La Misión Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) destacada en Venezuela desde septiembre de 2019 ha emitido un nuevo informe señalando pormenorizadamente violaciones de Derechos Humanos cometidos por la tiranía de Nicolás Maduro.
En esta oportunidad el acento se ha puesto en la inexistencia de autonomía de poderes en la nación sudamericana que es gobernada por el chavismo desde hace 22 años. En criterio de los funcionarios de la ONU el poder judicial ha jugado un papel esencial en la persecución a la oposición, colaboración con la tortura y la obstrucción de la justicia en Venezuela.
“(…) Las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014″, se puede leer en un apartado del informe.
En el fondo lo que aparece es una verdad del tamaño de un templo para quien la quiera ver: en Venezuela el aparato de justicia no existe. Realmente lo que está en funcionamiento es una estructura en la que jueces, fiscales y cuerpos de seguridad del Estado están confabulados con el poder político chavista para aplastar todo lo que huela a disidencia.
Y esto va desde la fabricación de evidencia para armar persecuciones políticas, la dilación durante años de los procesos de audiencias y juicio, el torpedeo al legítimo derecho a la defensa de los detenidos, la reclusión en condiciones infrahumanas de estas personas y el desarrollo de un sofisticado aparato de torturas de todo tipo para hacer hablar a los presos.
La Misión de la ONU llega a afirmar que han conseguido evidencia de que en la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) del régimen se han aplicado mecanismos de tortura similares a los empleados durante la Alemania Nazi. En el caso de uno de los detenidos por la operación Gedeón (una supuesta conspiración llevada a cabo el año pasado para derrocar a Maduro) los funcionarios de este cuerpo de seguridad habrían amenazado con poner en práctica la Sippenhaft, una técnica utilizada en tiempos de Hitler consistente en encarcelar a varios familiares de una persona para quebrarla emocionalmente y obtener una delación.
Este nuevo informe se presenta como el resultado de un análisis practicado a 183 detenciones ocurridas entre 2014 y 2021. Para ello se realizaron 177 entrevistas a actores involucrados de alguna manera en las detenciones (60 de ellas se practicaron a representantes legales de las víctimas y 36 a funcionarios o miembros del aparato judicial).
Los resultados arrojaron una evidencia demoledora: solo un 0,2% de funcionarios acusados por torturar o propiciar malos tratos a los detenidos fueron procesados y condenados penalmente. Un 57% de los abogados de estos detenidos que accedieron a responder preguntas de la Misión manifestaron que habían sido objeto de hostigamiento y amenazas contra ellos o sus familias, mientras que cerca de la mitad de los jueces y fiscales que accedieron a proporcionar información al grupo internacional tuvieron que irse del país y sacar a sus familias de Venezuela.
Esto se produce en un contexto en el que la Corte Penal Internacional (CPI) investiga a Maduro y a sus funcionarios por violaciones sistemáticas de DDHH, con lo que se busca corroborar si en la nación caribeña se han producido delitos de lesa humanidad.
Los señalamientos formulados en los tribunales de La Haya contra la cúpula roja son similares a los hallazgos que se han presentado en este informe de la Misión Independiente de la ONU, encabezada por la portuguesa Marta Valiñas. En ambos casos el asunto remite a la inoperancia del aparato de justicia local para administrar justicia a todos los ciudadanos por igual.
Como se ha explicado en una entrega anterior de La Gaceta de la Iberosfera, se prevé que en estos casos la CPI debe actuar aplicando el principio de “complementariedad”. Allí se contempla que si las personas quedan desprotegidas por el aparato de judicial de su país, la Corte Penal Internacional está facultada para tomar parte en el asunto, administrando la justicia que en Venezuela no existe.
En junio pasado y antes de dejar el cargo de Fiscal Jefe de la CPI, Fatou Bensouda, dejó escrito un informe que apuntaba, palabras más o menos, lo mismo que ha señalado Valiñas en el documento de la ONU publicado esta semana: el término clave para definir a la justicia en Venezuela es “inacción”. No se topó Bensouda con ninguna evidencia que apuntara hacia una disposición real del Estado por enjuiciar a quienes habían incurrido en violaciones de DDHH desde el poder.
Ahora la pelota está en la cancha del nuevo Fiscal Jefe del organismo, Karim Khan, quien debe comunicar en las próximas semanas si el caso venezolano pasa a la fase de investigación formal o es desestimado. Toda la evidencia está a la vista y es irrefutable, para que se produzca una decisión acorde con la más mínima lógica.
Sin embargo, en el camino aparecen disonancias: en una reciente declaración, la propia Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha dejado entrever su gran optimismo con respecto a las reuniones realizadas en México entre el chavismo (que ha perpetrado estas violaciones de DDHH) y una fracción de la oposición venezolana.
“Confío en que pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances a la protección de los derechos humanos. También en el compromiso de las autoridades con mi oficina y confío en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación”, indicó una Bachelet que parece conforme con intentar domesticar a un lobo feroz para que abandone por voluntad propia su naturaleza, en vez de señalar que efectivamente es un lobo y que, sin lugar a dudas, es feroz.
Pero eso no acaba allí. La expresidenta chilena también ha dejado en claro que considera que el agravamiento de la economía venezolana está estrechamente vinculado con la imposición de sanciones sectoriales por parte de algunos países del mundo hacia el régimen de Nicolás Maduro; lo cual también ha causado que se precarice la prestación de servicios públicos en la nación sudamericana. Y a renglón seguido ha procedido, por supuesto, a invocar el levantamiento de dichas sanciones.
¿Cómo se entienden las declaraciones de una Bachelet que se supone conoce de primera mano los hallazgos del informe de la Misión Independiente de la ONU? ¿Hacia dónde apunta esta ambigüedad? Para el sentido común esto es, cuando menos, inadmisible…
