Criteria y Chilecracia) establecieron que las principales preocupaciones eran mejorar la salud, la educación, las pensiones, la economía y la seguridad pública.
No obstante, los antecedentes inmediatos no son los únicos a considerar, pues a mediano plazo encontramos varios ejes que explican cómo escaló la violencia antes del 18-O, lo que revela que las evasiones, la insurrección y las protestas no estallaron inesperadamente. Por lo tanto, hablar de Estallido Social no es adecuado.
Durante los meses previos, tanto en colegios como en universidades se vio cómo la polarización política llegó a niveles extremos. Conocido fue el caso de una alumna de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile, quien fue dos veces agredida, entre julio y septiembre de 2019, por reconocer públicamente que adhiere a la derecha política. También, el colegio Instituto Nacional ha sido capturado en los últimos años por encapuchados y anarquistas, implicando un foco de preocupación nacional. Además, la presencia de bandas “Antifas” comenzó a ser cada vez más común. Estos grupos agredieron a manifestantes en la “Marcha por Jesús” en octubre de 2018.
Por otro lado, los feminismos en Chile desde 2018 volvieron a activar la voluntad de movilización en las marchas del 8M que, desde ese año, han ido aumentando dramáticamente su convocatoria. También se ha generado una gran validación del activismo de las disidencias sexuales.
Incluso dentro de la misma institucionalidad hubo gestos que validaron la violencia política. En marzo de 2018, el excandidato presidencial José Antonio Kast fue golpeado a la salida de la Universidad Arturo Prat.
En diciembre de ese año, el presidente del Tribunal Constitucional también fue agredido. Durante ese mismo mes, se dio a conocer un registro audiovisual del diputado Gabriel Boric (Frente Amplio, hoy precandidato presidencial), quien sonrientemente recibía una polera con una imagen del Senador Jaime Guzmán baleado y ensangrentado, quien fue asesinado por el grupo terrorista de izquierda Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en 1991.
“Bien muerto el perro”, dijo la diputada Marcela Santibáñez (Partido Progresista) a propósito de lo anterior en una actividad del Partido Comunista en enero de 2019. Posteriormente, los diputados del Frente Amplio, Gabriel Boric y Maite Orsini se reunieron, secretamente, con Ricardo Palma Salamanca en Francia, autor material del asesinato del Senador Guzmán, quien además se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996. Todos estos sucesos ocurrieron a meses del 18-O y develan cómo la violencia política ya era relativizada.
Todo lo anterior generó un clima de máxima hostilidad en el país previo a octubre de 2019. Pero al desatarse la revuelta e insurrección desde el 18-O, la anomia se tomó todos los espacios del país e incluso se lanzó contra los partidos políticos de izquierdas. Por ello, desde el Gobierno se buscó una salida institucional a la violencia, cuyo objetivo fue buscar la paz y la justicia social a través de procesos democráticos.
En consecuencia, el 15 de noviembre de 2019 los distintos partidos políticos chilenos ―excepto el Comunista― firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. En este documento se estableció la realización de un plebiscito de entrada, fechado para el mes de abril de 2020. Ante la emergencia sanitaria, finalmente se realizó el 25 de octubre de 2020.
