El juez de la Audiencia Nacional (AN) Alejandro Abascal ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra cuatro exjefes de la organización terrorista ETA como ‘Josu Ternera’ o ‘Ata’ por haber dado la orden de cometer el atentado del 30 de diciembre de 2006 en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid.
Así consta en un auto de este mismo lunes, en que el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 sustenta su decisión en la «condición de dominadores de la organización terrorista» de los citados y también de Airtzol Iriondo, ‘Gurbitz’ y de Ainhoa Ozaeta, ‘Kuraia’. En concreto, «por su posición de máximos dirigentes del órgano de dirección, el comité ejecutivo o ZUBA (acrónimo de Zuzendaritza Batzordea o Comisión de Dirección) en el momento del atentado».
El magistrado asegura que los hechos en los que se fundamenta y basa la querella son fundamentalmente la implicación de la ZUBA en la decisión de perpetrar el ataque y en proporcionar al comando Elurra la furgoneta-bomba utilizada, según se desprende de la sentencia 18/210 de la Audiencia Nacional.
Además, indica Abascal, de la expresa y clara identificación de los cuatro querellados como dirigentes de ETA que formaban el comité de dirección en el momento de los hechos y la expresa reivindicación del atentado en fechas posteriores por la propia ZUBA.
En esta línea, el juez también menciona el «decálogo de los militantes de ETA» recogido en el Zutabe -el boletín de la banda terrorista– número 100, acreditando la plena disponibilidad fungible o intercambiable de los miembros a trabajar en cualquier cometido que pudiera decidir la organización, así como la reconocida profundidad de la militancia que desarrollan los miembros de ETA», como la interiorización y disponibilidad a cumplir directrices y objetivos de la cadena de mando.
En el auto, el magistrado señala que ha ponderado el informe elaborado por la Comisaría General de Información con título ‘integrantes de los órganos directivos de ETA’, de 30 de junio de 2014, en el que los autores aplican sus conocimientos habilidad, aptitudes y actitudes adquiridas con larga experiencia en la confección de informes de análisis relacionados con la banda y con sus organizaciones e infraestructuras.
Todo ello habría permitido acumular datos sobre sus fines, funcionamiento, dirigentes, integrantes y modus operandi, otorgando el grado de hechos imputables y dando el estatus pasivo del proceso a ‘Josu Ternera’ como responsable del aparato político, ‘Gurbitz’ del aparato militar, ‘Ata’ del aparato logísitico, y ‘Kuraia’ como responsable del aparato de tesorería.
Y el juez lo hace así, según explica en su escrito, para que los cuatro exdirigentes «puedan ejercitar el derecho fundamental de defensa en fase de instrucción, ofreciéndoles la posibilidad de defenderse y despejar las dudas que, de otro modo, quedarían latentes en las actuaciones».
En este contexto, Abascal asegura que se han tenido en cuenta y que «se aceptan como fiables y verosímiles indiciariamente todos aquellos elementos relacionados con los miembros de la banda que participan en las distintas actividades que permiten llevar a cabo de un atentado; las características estructurales y funcionamiento de la banda, detallando las distintas actividades que son necesarias para comer un atentado, exponiendo qué es y cómo funciona el Comité Ejecutivo de ETA».
También, añade, se ha valorado «la función decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión de la banda terrorista para que se llegue a realizar una acción terrorista«, así como «el papel relevante desempeñado por los denunciados de la banda terrorista ETA y más concretamente su Comité Ejecutivo, en relación con las órdenes para preparar y ejecutar el atentado» de la Terminal 4.
Y, de igual forma, hace referencia a los documentos intervenidos a detenidos en Francia que fueron remitidos a España por comisión rogatoria, sentencias dictadas por órganos judiciales españoles y franceses en las que se hace referencia al papel del dirigente o responsable de los principales aparatos.
Por último, Abascal hace alusión a las órdenes impartidas por los mismos a otros miembros de la banda, autos de procesamientos, actas de declaración, reconocimientos fotográficos, informes técnico periciales que concluyen con la autoría de documentos intervenidos a ETA o publicaciones internas de la organización como el mencionado Zutabe o el Barne Buletina.
Fue a finales del pasado año cuando el juez de la Audiencia Nacional acordó reabrir la investigación para indagar en la supuesta participación del ex jefe militar de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu, alias ‘Txeroki’, y el también miembro de la cúpula etarra Joseba Aranibar en el atentado.
El magistrado tomó esta decisión a instancias de la Fiscalía, que solicitó nuevas diligencias después de que, el pasado 15 de julio de 2020, se decretase el archivo provisional de las actuaciones.
En mayo de 2010 la Audiencia Nacional ya condenó a 1040 años de prisión a Igor Portu, Mikel San Sebastián Gaztelumendi y a Mattin Sarasola como responsables del atentado que terminó con la vida de Diego Armando Estacio y a Carlos Alonso Palate, hiriendo a otras 41 personas y provocando la destrucción casi total de las instalaciones del módulo D y daños en un total de 313 vehículos.
‘Txeroki’ y Aranibar, según la Fiscalía, habrían sido los encargados de dar las «instrucciones» necesarias al ‘comando’ para que llevara a cabo este atentado, que se produjo en pleno alto el fuego de la organización terrorista.
Según el auto de procesamiento, en el verano de 2006 la dirección de ETA encomendó al comando ‘Elurra’ la colocación de una bomba en el citado aeropuerto. Para la preparación del atentado, el jefe militar de la banda, es decir, ‘Txeroki’, celebró una reunión en el monte Auza, situado en el Valle de Baztán, a la que acudieron Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu en la que se dieron indicaciones.
Estos tres etarras realizaron en dos ocasiones un itinerario en coche desde Navarra hasta Barajas y mantuvieron otro encuentro posterior con ‘Txeroki’ en el que quedó fijada la caracterización que debía llevar Sarasola en el momento del atentado. El juez añade en su auto que el entonces jefe militar encargó a Portu la compra del teléfono móvil empleado para dar aviso del atentado y fijó «el día, hora y lugar».
El 27 de diciembre de 2006, los tres integrantes del comando sustrajeron una furgoneta estacionada en la localidad francesa de Luz Ardiden y secuestraron a su propietario, al que mantuvieron retenido dos días.
Disfrazado, Sarasola activó el artefacto y entró en el aparcamiento de la terminal, aparcó la furgoneta en la plaza 307 de la planta 2 del módulo D y accedió a la zona de pasajeros con otro aspecto. La bomba explotó a las nueve de la mañana del día 30 de diciembre.
