Si el pulso entre la Unión Europea, por un lado, y Hungría y Polonia, por el otro, continúa debido a que la primera no tiene la intención de conceder los fondos debidos a las segundas si estas dos no se orientan basándose en los dictámenes comunitarios acerca del Estado de derecho, se puede aprovechar este lapso de tiempo para entender qué se quiere decir con la fórmula «Estado de derecho», porque no es evidente que la acepción con la que la entienden las instituciones comunitarias responde efectivamente a su verdadera esencia.
Ciertamente, el dato histórico cuenta y tiene un peso: la UE nació en el territorio y en la civilización de Europa como entidad cultural, es decir, esa entidad que fue la cuna del derecho y también del Estado de derecho. Durante la Guerra Fría, que inició justo después de la Segunda Guerra Mundial, se constituyó como la unión de «agencias» de libre intercambio en oposición al estatismo del bloque del Pacto de Varsovia. Por último, se expandió incluyendo muchos de esos países que, durante casi un siglo, han vivido –como la Alemania dividida en dos por el muro de Berlín– más allá del telón de acero bajo el yugo del totalitarismo soviético. ¿Cómo se puede dudar, entonces, de la integridad de la concepción del Estado de derecho de la UE?
Los países de Europa oriental, después de 70 larguísimos años de dominio totalitario soviético, son más conscientes de lo que representa un sistema totalitario
Sin embargo, observando con atención, si es verdad, como es verdad, que los países de Europa occidental no han tenido ocasión de experimentar directamente el régimen soviético, «encerrado» más allá del telón de acero, ¿acaso no es verdad también que son precisamente los países de Europa oriental los que, después de 70 larguísimos años de dominio totalitario soviético, son más conscientes de lo que representa un sistema totalitario como antítesis del Estado de derecho?
Además, la lista de escritores, intelectuales, sacerdotes y científicos disidentes es larga como los años de ese régimen soviético al que se opusieron personajes como Gustav Herling, Adam Michnik, Lech Walesa en Polonia y Thomas Molnar, Sandor Marai, Arthur Koestler en Hungría.
Sin embargo, más allá del dato histórico, hay dos preguntas importantes que hay que plantear: 1) ¿qué es el Estado de derecho? 2) lo que tienen en su mente las instituciones europeas, ¿es realmente el Estado de derecho?
A la primera pregunta, resumiendo muchísimo la respuesta por la complejidad de la misma, se puede responder afirmando que el Estado de derecho es esa forma de Estado en la que el poder no solo es limitado, también y especialmente en función de la tutela de los derechos fundamentales de la persona, sino también y sobre todo es el Estado el que se somete al derecho reconociendo sus propios límites.
En sustancia, en el Estado de derecho, no solo el poder es limitado, sino que es necesario también que los ciudadanos individualmente, las clases dirigentes, la política y las instituciones sean conscientes –aunque sea de manera sumaria– de la naturaleza del poder funcionalmente preordenado a la tutela de la persona humana y, sobre todo, en mérito a su limitación.
Muchos de estos ordenamientos y Estados se erigieron sobre bases ideológicas que han esclavizado el derecho
En el Estado de derecho, el derecho está por encima del Estado, precisamente porque el poder del Estado no es absoluto, es decir, no está desvinculado de las normas y los principios que son anteriores a él.
Precisamente por eso, un auténtico Estado de derecho no puede representar un interés específico o una ideología particular sin correr el riesgo de cambiar (o negar) la propia naturaleza en otra cosa: es la razón por la que el siglo XX ha visto florecer numerosos Estados y ordenamientos jurídicos que, a pesar de su «fuerza», su riqueza de significado, su omnipresencia –a menudo incluso su eficiencia–, en los que tal vez el derecho –como, por ejemplo, el penal– ha asumido un papel central y fundamental, no se pueden calificar, sin embargo, de Estados de derecho, porque muchos de estos ordenamientos y Estados se erigieron sobre bases ideológicas que han esclavizado el derecho, el Estado y su función, negando ese derecho natural que precede al derecho estatal y cuyo reconocimiento es la única garantía de efectividad del Estado de derecho.
El respeto de susodichos principios se «compra» con las financiaciones europeas
A la segunda pregunta, por pereza y facilidad, se podría responder de manera formal limitándose a citar el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».
Este enfoque, además de ser autorreferencial, no explica qué entiende realmente la Unión Europea –a pesar de enumerar principio y valores– por Estado de derecho.
Si bien muchas personas –incluso autorizadas– observan que las modalidades operativas con las que la UE obtiene el respeto de susodichos principios están relacionadas con la erogación o suspensión de las ayudas económicas, es necesario reconocer que dichas estrategias representan un problema porque no son más que una forma –tal vez edulcorada en los medios y ennoblecida por los fines– de mercadeo, por lo que el respeto de susodichos principios se «compra» con las financiaciones europeas.
Esto significa, no solo que el carácter democrático de un determinado país europeo puede no ser efectivo, sino también que atribuye un precio a la calificación de «Estado de derecho», envileciendo tanto el fin por el que se concede la financiación como la concepción misma de Estado de derecho.
Una concepción puramente formalista y a menudo explicada al servicio de nuevas ideologías específicas
A este «superficial» problema se añade uno más grave y profundo: la concepción íntima del Estado de derecho que se ha difundido en los últimos años a nivel europeo, a saber: una concepción puramente formalista y a menudo explicada al servicio de nuevas ideologías específicas que, al ser claramente opuestas al derecho natural, socavan desde dentro la credibilidad de la calificación de un Estado de derecho que quisiera seguir definiéndose como tal, aunque las tutelara.
Prescindiendo de las reformas individuales que Hungría y Polonia han llevado a cabo recientemente y que, como todas las reformas, siempre son imperfectas y más o menos aceptables o criticables, es necesario aclarar que, por ejemplo, la UE podría considerar una violación del artículo 2 antes mencionado la falta de políticas proactivas para difundir la llamada «ideología de género» (que no tiene nada que ver con el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres), la cual, como ha recordado, entre otros muchos, también el papa Francisco, representa un atentado directo al derecho natural que ratifica de manera ineludible la dicotomía masculino/femenino.
El creciente escepticismo respecto a las instituciones europeas, cada vez más vinculadas a procedimientos burocráticos, […] revela cuán escasamente efectiva es la democracia en el espacio comunitario
Así, si por un lado la UE considera que la libertad de expresión de los periodistas húngaros y polacos puede estar amenazada por algunas reformas aprobadas en esos países, por el otro no se expresa con la misma preocupación por la aprobación del proyecto de Ley Zan que en Italia causará una gran limitación (si no una verdadera supresión) de la libertad de pensamiento, de expresión y de conciencia, solo porque dicho proyecto de ley es «correctísimo» desde el punto de vista de la ideología de género.
En el fondo, el creciente escepticismo respecto a las instituciones europeas, cada vez más vinculadas a procedimientos burocráticos, costes desorbitados e hiperjudicialización de la vida de los individuos y los grupos y, al mismo tiempo, cada vez más alejadas de los pueblos europeos, sus necesidades reales y sus culturas respectivas, cada vez más aferradas al respeto de los criterios financieros más que al respeto del Estado social, revela cuán escasamente efectiva es la democracia en el espacio comunitario y lo poco cercanas que están las instituciones europeas al modelo del Estado de derecho, que aunque emiten a cada Estado «certificados de autenticidad» en este sentido, no se ocupan con la misma diligencia de ser, ellas mismas, auténticas a su vez.
La economía de la Unión Europea estará cada vez más oprimida por leyes, burocracia e impuestos insostenibles, las naciones europeas serán cada vez más pobres
En resumen, no es ni evidente ni seguro que la Unión Europea represente realmente –por lo menos en el pasado reciente y en el actual momento histórico– el modelo del Estado de derecho, tal como se deduce de las palabras de quien, como Vladimir Bukovskij, que vivió durante años en un régimen totalitario, denuncia desde hace más de un decenio la evidente deriva antidemocrática de las instituciones de la Unión Europea: «Para quienes, como yo, han vivido en el vientre de ese monstruo, la verdad es evidente […]. Al final de su experimento, los países europeos acabarán odiándose hasta el punto de encontrarse realmente en el umbral de un conflicto […]. Nos dicen que reprimamos nuestros sentimientos nacionales, nuestras tradiciones y que entonces viviremos felices y contentos en nuestras comunidades multiétnicas. Podemos decir que el resultado será exactamente el opuesto. También la Unión Soviética, durante 73 años, fue vista como una feliz familia multiétnica, pero cuando se derrumbó, los conflictos étnicos en su territorio han sido más numerosos que en cualquier otro país […]. Nos dicen que el objetivo de la Unión Europea es hacernos prosperar. Nuestra economía será capaz de competir con Estados Unidos, permitiendo a Europa defender sus intereses. Sucederá lo contrario. La economía de la Unión Europea estará cada vez más oprimida por leyes, burocracia e impuestos insostenibles, las naciones europeas serán cada vez más pobres […]. Nos dicen que los pueblos de la Unión Europea gozarán de una libertad sin precedentes y que los derechos humanos serán respetados como nunca antes lo han sido. Mienten, porque han comenzado privándonos del más fundamental de los derechos: el derecho de elegir libremente a quién nos gobierna […]. Si el siglo XX nos ha enseñado algo es, ante todo, que cada utopía acaba en un gulag. No nos queda más que esperar y veremos cuál será el gulag creado por la Unión Europea».
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Publicado por Aldo Vitale en l’Occidentale.
Traducido por Verbum Caro para La Gaceta de la Iberosfera.
