El pasado 2 de noviembre, el republicano Glenn Youngkin derrotó al demócrata y exgobernador Terry McAuliffe en unas ajustadas elecciones estatales en Virginia que supusieron un cambio imprevisto para los grandes medios de comunicación y la muestra de una tendencia nacional que puede verse reflejada en los comicios legislativos de finales de este año.
El estado natal de George Washington no es precisamente un feudo conservador. Habitado en el norte por millones de votantes equiparables a los de Manhattan, San Francisco o la vecina capital de los Estados Unidos, televidentes, fervientes seguidores de la última moda impulsada por el Partido Demócrata y su entorno, entre los que triunfa el credo woke, comunicado por las élites que se ven a sí mismas como minorías desfavorecidas, domadas en la creencia de que cualquier disparidad individual es el reflejo de una injusticia colectiva de la que es culpable un grupo opresor.
En un ambiente como el del norte de Virginia o decenas de territorios estadounidenses sólo razones muy poderosas pueden propiciar un vuelco político. La educación es el motivo con más capacidad de movilizar, acercar a la realidad y, por tanto, alejar de la ideología a los padres y familiares de las víctimas del adoctrinamiento racial y sexual en los colegios. De momento, son 15 los estados que han aprobado legislaciones en esa dirección durante el último año, mientras que otros 26 han presentado proyectos de ley encaminados a restringir la enseñanza de esos prejuicios elevados al estatus de materia escolar.
En los últimos días, el Legislativo de Florida ha refrendado dos proyectos de ley que abordan precisamente el pensamiento único relativo a los asuntos raciales y restringen el acceso de los estudiantes más jóvenes a la orientación e identidad sexual. Se trata de los conocidos popularmente como Don’t Say Gay Bill y Anti-Woke Bill, impulsados por el gobernador republicano Ron DeSantis.
El proyecto de ley sobre los derechos de los padres en la educación, conocido por sus detractores como el ‘No digas gay‘, aprobado el pasado día 8 y a la espera de ser firmado por el gobernador, prohíbe la instrucción sobre orientación e identidad sexuales (llamada «de género») a niños desde preescolar hasta tercero. Las clases para estudiantes mayores deberán ser «apropiadas a la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales» y corresponderá al departamento de educación del estado decidir qué significa «apropiado para la edad o apropiado para el desarrollo».
La aprobación de la ley hará obligatorio que los colegios notifiquen a los padres cada servicio de atención médica ofrecido en el propio colegio y la opción de negar su consentimiento. Además, las escuelas deberán hacer público cualquier cuestionario de bienestar o formularios de evaluación de salud que planeen entregar a los estudiantes desde infantil hasta tercero, y solicitar el permiso paterno antes de que los niños respondan. En caso de que los centros no cumplan estas medidas, los padres podrán presentar quejas oficiales ante el departamento de educación o demandas contra el distrito.
A pesar del sobrenombre No digas gay, acuñado por los medios de comunicación opuestos al proyecto de ley, en ninguna de sus páginas aparece el término «gay» o menciones explícitas al movimiento LGTB. La norma no prohibirá que los estudiantes de cualquier grado hablen de sus familiares homosexuales o de ellos mismos, aunque es pública la intención de los legisladores republicanos y del propio DeSantis de que la ley sirva para frenar la permanente conversación sobre identidad sexual.
El día 10, el Legislativo aprobó el proyecto de ley sobre la libertad individual, el llamado Antiwoke, también a la espera de la firma definitiva del gobernador. El texto, que estuvo precedido por una propuesta legislativa presentada el pasado mes de diciembre, la Ley para detener los errores de nuestros niños y empleados (WOKE en su acrónimo inglés, por Stop the Wrongs to Our Kids and Employees Act, ha sido diseñado para luchar contra el adoctrinamiento woke.
«No permitiremos que el dinero de los impuestos de Florida se gaste en enseñar a los niños a odiar a nuestro país o a odiarse unos a otros. Tenemos la responsabilidad de garantizar que los padres tengan los medios para reivindicar sus derechos cuando se trata de hacer cumplir las normas estatales», dijo DeSantis sobre el documento que limitará la formación de los empleados y las lecciones para los estudiantes contrarias a cualquier concepto sobre raza recogido en su articulado, como que un individuo deba sentir culpa o angustia por su raza o sexo, que alguien sea inherentemente racista o sexista por su raza o sexo, o que el llamado «daltonismo racial» sea negativo.
A pesar de cómo fue anunciado, el proyecto de ley no incluye el término woke. En la práctica, no prohibirá ni mucho menos toda la instrucción en el aula relativa a asuntos raciales, pues prevé que los maestros enseñen sobre la esclavitud, la Guerra Civil y las contribuciones de los estadounidenses negros e hispanos, siempre y cuando esas lecciones respeten la lista de temas excluidos.
Cuando dio a conocer el proyecto, DeSantis afirmó que serviría para «prohibir la teoría crítica de la raza y el Proyecto 1619 del New York Times (una colección de ensayos de ‘The New York Times’ cuyo objetivo es avivar el enfrentamiento a cuenta de esclavitud) en las escuelas de Florida», como se espera que la norma llamada Don’t Say Gay ayude a acabar con la imposición del pensamiento sexual entre los menores. Ambos textos ya forman parte esencial de un movimiento de ámbito nacional dedicado a limitar el adoctrinamiento en las aulas sobre la historia, el «racismo sistémico», el género, la sexualidad o el movimiento LGTB, desde la conciencia de que la educación es el terreno de batalla principal de la transmisión de valores y, en consecuencia, de la prevalencia de la civilización occidental en los Estados Unidos.
