Ante la represión contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio (11-J) de 2021 en Cuba, fue creado el grupo Justicia 11J, cuyo foco de atención son las detenciones y enjuiciamientos comunistas por motivos políticos en la isla caribeña.
Este equipo de monitoreo y denuncia, advirtió que entre el 31 de enero y el 7 de febrero será orquestado el juicio a los llamados «manifestantes de Toyo«, la popular barriada donde fue volcada una patrulla de la dictadura luego de que agentes del régimen atacaron y dispararon al pueblo por intentar ejercer su derecho a protestar.
En esta nueva farsa judicial 33 cubanos serán condenados por el supuesto delito de «sedición», entre ellos 6 menores de edad. La criminal puesta en escena tendrá lugar en el Tribunal Provincial de La Habana. Aunque, según Justicia 11J, familiares de los detenidos han recibido información de que podría ser en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre. El anuncio de esta doble sede podría ser un mecanismo de desinformación de la dictadura.
Como suele ocurrir, el castrismo impide que los enjuiciamientos revolucionarios por razones políticas sean abiertos al público, y mucho menos con acceso a los periodistas independientes y los activistas de la oposición, que sufren todo tipo de represión por pretender ejercer la libertad de prensa.
En su página de Facebook, Justicia 11J, ha recordado que en el Artículo 305 de la Ley del Procedimiento Penal: «Se establece el carácter público de los juicios». Pero esto es un artilugio más del castrismo. La realidad es que la policía política es quien decide quién puede entrar a sus sainetes condenatorios.
Justicia 11J ha denunciado que hasta el momento, «Y a pesar de las campañas generadas en redes sociales a tales efectos, no hemos sabido que haya sido permitida la entrada a los Tribunales a los medios independientes cubanos ni a los medios internacionales. Al mismo tiempo, y según los parámetros de la ley, cuestionamos el propio argumento del carácter público de los juicios, que permite la grabación o la entrada a los medios oficialistas, cuando, por otra parte, se vulneran los derechos de los ciudadanos, en especial, de los familiares, a participar de las vistas, negándose con ello la publicidad del debate, y en consonancia, el control sobre el actuar de los jueces en el ejercicio de la función judicial».
Este grupo, en referencia al «juicio» que comienza esta semana, ha recordado que allí «habrá marcada presencia de menores de edad«, así como la constante «presencia no discrecional de medios de prensa, como única garantía de que, medianamente, sean respetados el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, el derecho a una participación efectiva, la presencia y examen de testigos, contemplados en la sección ‘Garantías de un juicio imparcial‘, de la Observación no. 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño (2017)».
«Recordemos que estos niños han sido ya expuestos y estigmatizados en televisión nacional como ‘delincuentes‘, ‘vándalos‘, ‘revoltosos‘, de modo que el acceso a la prensa a las supuestas evidencias científicas y a los testimonios cuestionables de supuestos testigos, expondrían de manera irremediablemente la naturaleza tendenciosa de los juicios», agrega el comunicado.
Según Justicia 11J: de los 93 cubanos reprimidos y detenidos en la Jornada Cívica por el Cambio, 9 siguen prisioneros. «Hemos confirmado la ejecución de 2 juicios sumarios, 1 revocación de libertad, y 6 personas permanecen pendientes a juicio«.
Este grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba está integrado por Cynthia de la Cantera, Darcy Borrero, Ivette Leyva, María Matienzo, Kirenia Yalit Núñez, Camila Rodríguez, Eilyn Lombard, Salomé García, y Laritza Diversent (Cubalex).
