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RAMIRO DE MAEZTU
'Es la prueba de que Bruselas abusa de su poder'

Hungría y Polonia denuncian el ‘peligroso’ precedente que sienta el TUE al aceptar la discriminación ideológica en el reparto de los fondos europeos

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. Reuters

El Gobierno de Hungría ha considerado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la condicionalidad de los fondos comunitarios es «la prueba de que Bruselas abusa de su poder» y ha vinculado este dictamen con el referéndum que tendrá lugar en abril.

En dicha consulta, que coincidirá con las elecciones legislativas, los ciudadanos húngaros deberán pronunciarse sobre la Ley de Protección de la Infancia, una norma que impone penas más duras para pedófilos y que prohíbe la propaganda LGTBI en las escuelas.

La ministra de Justicia, Judit Varga, cree que el TUE ha dictado una sentencia «política» motivada por dicha ley. «La decisión es una prueba viviente de que Bruselas abusa de su poder. El veredicto es otro ejercicio de presión contra nuestro país porque aprobamos nuestra ley de protección infantil durante el verano. Bruselas no puede permitir que el pueblo húngaro exprese su opinión sobre el referéndum. ¡La élite burocrática no quiere aceptar la libre decisión y opinión de los húngaros!«, ha señalado a través de Facebook.

Así, el Gobierno polaco, que también había impugnado el mecanismo, ha señalado que la sentencia reafirma la «peligrosa tendencia» del TUE y del resto de instituciones de extralimitarse con consideraciones al margen de los tratados, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Piotr Mueller.

Lo han hecho después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado este miércoles el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos a la aceptación del rodillo ideológico socialdemócrata. En dos sentencias, la Gran Sala del Tribunal europea considera que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada y es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados.

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