'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
UNA VEINTENA HAN SIDO DECLARADOS 'CULPABLES'

El régimen de Daniel Ortega manipula pruebas en los juicios contra los presos políticos

El padre de Yader Parajón, uno de los prisioneros de Ortega, pide la libertad de su hijo. Reuters

A puerta cerrada han sido enjuiciados y declarados “culpables” a 21 de los 47 opositores presos en la última ola de arrestos que la dictadura sandinista efectuó de mayo a noviembre. Ocho de ellos han sido condenados con sentencias que oscilan entre los 8 a 13 años de prisión.

Los juzgados hasta ahora son acusados de los “delitos” de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua, y propagación de noticias falsas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves irregularidades al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de los presos políticos.

En todos los casos, los abogados de los opositores presos han denunciado la obstaculización para acceder a los expedientes antes del juicio. El régimen les ha impedido reunirse con sus clientes y la negativa de la autoridad judicial para dar trámite a peticiones y recursos.

Hasta ahora solo dos de los siete exaspirantes presidenciales han sido enjuiciados, se trata del periodista Miguel Mora, quien fue condenado a 13 años de prisión y del líder del Movimiento Campesino y exaspirante presidencial Medardo Mairena, quien fue declarado culpable pero no ha recibido sentencia. Los otros cinco exaspirantes presidenciales se encuentran a la espera de juicio.

Otro sentenciados son la exprimera dama y exdiputada María Fernanda Flores, 8 años de cárcel le fueron impuestos por el régimen. Lesther Alemán, el joven universitario que le pidió a Ortega rendirse durante el fallido primer diálogo nacional, fue condenado a 13 años de cárcel.  Otros condenados son: Donald Alvarenga a 12 años; Yasser Vado, a 13 años; Yader Parajón, 10 años; Ana Margarita Vijil, 10 años; y Dora María Téllez, a 8 años.

Téllez, una excomandante guerrillera, gobernó con Ortega durante la primera dictadura sandinista, fue ministra de Salud, y es fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hoy llamado “Unamos”. Se separó del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en 1995 para fundar el MRS, y en 2001 llevó a su partido a hacer alianza con Ortega.

Otro de los encontrados “culpables” es el exviceministro de Relaciones Exteriores, embajador ante Naciones Unidas del primer régimen sandinista Víctor Hugo Tinoco.  “Otra aberración jurídica, esta vez en contra del preso político Victor Hugo Tinoco, el infame Poder Judicial le ha declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Fiscalía ha pedido condena de 13 años”, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en su cuenta en Twitter.

Ortega no ha tenido piedad ni con sus exaliados, con esos con los que derrocó al régimen de Anastasio Somoza Debayle y que gobernaron junto a él con mano dura durante el primer régimen sandinista (1979-1990). Una época en la que se cometieron fusilamientos, crímenes de lesa humanidad, encarcelamientos, torturas y robos en nombre de la “revolución”.

Manipulación de pruebas

Declarados “culpables” y en espera de sentencia se encuentran la presidente de “Unamos”, Suyén Barahoma; el periodista deportivo Miguel Mendoza, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, José Antonio Peraza, Alexis Peralta, los líderes del Movimiento Campesino Freddy Navas y Pedro Mena, y el universitario Max Jérez.

La CIDH informó que ha recibido información sobre la manipulación de pruebas para inculpar a las personas procesadas, así como acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, publicaciones de redes sociales y en las actividades de liderazgo político, protesta social o de defensa de los derechos humanos.

“Para la CIDH, resulta especialmente preocupante que continúen estos procesos, mediante la aplicación de leyes -como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055- que impiden el ejercicio de libertades públicas, contrario a los estándares interamericanos y la consecuente imposición de penas desproporcionadas. Además, reitera su preocupación por las deplorables condiciones de detención y el grave deterioro de la salud de las personas, especialmente de las personas mayores, cuya condición sería crítica”, dijo el organismo a través de un comunicado de prensa.

La CIDH, organismo principal de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció que en algunos de los juicios se ha negado el ingreso a familiares de los presos políticos; mientras que los acusados han sido presentados en el juicio sin previo aviso. El organismo urgió al Estado a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018. Pero hasta ahora el dictador sandinista se ha mostrado indiferente a las demandas de la comunidad, los organismos internacionales y de familiares de los presos políticos.

Para la próxima semana estarían programados los juicios del gerente general del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas y la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo. Ambos juicios están programados para el día 14 de febrero.  Mientras que el juicio contra el exdiplomático y directivo del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), está previsto el día 16.

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