La oposición venezolana que hasta hace nada se nucleaba en torno a Juan Guaidó parece haber rebajado sus expectativas de acceso inmediato al poder en Venezuela. Los partidos del llamado “Grupo de los 4” (mejor conocido como G-4) han entrado en una fase de abierta campaña electoral, con miras a presentar candidatos a gobernadores y alcaldes en el proceso convocado por el chavismo para noviembre de este año.
Militantes de Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) han saltado al ruedo con actos de proselitismo electoral en distintos puntos del país. Todo eso sin que haya mediado ninguna explicación o exposición de motivos por parte de esos partidos que indique por qué han pasado de una postura en la que afirmaban que no irían a elecciones organizadas por el chavismo (y mientras Maduro estuviese en el poder) a otra diametralmente opuesta, en la que presentan candidatos y llaman a votar.
Las primeras clarinadas sobre la incorporación del G-4 a la campaña electoral han coincidido además con el inicio de las conversaciones que ha sostenido el régimen socialista venezolano con representantes de la oposición en México, la semana pasada. Luego de estos encuentros incluso fue excarcelado el dirigente de VP, Freddy Guevara y se ha producido la llegada al país de dirigentes de PJ como los ex diputados José Manuel Olivares y Tomás Guanipa, quienes hasta hace poco estaban exiliados arguyendo persecución política.
Las matemáticas no fallan, y en este caso solo bastaría observar como dos y dos suman cuatro. Tal y como se señaló en entregas anteriores de La Gaceta de la Iberosfera la operación en marcha buscaría utilizar a presos políticos, pero sobre todo a exiliados, como eventuales candidatos de oposición en la farsa electoral de noviembre y así otorgarle mayores visos de legitimidad a un proceso de por sí bastante dudoso.
Por lo que se aprecia a simple vista, a estos dirigentes que han retornado al país se les ha ofrecido un mínimo de garantías (que incluirían por supuesto el cese a las persecuciones en su contra) a cambio de que se sumen a la línea electoralista promovida por el propio régimen para ganar reconocimiento democrático en la comunidad internacional.
Aunque hay mucho hermetismo sobre lo que han conversado representantes de la oposición y la tiranía roja en México, lo que se atisba lleva a pensar que se ha llegado a un acuerdo sobre permitir que ciertos dirigentes que hasta ahora estaban fuera de Venezuela “regularicen” su situación, volviendo al país. Claro, siempre y cuando ese regreso esté enmarcado dentro de una línea de acción que tenga a las elecciones regionales de noviembre como norte. Un negocio redondo.
Si se revisa la actividad reciente de los cuatro partidos que componen el G-4 (hasta hace nada el principal soporte político interno de Guaidó), la cosa se va aclarando aún más:
En el caso de Primero Justicia, la primera actividad pública que ha realizado Tomás Guanipa tan pronto pisó Venezuela fue el acompañamiento a una actividad de apoyo al pre candidato a gobernador del estado Miranda (norte-centro) de su partido, Carlos Ocaríz. José Manuel Olivares, quien también milita en esa formación, ha llegado a Venezuela lanzando directamente su candidatura a gobernador del estado La Guaira (norte-centro).
Acción Democrática también se ha ido incorporando de manera cada vez más abierta a la puja por las gobernaciones de Estado. El propio Secretario General del partido, Henry Ramos Allup, se ha encargado de promover a través de su cuenta en Twitter las concentraciones y actos de campaña de los militantes de su formación. Tal es el caso del respaldo que le concedió en días recientes a Sobella Mejías, quien aspira a convertirse en gobernadora del estado Lara (centro-occidente).
Un Nuevo Tiempo es un partido que fundamentalmente solo conserva algún grado de influencia en el estado petrolero del Zulia (noroccidente). Allí, el máximo dirigente del partido y excandidato presidencial, Manuel Rosales, lleva semanas en actividades rutinarias de campaña y ha presentado nuevamente su aspiración a ser gobernador de la entidad (ya ejerció el cargo desde 2000 hasta 2008).
Voluntad Popular es, quizá, el partido que, dentro de este grupo, se ha manejado con más reservas durante estos días previos a la farsa electoral convocada por el chavismo para noviembre. Sin embargo, un dirigente importante de la organización que incluso fue preso político, como Daniel Ceballos, ya ha arrancado su campaña como precandidato a la gobernación del estado Táchira (occidente). VP es la formación en la que milita el propio Guaidó, con lo que el asunto se enredaría aún más.
Todo no acaba aquí, puesto que en días recientes la rectora chavista del CNE, Tania D’Amelio, ha recordado que no basta con tener la voluntad de postularse para ser candidato a las elecciones de noviembre, puesto que existen requisitos y limitantes que excluirían de antemano a varios de los precandidatos de oposición de dicho proceso. Por ejemplo, en enero de este año el Contralor General de la República designado por el régimen, Elvis Amoroso, inhabilitó a 28 diputados de la oposición para aspirar a futuros cargos públicos. En la lista destacan, entre otros, Juan Guaidó, Tomás Guanipa, Américo de Grazia y José Manuel Olivares.
En todo caso, la oposición nucleada en torno al llamado G-4 (y desde el arranque de las negociaciones de México en la denominada Plataforma Unitaria) tiene hasta este fin de semana para decidir si inscribe formalmente o no candidatos a la elección de noviembre, dado que este domingo culmina el lapso que ha dado el CNE chavista para formalizar las listas de aspirantes. Y tendrán que hacerlo, además, en un contexto en el que la mayor parte de las tarjetas políticas de esas organizaciones no están disponibles, dado que han sido robadas por el régimen a través del nombramiento de directivas paralelas.
Sin embargo, esto no parece desestimular a la mayoría de estas organizaciones que, como se ha apuntado más arriba, ya han arrancado abierta o soterradamente procesos de campaña en varias regiones de Venezuela, con o sin la anuencia de Guaidó. Todo sin que medie explicación alguna del por qué hasta hace nada concebían al sistema electoral chavista como tramposo, pero ahora sí es apto para inscribir candidatos y llamar a votar. Un sin sentido de comienzo a fin.
Quizá se trata de la sacada de silla final de estos partidos a un gobierno interino que desde hace rato venía desvaneciéndose. Quizá remita a tratar de hacer manejo de daños en un contexto en el que se sabe que Maduro no concederá elecciones presidenciales sino hasta 2024 y que, en el trance, es mejor tomar un premio de consolación que quedarse con las manos vacías.
