La represión se agrava en Nicaragua. El régimen Daniel Ortega está desmantelando las estructuras organizativas de la sociedad civil y eso incluye a los organismos humanitarios que ya no podrán operar en el país tras la cancelación de sus personerías jurídicas. El propósito la tiranía es acabar con estos entes para evitar que reciban fondos de organismos externos. El impacto directo lo recibirá la población más vulnerable.
Ortega, a través de la Asamblea Nacional integrada por mayoría del partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha cancelado la personería jurídica a más de 130 organizaciones no gubernamentales, entre ellas las que promueven ayuda médica a personas de escasos recursos como la Asociación Operación Sonrisa Nicaragua, fundada hace casi 30 años y que ofrecía un cuidado integral y gratuito a niños, jóvenes y adultos con labio y paladar hendido que no pueden costearse una cirugía.
La organización había programado una colecta nacional para el pasado 18 de marzo, pero un día antes de ello recibió la estocada: el anuncio del régimen de echar adelante la cancelación de la personería jurídica de 25 organizaciones de este tipo.
«Desde 1994 unimos esfuerzos en pro de los que padecen malformaciones craneofaciales principalmente de labio y paladar hendido en el país. En mayo del 2016, finalmente se inauguró el Centro de Atención Integral de Operación Sonrisa Grace McGregor B, iniciando así una nueva era a la vanguardia de la tecnología y la innovación en la atención integral con altos estándares de calidad para nuestros pacientes», informa la organización en su página web.
El centro de atención médica de Operación Sonrisa consta de siete consultorios equipados para medicina general, cirugía plástica, especialidades dentales, psicología, terapia de lenguaje, rayos x y áreas administrativas. Los especialistas que participan en la organización son en su mayoría voluntarios.
El centro de atención especializada podría correr la suerte de otras organizaciones cuyos bienes han sido confiscados por el régimen, una vieja práctica empleada por el sandinismo que se aplicó también durante la primera dictadura sandinista (1979-1990).
La política de terror de Ortega
Tras la instauración del Estado policial, el descabezamiento de la oposición, el encarcelamiento y condena a 176 activistas opositores, entre ellos los siete exaspirantes presidenciales, el próximo paso represivo que ejecuta el tirano sandinista es eliminar a los organismos de la sociedad civil ante el «terror» de Ortega que reciban financiamiento externo, que él dice puede “financiar” a la oposición.
El régimen creó la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, que persigue controlar los fondos que reciben los organismos y en qué se invierten. La legislación -que entró en vigencia en octubre de 2020 y es parte del paquete de leyes represivas aprobadas en el contexto electoral-, establece multas, sanciones y «autoriza» al Estado a intervenir los bienes y activos, y la cancelación de personerías jurídicas.
Bajo esa ley ha sido enjuiciada y declarada «culpable» Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. La también exaspirante presidencial es acusada por la dictadura de “lavado de dinero”. El régimen terminó cancelando la personería jurídica de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
La Ley también inhibe a los directivos de ONG a que participen en cargos de elección popular. Así, el Ministerio de Gobernación fiscaliza los ingresos y egresos de las organizaciones. Una de sus estrategias es invalidar los informes que entregan las mismas alegando «incumplimiento de sus obligaciones conforme a las Leyes de la materia que regulan los organismos sin fines de lucro en territorio nicaragüense al no registrarse como Agentes Extranjeros, siendo sujetos obligados de la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros».
Cada vez más represión en Nicaragua
Ortega pretende profundizar los instrumentos de criminalización contra sectores de la oposición. A través del Parlamento anunció que realiza un proceso de “revisión y consulta” de la normativa penal en el país.
La presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, denunció durante el 183 Periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Nicaragua se ha institucionalizado la impunidad y que la tendencia del régimen es incrementar la represión. «Hasta la fecha, se conoce públicamente que el Ministerio Público, la Policía y la Corte Suprema coinciden en señalar que el marco legal creado en estos últimos años fortalece la labor del poder judicial, y que aún puede continuar profundizándose más», denunció Cenidh.
«No dejan de ocurrir situaciones arbitrarias todos los días y no hay instancias independientes a las cuales recurrir. No hablamos sólo de los asesinatos y todas las violaciones de derechos ocurridas en el 2018. Se trata de una impunidad sostenida«, afirmó la representante de ese organismo que también fue despojado de la personería jurídica.
