El Poder Judicial (PJ) evaluará la apelación que presentó el fiscal Germán Juárez Atoche que busca insistir en su solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente y candidato al Congreso de Somos Perú Martín Vizcarra.
La juez María de los Ángeles Álvarez Camacho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada, admitió a trámite la apelación formal que presentó el Ministerio Público que cuestiona su decisión del pasado jueves 18 de marzo de dictar, en lugar de prisión preventiva, comparecencia con restricciones.
Entre las medidas que dispuso Álvarez Camacho, Vizcarra deberá presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido, además de estar prohibido de exponer en medios de comunicación masivos aspectos relacionados al contenido de la investigación preparatoria, así como del proceso penal.
Además, la jueza le impuso el pago de una caución de 100 mil soles (22 mil euros) que debía abonar en un plazo de 10 días, así como el cumplimiento de diversas normas de conducta. La magistrada advirtió al investigado que, si incumple las reglas de conducta impuestas, se le podría revocar la comparecencia restringida e imponérsele la prisión preventiva.
#MartínVizcarra: Jueza María Álvarez Camacho advierte a investigado exmandatario que si incumple #ReglasDeConducta impuestas, podría revocársele la comparecencia restringida e imponérsele la prisión preventiva. pic.twitter.com/qlNqqto718
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 19, 2021
Será la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Especializada la que evalúe la apelación para determinar si es que admite o no en segunda instancia el pedido de prisión preventiva contra el expresidente.
Para el excongresista Juan Sheput, la apelación del Equipo Especial Lava Jato es pertinente por la serie de evidencias e indicios consistentes que involucran a Martín Vizcarra, y que en casos similares han significado la prisión preventiva.
“Es importante señalar que hay un testigo protegido, una persona que está colaborando con la justicia que ha señalado que su testimonio se quiso comprar para que de esa manera callara y no perjudicara a Martín Vizcarra. Eso de por si solo ya es obstrucción a la justicia y ameritaría la mayor de las sanciones. Es por eso que considero que la apelación es pertinente, pues significaría no solamente la prisión preventiva para Vizcarra, sino para que el proceso pudiera desarrollarse de una manera más efectiva. Por otro lado, es importante saber de que hay una gran cantidad de señalamientos que indican que el expresidente tiene relación tanto con altos funcionarios del Poder Judicial como del Ministerio Público, y eso también en términos de redes que favorecen al investigado, podría entorpecer la marcha de la justicia. Eso obviamente se evitaría si es que el señor Vizcarra se encuentra detenido preventivamente”, asegura.
Vizcarra es investigado por la presunta recepción de más de 2 millones de soles -450 mil euros- en sobornos de las empresas Obras de Ingeniería S.A (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA) en el caso vinculado al “Club de la Construcción”, nombre dado a una presunta concertación ilícita de constructoras para repartirse obras de gran infraestructura adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y gobiernos regionales.
Justamente un hecho que llamó la atención de la Fiscalía peruana es que el ex Jefe de Estado pasó de no tener ahorros, según su declaración jurada de los años 2011, 2012, 2014 y 2016, a tener una fortuna de más de 1 millón de soles (227 399 euros) de acuerdo al documento presentado en 2020 ante la Contraloría General.
Durante la audiencia judicial del pasado jueves donde se evaluaba el pedido de prisión preventiva contra el investigado, el fiscal Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato indicó que se aprecia un incremento en los bienes inmuebles de Vizcarra en solo dos años, y que este tiene la solidez económica para fugarse del país.
Vacunagate
Según informó Andina, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República anunció que culminará en una semana el proceso de denuncias contra Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) por el caso Vacunagate, un proceso de vacunación clandestina con dosis del laboratorio chino Sinopharm fuera de ensayo clínico, y en el que participaron altos funcionarios públicos y sus familiares.
Según Carlos Pérez, titular del grupo de trabajo, tras concluirse las audiencias del caso, hay un plazo de cinco días útiles para que el diputado Jim Mamani, como delegado del proceso, elabore un informe final que deberá ser sustentado para su votación correspondiente. De aprobarse, este será elevado a la Comisión Permanente, instancia en la cual los denunciados tendrán la oportunidad de ejercer su defensa.
Además de las investigaciones en su contra por haber recibido presuntamente sobornos a cambio de la adjudicación del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto de irrigación Lomas de Ilo cuando era gobernador entre 2011 y 2014, la revelación de su vacunación clandestina ha motivado a que algunos abogados penalistas recomienden que el hecho sea investigado por el presunto delito de colusión.
Para el abogado Carlos Caro, esta inoculación a escondidas no solo sería una simple infracción ética/moral o administrativa, sino de “hechos con un potencial carácter penal”, razón por la cual la Fiscalía de la Nación ordenó diligencias preliminares contra Vizcarra y los que resulten responsables por los delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En declaraciones a la revista Caretas, el abogado penalista Jorge Zúñiga consideró que Vizcarra enfrentaría hasta 8 años de cárcel por falta de transparencia en los ensayos de la vacuna china contra el coronavirus, sumándose a la lista de otros expresidentes peruanos que han terminado en prisión o con arresto domiciliario.
