El ministro de Justicia del régimen de Bolivia, Iván Lima, ha solicitado a la Fiscalía General de la nación andina que cite a declarar a la expresidenta Jeanine Áñez y a todo su gabinete en los casos fraguados contra ellos por el gobierno de Luis Arce.
El séquito de Evo Morales se ampara en una «responsabilidad solidaria» por los decretos que dieron vía libre a la compra supuestamente irregular del material antidisturbios.
«La señora Áñez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos», ha señalado el Ministerio de Justicia en su cuenta en la red social Twitter.
Murillo fue detenido la semana pasada en Estados Unidos. El paradero de López, por su parte, no está confirmado, aunque las autoridades bolivianas sospechan que se encuentra en Brasil.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha informado este lunes de que, hasta el momento, hay 20 personas investigadas por el caso, bautizado como ‘Casos gases lacrimógenos’ por la prensa boliviana.
Cuestionado por la prensa si Áñez puede terminar involucrada en el caso, Lanchipa ha respondido que no se puede anticipar este extremo, aunque el material hallado «pude dar lugar a la ampliación de la investigación para otras personas«.
La Fiscalía de Luis Arce ya ha presentado la solicitud de extradición de Murillo, documento cuyo trámite debe pasar al Ministerio de Exteriores, cartera que remitirá finalmente la petición a Estados Unidos.
Sin colaboración de Interpol
También en el contexto de este caso, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, ha acusado este lunes a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y al Ministerio de Exteriores al mando de Karen Longaric, bajo el mandato de Áñez, de haber «obstaculizado» la investigación.
Así, se ha referido a dos «obstáculos» en el proceso, en concreto respecto a dar con el paradero de Murillo y López.
Según ha relatado Quispe, estos se deben a que la Interpol negó la activación de tres sellos azules –para obtener información– solicitados por la Fiscalía bajo el alegato de que se trataba de una «persecución política» contra la exministros.
«Ha tenido que ser una justicia ajena al Estado de Bolivia (la de Estados Unidos bajo la administración Biden) que ha dado cuenta de estos actos de corrupción y la pretensión de legitimarlos, lo que nos ha dado la razón que como Fiscalía Departamental de La Paz, como Fiscalía General del Estado, no cumplimos ni vamos a cumplir persecuciones de orden político», ha indicado al respecto, para defender que cualquier persecución por parte de la Fiscalía está «fundada en actos de corrupción en la compra de este armamento».
Asimismo, ha apuntado a Longaric, ya que, en sus palabras, la cartera de Exteriores que dirigía obstaculizó el proceso al no poder identificar el destino de Murillo y López. «Las misivas enviadas a la Interpol y la Cancillería no dieron frutos con el fundamento de que sería una persecución política. Esa fue su máxima bandera, lo que nos ha impedido avanzar», ha lamentado.
