El domingo 04 de julio en Chile se realizó la ceremonia de investidura de la Convención Constitucional, que dio “el vamos” al proceso constituyente chileno. Los 155 miembros electos aceptaron su cargo de convencionales constituyentes, en medio de desórdenes y violencia, lo que provocó un retraso en la instauración de este órgano.
Aun así, en la primera jornada se pudo elegir la presidencia y vicepresidencia develando ―una vez más― que la fuerza hegemónica responde a las izquierdas. La convencional Elisa Loncón, quien ingresó por cupo reservado indígena mapuche, fue elegida como la presidente, quien en su discurso de bienvenida señaló que “se funda un nuevo Chile”. No obstante, la radicalidad de los representantes constituyentes no augura el diálogo que la ciudadanía espera para la redacción de un nuevo texto constitucional.
Con protestas y enfrentamientos de grupos izquierdistas con la policía chilena, comenzó la instalación de la Convención Constitucional. Solo en la primera jornada, 30 carabineros fueron lesionados y 20 manifestantes detenidos. Estos ánimos ya auguraban una jornada compleja, los que se replicaron al interior de las instalaciones del Palacio Pereira, ubicado en el centro de la ciudad de Santiago. El establecimiento estuvo protegido por resguardo policial, quienes solo permitieron el ingreso de los 155 convencionales constituyentes y de la prensa para mantener el distanciamiento social, pues en Chile aún hay altas restricciones sanitarias.
Asimismo, los convencionales izquierdistas buscaron boicotear la ceremonia de inauguración, la que fue presidida por Carmen Gloria Valladares, secretaria del Tricel. De hecho, al momento de cantar el himno nacional chileno, hubo gritos por parte de los miembros progresistas ―en su mayoría de la Lista del Pueblo― quienes se negaron a tomar asiento para iniciar la ceremonia mientras acusaban que había represión a las afueras del antiguo congreso, pues las manifestaciones se tornaron violentas hacia Carabineros. Es más, amenazaron a Valladares que no iniciarían la toma de cargos si las fuerzas especiales continuaban resguardando el edificio. Por otro lado, si bien los convencionales de Vamos por Chile, la lista que aglutinó a las derechas, se ciñeron a cantar el himno patrio, ello no impidió que la ceremonia se retrasara hasta las 13 horas del día domingo.
Durante esta misma jornada, la Convención Constituyente eligió su presidencia y vicepresidencia. En la primera instancia, fueron cuatro nombres los que se barajaron para elegir al presidente de la Convención: Harry Jürgensen, apoyado por Vamos por Chile; Isabel Godoy, la opción del Partido Comunista y de la Lista del Pueblo; Patricia Politzer fue la carta de la centroizquierda; y Elisa Loncón, respaldada por el Frente Amplio y el Colectivo Socialista. No obstante, fueron las cartas de la izquierda radical las que lideraron las preferencias, saliendo electa Loncón.
En consiguiente, Elisa Loncón en su primer discurso como presidente del órgano redactor de la nueva Constitución, habló primero en lengua mapuche y luego en español. Señaló que la Convención Constitucional transformará al país en un Chile “plurinacional, intercultural, que no atente contra los derechos de las mujeres” y que “cuide a la madre tierra”. Además, agregó que “es posible refundar este Chile. Establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país”. También agradeció a la machi Linconao ―involucrada en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay en la insurrección desatada en La Araucanía― y al pueblo mapuche. Asimismo, instaló como primera temática a discutir el indulto a los supuestos “presos políticos” de la revuelta del 18-O, a pesar de que la Convención Constitucional no tiene la atribución de discutir proyectos de ley que le corresponden al Congreso, y que distintas instituciones ―como el Human Right Watch o el Poder Judicial chileno― han sido enfáticas en sostener que en Chile no hay presos políticos. La presidente de la Convención, cerró su discurso con la expresión mapuche “marichiweu” que significa “diez veces venceremos”.
Por su parte, Jaime Bassa fue electo en tercera vuelta como vicepresidente, representante de la lista Apruebo Dignidad y electo en el Distrito 7. Militante del Frente Amplio, es cercano al precandidato presidencial de este sector, Gabriel Boric. Promueve la corriente izquierdista “constitucionalismo crítico” el que apunta a desmantelar el “neoliberalismo” y el capitalismo. En su primer discurso utilizó el “todes”, como simbolismo del progresismo, y mencionó que la “asamblea” ―no habló de Convención, entendiendo que la Asamblea es autónoma y la Convención no― tiene el deber de pronunciarse respecto a los ya citados “presos políticos”, lo que originó gritos y cánticos por parte de los convencionales constituyentes izquierdistas.
Es preocupante que entre las aspiraciones primordiales que tiene la Convención Constitucional sea impulsar un indulto a personas que cometieron delitos como mutilación a miembros de la policía chilena, incendios, saqueos, homicidio frustrado y alzamiento armado. Estas señales develan que las fuerzas hegemónicas izquierdistas buscan imponer su agenda política desde la institucionalidad y no así generar una instancia de diálogo con los distintos actores de esta institución.
A pesar de lo anterior, los ánimos insurreccionales no han cesado pues en Cañete (al sur de la región del Biobío) ocurrió el primer atentado tras la instalación de la Convención Constitucional, durante la noche del domingo. Una familia fue víctima de un violento ataque que terminó con el incendio de su hogar y de sus vehículos, quienes fueron sacados semidesnudos de su propiedad por los insurrectos que dejaron panfletos que aluden a la causa mapuche. Una situación repudiable que ya es una tónica en el sur del país provocado por extremistas mapuches, mientras sus representantes en el órgano constitucional han tenido un gran protagonismo y han demandado el indulto para este tipo de delitos.
No obstante, durante el miércoles 07 de julio, se discutirá en la comisión de Constitución del Congreso chileno el proyecto de ley para amnistiar a los “presos de la revuelta”.
De igual manera, el proceso constituyente ya está en marcha. Tiene un plazo de 9 meses para la redacción del anteproyecto constitucional, prorrogable por una única vez por tres meses. Empero, en el desarrollo de la segunda jornada ―el lunes 05 de julio a las 15 horas local― la primera sesión se vio suspendida por falta de respaldo técnico, pues los convencionales acusaron que no había condiciones sanitarias ni equipos audiovisuales instalados, generando una ola de críticas al Ejecutivo. El Gobierno chileno reconoció el “error técnico” y se comprometió a dar garantías para el correcto funcionamiento de la Convención.
Tras esta situación, los convencionales se retiraron del ex Congreso y uno de ellos, Ruggero Cozzi (Renovación Nacional, del pacto Vamos por Chile) fue agredido por manifestantes izquierdistas. Por esta situación, tuvo que ser escoltado por Carabineros.
En definitiva, solo en las primeras horas de la Convención Constituyente ya se han apreciado ánimos hostiles como también la imposición de agendas políticas radicales, que no dan las señales deseadas por la ciudadanía que espera diálogos y consensos. Los convencionales constituyentes deben recordar que fueron electos para redactar una nueva Constitución y no para profundizar los antagonismos que se instalaron en la insurrección de octubre de 2019, como tampoco otorgarse atribuciones que no tienen ni discutir temáticas que no les competen.
