Tras el inicio de un ilegítimo cuarto mandato presidencial consecutivo, el régimen de Daniel Ortega ha recrudecido la represión en Nicaragua. La condena a ocho de los 46 opositores encarcelados con el inicio de los juicios, y las confiscaciones de universidades privadas en la última semana, evidencian la ruta de la radicalización de la dictadura.
Ortega ha confiscado 14 universidades privadas. Las dos primeras expropiaciones ocurrieron en diciembre. El argumento empleado para el despojo es que han “incumplido” con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación, órgano represivo del régimen.
El régimen controla todas las actividades de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) a través de la ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada a finales de 2020, con la que obliga a todo ciudadano nicaragüense que trabaje para «gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras» a registrarse, informar de sus gastos e ingresos, y poner en conocimiento en qué gastarán los fondos recibidos del extranjero.
De esta manera Ortega dificulta la posibilidad que las asociaciones no gubernamentales a que reciban ese financiamiento porque, según su juicio, los fondos que reciben son para “derrocarlo”.
“Lo que Daniel Ortega está haciendo es una confiscación porque el Ejecutivo está sobrepasando la competencia, es una confiscación que no tiene ningún asidero jurídico. Ortega teme a las Universidades porque ahí inició la revuelta de abril de 2018”, afirma un académico universitario que pidió no ser identificado para evitar represalias. Los universitarios se sumaron al reclamo contra el régimen por la reforma del Seguro Social que aumentaba la cuota a los empresarios y trabajadores, y una nueva cotización a los jubilados. La respuesta de Ortega fue reprimir.
“Ortega está consciente de que la mayoría del pueblo lo rechaza y él cree que podría desatarse una [nueva] insurrección social como la sucedida en abril de 2018. Quiere mantener el control del país bajo constante amenaza porque él nunca ha pensado que se va a mantener por simpatía sino a través del miedo. Tiene que producir la mayor cantidad de miedo para impedir las concentraciones de estudiantes en centros de estudios superiores privados”, acotó el académico.
Otro de los objetivos, de acuerdo con el profesor universitario, es que Ortega persigue apoderarse de los fondos que producen las universidades privadas para su proyecto político y para la policía, cuyo número de agentes ha ampliado y capacitado con el apoyo de Rusia, que instaló una academia de capacitación regional “antidroga” en Managua con supuestos fines de “combate” al narcotráfico, pero cuyo fin real es ayudar a Ortega para mantener el control en la población.
No es la primera vez que el régimen sandinista confisca propiedades. Durante la primera dictadura [1979-1990] despojó a miles de nicaragüenses de sus bienes inmuebles, cuyos dueños reclamaron su devolución tras la derrota del sandinismo. El Estado ha pagado más 1.300 millones de dólares de los fondos de los contribuyentes en concepto de indemnización por las propiedades confiscadas que se encuentran en manos del sandinismo, incluyendo al sandinismo que se separó de Ortega y está en la disidencia.
¿Diálogo?
Pese a que Ortega anunció un diálogo después de las elecciones y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, recientemente habló de un “diálogo económico” en una de sus recientes intervenciones, hasta hoy el mismo no se ha producido. Sin embargo, algunos expertos creen que Ortega está escalando la represión para dialogar con Estados Unidos ante el descabezamiento y la falta de unidad de la oposición, dividida por competencias de liderazgo y razones ideológicas.
“La expectativa de Daniel Ortega es el diálogo con Estados Unidos, es un poco el síndrome de [Vladimir] Putin, que insiste en hablar con Estados Unidos para solucionar su problema [con Ucrania]. Por lo tanto, el hecho que haya problema a lo interno del país a Ortega no le interesa tanto. Él quiere una legitimación internacional para que su proceso eleccionario fallido sea reconocido, aun por encima de las violaciones a los derechos humanos. Ortega quiere un acuerdo político que le permita una continuidad en el poder”, sostiene el académico.
“La estrategia de Ortega con los juicios a los opositores presos es llamar la atención y lograr un acuerdo, pero eso no tiene ningún sentido, porque los presos no son ciudadanos estadounidenses”, apuntó.
El proyecto de Ortega a mediano y largo plazo necesitará financiamiento y los rusos no tienen esa capacidad y China, aunque restableció relaciones recientemente con Nicaragua, no tienen ese interés político con Nicaragua. Estados Unidos ha afirmado que apoyaría una negociación en Nicaragua, pero solo si existe voluntad real de parte de Ortega.
