«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
YA SON 62 AÑOS DE PERSECUCIÓN COMUNISTA EN LA ISLA CARIBEÑA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la represión a los disidentes en Cuba

Vigilancia policial en La Habana. Europa Press

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., ha condenado una vez más la brutal represión que sufren quienes se atreven a disentir en contra del régimen comunista imperante en Cuba desde enero de 1959.

Este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -que también nació hace 62 años, pero con propósitos diferentes a los de la revolución cubana- pertenece al Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH) y su misión es la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas.

De ahí que este 13 de mayo, la CIDH y sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión (RELE) y para los Derechos Económicos Sociales y Culturales (REDESCA), hayan lanzado un informe que constituye una denuncia en síntesis de las incontables violaciones del Estado totalitario cubano, y a su vez un llamado al cese de sus «actos de persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión».

La CIDH y sus Relatorías Especiales certifican que desde comienzos de 2021 «siguen con preocupación la escalada represiva contra periodistas independientes, artistas y personas defensoras de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión y de creación artística» en la isla caribeña.

«Preocupa especialmente el hostigamiento a las personas integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) que, desde noviembre de 2020, vienen siendo objeto de acoso por parte de la policía política y del Departamento de Seguridad del Estado», advierte la Comisión en su reciente reporte, que se centra en las denuncias de 2021 y en el MSI.

En estos momentos Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, lleva casi dos semanas retenido por la policía política en el hospital Calixto García, en La Habana. Acción condenada por opositores de la Isla como un secuestro de Estado, mientras que el castrismo se dedica a publicar videos que muestran al artista disidente reconociendo la «buena atención» recibida en la institución médica y realizando caminatas acompañado de su doctor, Ifrán Martínez Gálvez, vicedirector quirúrgico, uno de los directivos del Ministerio de Salud del régimen.

La CIDH rememora que luego de la protesta pacífica del 27 de noviembre, desarrollada frente a la sede del Ministerio de Cultura de Cuba, fueron reprimidos y apresados activistas y miembros del MSI, «quienes se enfrentan a una constante vigilancia policial fuera de sus viviendas, lo que podría equivaler a un arresto domiciliario«. De esta manifestación surgió el grupo conocido como 27N. Varios de sus miembros cohabitan en el MSI.

La CIDH señala que Otero Alcántara y una veintena de miembros del grupo MSI son beneficiarios «de Medidas Cautelares, otorgadas por la Comisión el 11 de febrero de 2021, tras considerarse que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba».

La RELE reportó que el 3 de abril Otero Alcántara fue víctima de una detención arbitraria y que varios activistas se presentaron en una estación policial de La Habana Vieja «para averiguar» sobre el paradero del artistay «exigir su liberación, motivo por el que también habrían sido detenidas Carolina Barrero, Maykel «Osorbo» Castillo, Amaury Pacheco, Yenisleidys Borroto y Eliexer Márquez. Según la activista Anamely Ramos, habrían sido «llevados a golpes» hacia otra estación en el municipio del Cerro».

El reporte detalla que Otero Alcántara, Héctor Luis Valdés, Esteban Rodríguez, María Matienzo, Kirenia Yailit y Manuel Cruz fueron detenidos en La Habana. Y que Bárbaro de Céspedes permaneció desaparecido durante una semana en la ciudad de Camagüey, en el centro de la Isla, «luego de ser detenido en la puerta de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, cuando repartía papeles con frases de José Martí«.

En el reporte cronológico de la CIDH constan varios de los muchos actos violatorios cometidos por el Estado cubano en contra de sus ciudadanos en los últimos meses, haciendo énfasis en Otero Alcántara y el MSI, cuya sede se encuentra en el domicilio del artista.

El 16 de abril, agentes de la Seguridad del Estado entraron de forma violenta en su casa, destruyeron y confiscaron varias de sus obras, y se lo llevaron detenido mientras realizaba el performance titulado El Garrote Vil, que compartió en vivo a través de sus redes sociales y cuyo objetivo era denunciar «la manera arbitraria en la cual son acusados los activistas y opositores en Cuba» y el «ordenamiento jurídico que avala condenas desproporcionadas a quienes deciden expresarse de forma contraria a los intereses del régimen«.

Tras 16 horas de arresto, Otero Alcántara fue liberado el 17 de abril. Según relató, fue llevado a «tres unidades policiales y en la tercera de ellas, la unidad del Cotorro, habría pasado la noche en un calabozo», denuncia la CIDH, y contabiliza que entre el 17 y el 25 de abril al artista fue detenido unas 8 veces a pocos metros de la puerta de su casa:

«El 25 de abril, luego de denunciar persistentes intimidaciones al intentar salir de su residencia y evadir la prisión domiciliaria ilegal, el artista se declaró en huelga de hambre y sed para exigir que el Estado le devuelva sus obras confiscadas y realice una disculpa pública. Además, pidió por la libertad de expresión y el fin del acoso policial, que incluía un cerco policial en su barrio, una cámara de vigilancia instalada frente a su puerta y, según denunció el MSI, cortes de internet en la zona en la que se encuentra su vivienda. Simultáneamente, varios integrantes del MSI que intentaron salir a manifestarse por la situación de Luis Manuel Otero habrían sido detenidos e impedidos de salir de sus casas».

La madrugada del 2 de mayo, cuando Otero Alcántara llevaba 8 días en huelga de hambre y sed, agentes de la policía política violentaron su casa y lo trasladaron al Centro de Urgencias del Hospital Universitario General Calixto García. Ese día el régimen publicó una nota de la dirección provincial de Salud Pública de La Habana, leída en la televisión nacional -controlada por el Partido Comunista- que expresaba que luego de realizarle exámenes al artista «no se constataban signos de desnutrición«, que había sido ingresado y recibía atención médica, presentando «parámetros clínicos y bioquímicos normales».

En su informe, la CIDH le recuerda al régimen castrista que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, «además de garantizar el derecho de todas las personas a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, establece el derecho a beneficiarse de la cultura, protegiendo a las y los artistas y sus obras, así como el derecho al trabajo en condiciones dignas y libres» y que estos derechos «se ven afectados de manera interdependiente en los hechos antes descritos, en relación con el Movimiento San Isidro y su integrante Luis Manuel Otero«.

Ante el caso de este artista, la Comisión subraya que realizar una huelga de hambre es «una forma de protesta social y pacífica, debiendo garantizarse la libertad de expresión y la autonomía de las personas, así como su derecho a la salud y bienestar, asegurando que quienes eligen esa forma de protesta accedan a la asistencia sanitaria de manera consentida, sin que medien amenazas, presiones o coacciones por parte del Estado».

El 30 de mayo una docena de activistas fueron reprimidos y apresados en la calle Obispo de la capital cubana, por exigir el cese de la represión e intentar cruzar el cerco policial que el régimen montó en los alrededores de la casa de Otero Alcántara, quien en ese momento estaba en huelga de hambre y sed. Aún varios de los detenidos se encuentran en los calabozos, incluida la periodista Mary Karla Ares, a quien el régimen le niega el acceso a medicamentos y atención médica por transmitir en vivo la manifestación.

Además del acoso al MSI, la RELE destaca que desde febrero de 2021, periodistas y directivos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) han sufrido una avalancha de interrogatorios y amenazas por parte de la Seguridad del Estado. Y señala otros actos represivos contra la sociedad civil, entre ellos la prohibición de salir de sus casas, detenciones arbitrarias, acoso a sus familiares y amenazas con represalias judiciales.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con base en Madrid, documentó en el mes de marzo 478 acciones represivas, mientras que 1018 en abril, catalogando este mes como el más represivo en lo que va del año. Según el OCDH «sitiar viviendas de activistas, de forma arbitraria, volvió a ser la matriz represiva predominante«.

Prisoners Defenders (PD), también con sede en España, publicó «datos recientes que revelan la existencia de por lo menos 145 personas privadas de libertad y con condenas políticas en Cuba. Según la organización, desde mayo de 2020, han ingresado 59 nuevas personas en carácter de presos políticos, sin indultos ni rectificaciones de condena en ningún caso. Asimismo, son denunciadas prácticas de tortura y malos tratos a estas personas».

En su Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Cuba, la RELE resalta que «se presenta en el país una sistemática represión por parte de agentes estatales y grupos afines al oficialismo, que buscarían impedir las protestas o reuniones pacíficas organizadas por defensores de derechos humanos, activistas u opositores del gobierno para reclamar por violaciones a los derechos humanos y/o asuntos políticos o sociales».

La CIDH denuncia que las «actividades que involucran la participación de disidentes suelen ser intervenidas y los participantes reprimidos con violencia y detenidos» y que estas «detenciones procuran desalentar las manifestaciones críticas al gobierno, obstaculizar la libre expresión de las opiniones e ideas, impedir la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales, y el surgimiento de nuevos liderazgos».

La institución concluye que en Cuba, como se ha advertido en años anteriores, existe «una práctica de persecución y hostigamiento en contra de periodistas y medios independientes, defensores y defensoras de derechos humanos y artistas que denuncian la falta de libertades y derechos políticos o participan de asuntos políticos».

TEMAS |
.
Fondo newsletter