A menos de seis meses de las elecciones presidenciales, el régimen de Daniel Ortega, ha abierto una “investigación” por presunto lavado de dinero en contra de la aspirante presidencial e hija de la expresidenta Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, una acusación que ella define como “macabra”.
De acuerdo con analistas y activistas de derechos humanos, el régimen intenta inhibir a Chamorro de participar en los comicios. Chamorro dijo que mantiene su precandidatura presidencial.
La hija de la exmandataria, era la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), renunció a los cargos el pasado 11 de enero.
La investigación es por supuesto “lavado de dinero y activos en perjuicio del Estado y la sociedad”, alega presuntas “inconsistencias” en los reportes de la FVBCH que, según el régimen, la ONG habría sido utilizada presuntamente para “lavar dinero”. La acusación ya está en manos del Ministerio Público. Chamorro se presentó el viernes a rendir indagatoria, a la víspera fue ante el ministerio de Gobernación.
El régimen señala que las irregularidades financieras se habrían cometido durante el periodo 2015-2019. Y Chamorro, a la que la Fiscalía no permitió contar con el acompañamiento de su abogado como sucedió ante Gobernación, reveló que les dijo que presentó toda la documentación ante el ministerio.
Ortega ha ordenado fabricar pruebas en contra la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre Violeta Barrios de Chamorro, escribió Chamorro en su cuenta en Twitter.
El tirano inició el proceso de radicalización de la dictadura con las herramientas “legales” que por meses preparo para neutralizar a la oposición a través de cancelación de personerías jurídicas, acusaciones, encausamientos judiciales, represión y cárcel.
El cierre de la Fundación que Chamorro dirigió durante 24 años, tras la salida de su madre del gobierno, se hizo efectivo el 5 de febrero, y se debió a que se niegan a aceptar la ley de agentes extranjeros. «Jamás nos someteremos a los caprichos de la dictadura”, dijo la precandidata presidencial.
La Ley de Agentes Extranjeros es una de las cuatro leyes que el régimen aprobó en la Asamblea Nacional en el último trimestre de 2020. Su reglamentación fue publicada el pasado 29 de enero. La legislación establece que los “agentes extranjeros” deben informar con anticipación al Gobierno nicaragüense cuánto dinero recibirán, identificar plenamente a la persona, país u organismo remitente, en qué piensa gastarlo y dar pruebas de que ocupó los recursos en lo que había previsto.
Comparto mi posicionamiento ante esta farsa de la dictadura, no en mi contra, sino, en contra de la democracia y del derecho a elecciones libres y honestas. #SIANICARAGUA #SOSNICARAGUA #NICARAGUACONCRISTIANA pic.twitter.com/bFmli9nYcg
— Cristiana Chamorro (@chamorrocris) May 21, 2021
Cuatro meses más tarde de la reglamentación de la Ley, el régimen ha iniciado el proceso de acusación contra la FVBCH. “Me he presentado a Gobernación a rendir cuentas de nuestra honestidad y transparencia. El pueblo sabe quiénes son los corruptos”, escribió Chamorro en Twitter.
“Me parece que es una acusación macabra, parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos trabajar por Nicaragua y en el fondo para impedir votar libremente en noviembre”, afirmó la precandidata a su salida del ministerio de Gobernación.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, dijo que el propósito del régimen es inhibir la candidatura de Chamorro. “Vengo como presidenta del CENIDH a constatar in situ las violaciones a derechos humanos y criminalización. Están pretendiendo consumar la inhibición de Cristiana Chamorro a candidata, es un derecho que le corresponde que le pertenece como ciudadana”, dijo Núñez a quien el régimen le canceló la personería jurídica de su organización.
La Fiscalía impidió el ingreso a los abogados que acompañaban a Chamorro, que dijo tras salir de la Fiscalía que el régimen le está haciendo una “incriminación injusta” y que le “están montando una monstruosidad jurídica”.
Además, Chamorro rechazó a través de una carta pública “las acusaciones nefastas de la dictadura de Ortega” y aseguró que se trata de una farsa de la dictadura. En este sentido reveló que se defenderá con la verdad -«esta acusación es una monstruosidad jurídica y un asunto político que lesiona gravemente la democracia”, apuntó- y aprovechó para hacer un llamado a la “unidad nacional” de la oposición.
