El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha accedido a considerar la denuncia de un hombre a cuya madre se le aplicó la eutanasia sin que él o su hermana fueran informados. Al menos, no lo fueron con anterioridad a la aplicación; se les comunicó un día después de la -provocada- muerte.
El caso es de extraordinaria importancia ya que, aunque el TEDH ha accedido con anterioridad, y con frecuencia, a las denuncias de personas que exigían el acceso al suicidio asistido, es la primera vez que el alto tribunal toma en consideración una denuncia sobre un procedimiento de eutanasia una vez que la persona ya ha sido sacrificada.
El ‘caso Mortier’, del que se hace eco ‘El Centro Europeo para la Ley y la Justicia’ (ECLJ), toma el nombre del denunciante, Tom Mortier. Su madre, la señora Godelieve De Troyer, enferma de depresión crónica durante veinte años, fue eutanasiada en el año 2012 sin que Mortier ni su hermana, también hija de De Troyer, fueran informados.
El asunto fue llevado al Tribunal Europeo por Mortier, quien denunció la falta de protección por parte del Estado belga de la vida de su madre, afirmando que no se había respetado la legislación sobre eutanasia y que no se había realizado una investigación efectiva de los hechos que él ya había trasladado a los tribunales belgas. En particular, denunció la falta de independencia de la Comisión Federal para el Control y Evaluación de la Eutanasia (CFCEE), responsable de controlar la legalidad de la eutanasia, y alegó que, precisamente, el médico que sacrificó a su madre es el presidente de esta Comisión y también miembro de la asociación proeutanasia ‘LevensEinde InformatieForum‘. Un grupo al que su madre había donado 2.500 euros poco antes de morir.
La Comisión encargada del control y evaluación de la eutanasia ‘favorece los abusos’
La denuncia de Mortier refleja a la perfección los fallos sistémicos que existen en la regulación belga de la práctica de la eutanasia y los abusos y excesos que resultan de ella. En el país, tal y como recoge el ECLJ, muchos medios denuncian la laxitud con la que se pone en práctica la ley aprobada en 2002 y critican el papel de la CFCEE que, en lugar de velar por estos posibles errores, «podría ser una instancia favorecedora de los abusos«, como en el ‘caso Mortier’.
La parcialidad de la Comisión encargada del control y la evaluación de la eutanasia en Bélgica queda en entredicho si tenemos en cuenta que, de sus 16 miembros permanentes, al menos 8 pertenecen a asociaciones que abogan por la eutanasia y/o son médicos que la aplican habitualmente. Este es el caso de su presidente, el doctor Wim Distelmans, quien también fue el medicó que sacrificó a la señora De Troyer y que, en repetidas ocasiones, ha declarado que «existen casos sospechosos» que los médicos no declaran y que la Comisión, por tanto, no controla.
Para el ECLJ, que esta Comisión ejerza un control a posteriori, es decir, después de aplicar la eutanasia, también es cuestionable y «obviamente no tiene como objetivo proteger la vida de las personas y es particularmente inadecuado en el caso de la eutanasia por sufrimiento psíquico». Sorprende que, entre 2002 y 2016, la CFCEE solo remitió al Ministerio Público un solo expediente de 14573 eutanasias.
Lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decida sobre el ‘caso Mortier’ tendrá graves consecuencias: el alcance de la solicitud pone en tela de juicio todo el sistema que regula la eutanasia en Bélgica al mostrar cuán defectuoso resulta y lo ilusorio de sus garantías.
