La familia de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha denunciado que teme por su vida mientras se mantiene la persecución política por parte del Gobierno izquierdista de Luis Arce, títere de Evo Morales, en Bolivia.
Áñez ingresó el pasado lunes en la cárcel de Obrajes tras ser puesta bajo prisión preventiva durante un periodo de cuatro meses. Le atribuyen presunta sedición, conspiración y terrorismo.
Así, sus allegados han comunicado que ha sufrido una descompensación de salud y tiene la «presión altísima», razón por la que ha exigido su traslado de urgencia a una clínica. Carolina Ribera, hija de Áñez, ha asegurado que teme por la salud de su madre, quien «corre el riesgo de sufrir una embolia». «Es un atropello del Gobierno porque tiene derecho a la salud».
La abogada de la expresidenta, Norka Cuéllar, ha confirmado que presentó una «descompensación» porque tiene la presión altísima debido a la hipertensión que padece. Durante todo el día la exmandataria tuvo fuertes dolores de cabeza». «Pedí que de inmediato la trasladaran a un centro médico, (…) que su hija Carolina ya tenía todo coordinado con la clínica para su atención».
Ante esta situación, el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se mantiene en silencio y se ha limitado a solicitar que se resuelva el caso «en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes».
En este sentido, añadió que «el diálogo y la reconciliación son cruciales» y que «la UE continuará apoyando a Bolivia».
La OEA rechaza las acusaciones de ‘injerencia’
Al mismo tiempo, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha rechazado las acusaciones de «injerencia» vertidas por el Gobierno boliviano contra el secretario general, Luis Almagro, y ha condenado el «tono represivo y amenazante» de las mismas.
En un comunicado, ha reafirmado sus «acciones» y ha lamentado que las autoridades bolivianas insistan en «personalizar en Almagro decisiones y posiciones institucionales» de la organización. Así, ha insistido en la necesidad de dar «justicia y reparación a las víctimas y familias de todos los actos de violencia y violaciones de los Derechos Humanos ocurridos en el país desde octubre de 2019 en adelante».
«Juicios justos, creíbles e imparciales son absolutamente necesarios al respecto y en eso consiste la propuesta de la Secretaría General formulada recientemente», recoge el texto, que indica que, entre otras cosas, hay que tener en cuenta los informes realizados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que apuntaba a «injerencias políticas y una corrupción en el sistema judicial generalizadas».
La OEA ha manifestado así que, «lamentablemente, la situación se ha agravado, lo que afecta a la credibilidad de los procesos en curso» y ha recordado que las acciones de «cooptación de la Justicia boliviana fueron ya señaladas públicamente cuando la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, que parecen en la actualidad consecuentes con la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial y hostigamiento judicial efectivo a políticos opositores al Gobierno».
Por otra parte, ha defendido que parte de la labor de la organización es promover «un poder judicial independiente que asegure los derechos a la justicia, a un proceso regular, a la presunción de inocencia, a las debidas garantías judiciales consagradas, entre otros, en los artículos XVIII y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
«La Secretaría General de la OEA considera que no son admisibles los juicios emitidos respecto a autoridad moral y ética por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores», ha manifestado
