El aumento exponencial e histórico de llegadas de ilegales a las Islas Canarias, sumado a un episodio también sin precedentes en la Ciudad Autónoma de Melilla, nos sitúa ante las peores cifras de inmigración ilegal para un comienzo de año. Y es que, si sumamos las últimas cifras recogidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a las recientes diligencias policiales, España supera ya la barrera de los 8.300 inmigrantes ilegales en lo que va de 2022. Datos que representan un incremento de un 79,03 por ciento con respecto a las estadísticas del año pasado (4.678) y el 55,82 por ciento de toda la inmigración ilegal llegada a Europa (15.002).
Las nefastas cifra, que rompen toda estadística reciente, no solo se han visto incrementadas por el cercano episodio de Melilla, este aumento de la inmigración ilegal también se ha debido en gran parte a las cifras acumuladas en el archipiélago canario y pequeñas concentraciones de entradas ilegales que se han venido sucediendo por prácticamente todo el territorio nacional, evidenciando una vez más, el gran problema que atraviesa nuestro país frente a la activación de todas las rutas migratorias con destino a España.
Según las últimas estadísticas de ACNUR a las que ha tenido acceso La Gaceta de la Iberosfera, el episodio de Melilla dejó a un total de 870 inmigrantes ilegales que, sumados a los accesos ilegales contabilizados en Ceuta, suman casi 1.000 llegadas de ilegales a las dos ciudades autónomas en este 2022. Estas cifras representan un aumento superior al 500 por ciento en estas regiones con respecto a estadísticas del año pasado.
Por otro lado, el archipiélago canario vuelve a repetir patrones pasados: una presión inmigratoria sin precedentes para las islas. Con 5.660 llegadas contabilizadas en lo que va de año –según balances de ACNUR y las últimas diligencias policiales a las que ha tenido acceso este medio–, las Islas Canarias afrontan un aumento de entradas ilegales superior al 119 por ciento con respecto a datos de 2021.
En lo que concierne al resto del territorio nacional, ninguna región se ve libre de la actual situación migratoria que afronta España. A la Comunidad Autónoma de Andalucía ya han llegado más de 1.000 inmigrantes ilegales en lo que va de año, más de 350 a la zona de Levante y 228 a las Islas Baleares.
La situación es compleja, no solo para los españoles que ven cómo la inmigración ilegal llega a nuestras costas de una manera incesante causando una alta saturación en los servicios de emergencia en lugares tan concretos como Canarias o Almería. También es un desafío que no afrontan con menos preocupación desde el colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ellos no solo sufren el deterioro físico que le suponen asaltos violentos como el de Melilla, afrontan también con suma preocupación una alta presión logística en lugares como Almería o toda la zona de Levante, en los que se viven episodios en los que, de una forma programada, llegan decenas de embarcaciones que no pueden ser interceptadas en su totalidad dada la inferioridad numérica de los agentes y la carencia de medios técnicos y logísticos.
