El Tribunal de Cuentas reclama más de 15 millones de euros a exaltos cargos del PSOE y de UGT por el saqueo de los ERE

BAJO GOBIERNOS SOCIALISTAS EN ANDALUCÍA
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Europa Press

El Tribunal de Cuentas ha confirmado este lunes que reclama un total 15.673.702,21 euros tras haber dictado un acta de liquidación provisional por esta cantidad que afecta a altos cargos del PSOE y personas vinculadas a UGT en relación con irregularidades contables aún pendientes de enjuiciar en las ayudas socio laborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

El origen de esta reclamación, según una nota del propio órgano de fiscalización contable, se encuentra en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas socio laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía. Ejercicios 2001-2010.

A partir de sus resultados y ante la posibilidad de que hubiera responsabilidades contables, el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía presentaron demandas y se abrieron tres procedimientos diferentes.

Respecto de uno de ellos, el pasado 15 de julio se dictó acta de liquidación provisional en la que se reclaman solidariamente a los investigados un total de 15,6 millones, si bien de ellos 7,69 la investigación los imputa indiciaria mente al que fuera director de Trabajo de la Junta ya fallecido Francisco Javier Guerrero, por lo que de esta cantidad, de confirmarse una condena por responsabilidad contable, responderán sus herederos.

En el expediente también aparecen su sustituto en el puesto Juan Márquez Conteras -se le requieren 5,18 millones según la información facilitada, mientras que al también exdirector de trabajo Daniel Alberto Rivera Gómez se le hace presuntamente responsable de desvíos contables por valor de 2,78 euros.

En el acta se cita igualmente como presuntos responsables del desvío de este dinero público aún pendiente de enjuiciar la Federación Estatal Minerometalúrgica de CC.OO.; y la Federación Estatal del Metal, Construcciones y Afines de la U.G.T., además de varias empresas vinculadas a estas ayudas.

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