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Orbán y Morawiecki contra la socialburocracia europea

Hungría y Polonia no se rinden y firman la Declaración de Budapest

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki y el primer húngaro, Víktor Orbán, durante su comparecencia tras la firma de la Declaración de Budapest (Zoltan Fischer, vía Reuters)
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki y el primer húngaro, Víktor Orbán, durante su comparecencia tras la firma de la Declaración de Budapest (Zoltan Fischer, vía Reuters)

Como una pequeña aldea gala, Hungría y Polonia no se rinden y dificultan la vida de la presidencia alemana de la Unión Europea. Ayer, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, firmaron la Declaración de Budapest en una clara advertencia a la Unión Europea de que no cederán ante el chantaje de la socialburocracia europea que busca imponer su particular visión del Estado de derecho en dos naciones soberanas.

Como hemos informado en abundancia en La Gaceta de la Iberosfera, Bruselas pretende vincular el acceso a los fondos de la Unión Europea al cumplimiento de unos criterios subjetivos y ambiguos (basados en criterios ideológicos de corrección política) impuestos por mayoría de dos tercios de la propia Unión sin opción de bloqueo. Esto, que choca frontalmente con la soberanía de las naciones, fue respondido con astucia hace dos semanas por el primer ministro húngaro anunciando el veto a los Presupuestos de la UE, lo que en la práctica detendría el reparto de fondos extraordinarios (MFP / Next Generation EU, un total de 750.000 millones de euros) a los países europeos que peor han gestionado la pandemia de covid-19, con España a la cabeza y en posición destacada.

En la Declaración de Budapest, los líderes húngaro y polaco confirman su intención de permitir el reparto, y hacerlo de manera ágil, si la Unión Europea se compromete a limitar —ahora y rápido— el alcance de cualquier condicionalidad presupuestaria adicional para el reparto de los referidos fondos extraordinarios. Al mismo tiempo, plantean desde una posición conjunta el necesario debate en el seno del Consejo Europeo sobre la (in)conveniencia de establecer un vínculo entre el supuesto Estado de derecho impuesto desde Bruselas y los intereses financieros de la UE, que se traduce en la partida económica prevista para los próximos seis años de 1,074 billones de euros.

En esta Declaración de Budapest, Orbán y Morawiecki confirman que la posición de ambas naciones soberanas es conjunta y está alineada, y se comprometen a no aceptar acuerdo alguno durante las negociaciones con la presidencia alemana que cualquiera de los dos aliados considere inaceptable.

A continuación, el texto completo de la Declaración de Budapest:

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Budapest, 26 de noviembre de 2020

«Con respecto al paquete financiero MFP / Next Generation EU, incluido el proyecto de Reglamento sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, acordamos los siguientes principios y objetivos que perseguiremos durante las negociaciones dentro de la Unión Europea:

1. Estamos comprometidos con nuestros valores comunes consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Recordamos que el procedimiento para la protección de esos valores está estipulado en el artículo 7 del Tratado. Nos basamos en la legalidad y, por lo tanto, defendemos el statu quo contenido en los Tratados.

2. Buscamos soluciones que pongan los recursos financieros necesarios a disposición lo antes posible para todos los Estados miembros.

3. La situación actual que impide la rápida conclusión del proceso legislativo es creada por quienes establecieron un vínculo entre el Estado de Derecho y el presupuesto de la UE. Nuestra posición ha sido clara desde el comienzo de las negociaciones que comenzaron con la propuesta de la Comisión en 2018. Se sabía que esa vinculación conllevaba el riesgo de bloquear el proceso de aprobación del paquete financiero MFP / Next Generation EU.

4. El resultado de las negociaciones entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo no se ajusta al acuerdo alcanzado entre los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de julio.

5. Nuestro objetivo es evitar un mecanismo que no fortalecería, sino que socavaría el Estado de Derecho dentro de la Unión degradándolo a un instrumento político. La condicionalidad propuesta elude el Tratado, aplica definiciones vagas y términos ambiguos sin criterios claros en los que se puedan basar las sanciones y no contiene garantías procesales significativas.

6. Nuestros países han estado actuando y continúan actuando sobre la base de la cooperación leal y la solidaridad. Seguimos dispuestos a contribuir a la solución de la situación actual. Sostenemos que requiere una modificación sustancial del mecanismo propuesto actualmente.

Nuestra propuesta común es facilitar la rápida adopción del paquete financiero mediante el establecimiento de un proceso de dos vías. Por un lado, limitar el alcance de cualquier condicionalidad presupuestaria adicional a la protección de los intereses financieros de la Unión de conformidad con las conclusiones de julio del Consejo Europeo. Por otro lado, debatir en el Consejo Europeo si conviene establecer un vínculo entre el Estado de Derecho y los intereses financieros de la Unión. Si así se decide, se deberían considerar los procedimientos apropiados previstos por los Tratados, incluida la convocación de una conferencia intergubernamental, para negociar la modificación necesaria de los Tratados.

Hemos decidido alinear nuestras posiciones sobre estos temas. Ni Polonia ni Hungría aceptarán ninguna propuesta que la otra parte considere inaceptable.

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