Que todo el mundo con algún peso político está decidido a que Marine Le Pen no salga elegida presidente de la República Francesa el próximo día 24 es cosa sabida; que cada día que pasa nuestros líderes europeos disimulan menos en sus esfuerzos de injerencia en las elecciones de uno de sus estados miembros, también.
Caso en punta: tras quedar a escasos puntos del presidente Emmanuel Macron en la primera vuelta de las presidenciales y cualificarse así para la segunda, Marine Le Pen se ha convertido en la presa número uno a batir por el globalismo, y muy especialmente por sus representantes al mando de la escasamente representativa Unión Europea, que está decidida a cualquier cosa para impedirlo.
Francia no es cualquier país; Francia es, con Alemania, el corazón de la Unión Europea, y tener al volante un ejecutivo desacomplejadamente soberanista podría suponer el fin de los sueños imperiales de Bruselas, por no hablar del inmediato efecto contagio sobre el resto de países de la Unión.
Así que la Unión Europea, a una escasa semana de la vuelta a las urnas, desempolvó cargos de malversación de fondos de 18 años atrás contra Marine Le Pen. ¿Quién dijo injerencia?
La agencia de noticias France Press informa que «el organismo antifraude de la UE acusó a la líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen y sus asociados de malversar alrededor de 600.000 euros durante su mandato como eurodiputados». Marine, en concreto, está acusada personalmente de malversar «alrededor de 137.000 euros de dinero público del Parlamento de Estrasburgo cuando era eurodiputada entre 2004 y 2017″.
El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, no solo ha negado los cargos sino que ha hecho notar lo obvio: que el momento en que se ha elegido para resucitar los cargos es bastante sospechoso. Por decirlo suave. Y es que no es solo que estemos hablado de acusaciones de dieciocho años atrás, que se han reactivado justo, justo, unos días antes de que los franceses tengan que dar su veredicto definitivo sobre quién debe gobernarles los próximos cinco años; es que, como recuerda el propio Bosselut, la líder de la Reagrupación Nacional «no ha sido citado por ninguna autoridad judicial francesa» para responder a los cargos. «Estoy sorprendido por el momento de una revelación tan fuerte y la instrumentalización», dijo Bosselut.
La vergonzosa injerencia de Bruselas tiene su explicación en las últimas encuestas, que muestran cómo la líder soberanista está cerrando la distancia que aún la separa del globalista Macron, que está reaccionando a los datos con creciente desesperación. La victoria de Le Pen sigue siendo improbable, pero en absoluto imposible, y eso basta para que salten todas las alarmas en una Europa cada vez más despectiva hacia la voluntad popular y más decidida a imponer su esquema globalista sobre toda la población del Viejo Continente. De hecho, basta recordar que tras la reciente y aplastante victoria de su «bestia negra», Viktor Orbán, en Hungría, la Unión Europea ha respondido con nuevas sanciones contra el país, en un velado castigo al pueblo húngaro por, una vez más, votar mal.
