Hungría y Polonia han sido duramente criticados en los últimos años por la burocracia europea. La citada tecnocracia supranacional tildaba (y tilda) de autocracias -e incluso DE pupilos de Putin- a estos países. Lo anterior sorprende, pues tanto Hungría como Polonia han mostrado a lo largo del tiempo un férreo rechazo a las políticas que emanaban desde Moscú (y también a las de Bruselas).
El modelo húngaro y polaco no le sienta bien a Europa. Y lo anterior sucede porque ambos países mantienen una dirección firme y no se achican ante nada ni ante nadie. A día de hoy y con base en los resultados del Eurostat, hablamos del cuarto (Hungría) y tercer (Polonia) país más seguro de la Unión Europea. Además de su compromiso con la seguridad, el empleo es una prioridad para ambas naciones. En la actualidad, Polonia tiene un 3.1% de desempleo y Hungría un 3.9%. En pocas palabras, se trata de países con pleno empleo, atractivos para la inversión extrajera, gracias a su limitada burocracia y a la baja carga tributaria.
En estos momentos, el caso húngaro es el más polémico. El que ha sufrido más ataques. Dicho país, se encuentra en el punto de mira de la Unión Europa, que busca sancionar a Hungría por su nueva Ley educativa, una norma que tiene como objetivo proteger a los menores y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. A Hungría se le ha denominado como autocracia y a Orbán se le ha tachado de «dictador». Junker, expresidente de la Comisión Europea, le llamaba directamente the dictator. Nada más lejos de la realidad. Hungría es una democracia pese a quien pese. En las últimas elecciones realizadas, Fidesz obtuvo el 49.27% de los votos, alcanzado así la mayoría de la Cámara. Es evidente que el Gobierno encabezado por Orbán no carece de legitimidad aunque muchos se empeñen en decir lo contrario.
Hace unas semanas, Orbán entregó a la población una serie de folletos con objeto de saber qué piensan los ciudadanos respecto de varios temas relevantes para la opinión pública. Se preguntó a los ciudadanos si deseaban que se devuelva a las familias los impuestos de 2021, en caso el país alcance un crecimiento del 5.5% del PIB.
Orbán y su Gobierno suelen preguntar. Una vez le toman el pulso a la población, proponen una solución que cumplen en caso de llegar al objetivo. Esto se ha visto con la gestión de la pandemia. En primer lugar, prometió que con 3.5 millones de vacunados se abrirían los negocios; en efecto, esto se consiguió. En segundo lugar, el Gobierno afirmó que si la cifra de vacunados llegaba a los cinco millones, se eliminaría la mascarilla obligatoria en exteriores; en cuanto se alcanzó el número, el Gobierno cumplió y eliminó el uso obligatorio de la mascarilla. Por último, el Ejecutivo señaló que de llegar a los cinco millones y medio de vacunados, la mascarilla tampoco sería obligatoria en interiores (menos hospitales y edificios oficiales). Así se hizo.
Esa forma de entender la democracia, en constante comunicación con la población, enfurece a determinados actores políticos. Lo último, y que ha puesto en jaque a la Unión Europea, ha sido el referéndum sobre la ley aprobada en el Parlamento. Se trata de una norma educativa dirigida a la protección de los menores, primando el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos. Si el pueblo opina a favor de la propuesta presentada por Orbán, la UE no respetará la voluntad del pueblo húngaro, imponiendo unas sanciones que no solo afectarán al Ejecutivo encabezado por Orbán, sino también a la ciudadanía de a pie de este país.
