La dictadura sandinista terminó de arrebatar de sus derechos como nicaragüense establecidos en la Constitución a la presidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey tras anunciar la cancelación de su ciudadanía, el certificado de nacimiento, y la anulación de su pasaporte nicaragüense, alegando “fraude” e irregularidades”.
Kitty Monterrey se encuentra a resguardo ante la posibilidad de que el régimen la arreste y la deporte tras despojarla de la ciudadanía nicaragüense, una práctica que ha sido común de la dictadura contra los ciudadanos nicaragüenses que ostentan la doble nacionalidad y que son críticos con la tiranía.
“Está a resguardo en un lugar seguro” confirmó una fuente vinculada a Monterrey. Otra fuente dijo que el plan de la dictadura, después de las resoluciones de las instituciones del régimen sobre la presidente de CxL, es detenerla, pasarla a manos de la Dirección General de Migración y Extranjería, “y después su deportación y, seguro, la confiscación de sus bienes”, aseguró esta fuente.
Monterrey se ha mantenido en silencio tras el anuncio del régimen de cancelar la personaría jurídica del partido CxL y su cédula de identidad. La última estocada contra los derechos de la política nicaragüense fue anunciada en la tarde del domingo con la que concluye el proceso de despojo de la nacionalidad nicaragüense a Carmella María Rogers Amburn conocida como Kitty Monterrey.
El pasado viernes el Consejo Supremo Electoral canceló el documento de identidad a Monterrey y la personería jurídica al partido CxL, con lo que terminó de descabezar a la oposición para participar en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
Para anular el pasaporte nicaragüense de Monterrey, el argumento empleado por el régimen de Ortega es que fue obtenido de “forma fraudulenta”. También alega que la inscripción de la política como nicaragüense fue “irregular”, por lo que la Procuraduría General de la República informó al director general Consular del Ministerio de Gobernación “sobre las irregularidades en la inscripción de Rogers Amburn, el 7 de junio del 2005”. En su informe, el ministerio de Gobernación, atribuye “delitos” a Monterrey al obtener la ciudadanía nicaragüense.
Monterrey nació en Estados Unidos, es hija de padre estadounidense y madre nicaragüense. Tenía la doble nacionalidad permitida por las leyes de la nación centroamericana, y fue despojada de sus derechos en tiempo récord y sin oportunidad de defensa.
La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y diputada María Haydee Osuna -una aliada de Ortega tras lograr la libertad de su hermano, el exmagistrado electoral Julio César Osuna, de una condena de 23 años por narcotráfico internacional en 2016-, solicitó al régimen retirarle la nacionalidad a la presidente del CxL. Tras la resolución del régimen, su partido dijo a través de las redes sociales que condenaba las acciones de la tiranía.
“Condenamos la ilegal cancelación de los documentos que acreditan la nacionalidad nicaragüense de nuestra presidenta nacional y estamos solidarios con ella ante este ataque del régimen por exigir libertad y democracia. Kitty Monterrey es nicaragüense”, dice el mensaje del partido.
El candidato presidencial Oscar Sovalbarro, vicepresidente de CxL, dijo a través de sus redes sociales que “por un pueblo oprimido y amenazado, vale la pena luchar, aun cuando esté en riesgo nuestra propia vida. Solo quien se atreve, hombre o mujer, hará posible la continuidad de la lucha cívica por la libertad”. Y mientras Ortega se encarga de eliminar a todos sus adversarios políticos la comunidad internacional observa.
El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, rechazó la exclusión de CxL de las elecciones presidenciales, al tiempo que afirmó que los comicios en Nicaragua “han perdido toda credibilidad”, al eliminar al único partido opositor que quedaba.
“La decisión del régimen Ortega-Murillo de prohibir toda competencia democrática en las elecciones presidenciales de 2021 significa que la elección de Nicaragua no puede ser considerada creíble por los nicaragüenses ni por la comunidad internacional”, aseguró. “Esta maniobra autocrática sigue a la detención de siete candidatos presidenciales y otras 24 figuras de la oposición, activistas de derechos humanos, líderes empresariales, estudiantes y trabajadores de ONG durante los últimos dos meses”, dijo el secretario de Estado norteamericano.
Las acciones del dictador sandinista podrían desembocar en nuevas sanciones contra ese régimen y el aislamiento internacional porque unas elecciones fraudulentas serían desconocidas, igual que la imposición de Ortega y su esposa Rosario Murillo, en la presidencia y vicepresidencia respectivamente.
Ortega mantiene a tres aspirantes presidenciales de la Alianza Ciudadanos por la Libertad presos, la candidata a la vicepresidencia Berenice Quezada fue inhibida de participar en los comicios y enfrenta un proceso penal por llamar al voto masivo en contra de Ortega y su mujer; y mantiene también detenido al directivo nacional y fundador de CxL, Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996).
