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un ambiente caracterizado por la inercia y la estabilización de la dictadura

La UE persiste en reconocer al régimen chavista como actor político normal

Se ha ido. La Embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante, dejó Caracas el martes 2 de marzo. Su expulsión del país fue ordenada por Maduro a mitad de la semana pasada, en medio de una de sus bravuconadas habituales. Se supone que esta es la respuesta del régimen chavista a un nuevo listado de oficiales del régimen que han sido sancionados recientemente por el Consejo de la UE.

La lista incluye desde directivos de cuerpos policiales y militares de la tiranía, pasando por diputados opositores supuestamente comprados por el chavismo, hasta Rectores del Consejo Nacional Electoral y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 

Brilhante tiene experiencia sufriendo los malos tratos de Maduro. En junio del año pasado también se le dieron solo 72 horas para abandonar suelo venezolano; esto luego de que el Consejo de la UE sancionara a 11 personas vinculadas al régimen chavista. En aquel momento las sanciones fueron motivadas por más o menos lo mismo que ahora: se dijo que aquellos funcionarios se habían prestado para socavar la democracia y el Estado de derecho, actuando contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó.

La película de la UE y las sanciones no comenzó ayer. En noviembre de 2017 se emitieron las primeras sanciones contra la tiranía madurista en las cuales se contemplaba un embargo en la venta de armas y material utilizado para contener protestas de calle. Nada es casual, pues aquel fue uno de los años en los que el régimen chavista y su aparato represivo enfrentaron más despiadadamente a manifestantes opositores en las calles, dejando varias decenas de muertos y heridos a su paso. Estas medidas contra el régimen se han venido prorrogando año a año. Desde aquel entonces, todos los noviembres las sanciones son revalidadas por el organismo.

De allí en más, al surgir la narrativa de la existencia de un gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, la UE propuso la creación de un “Grupo de Contacto” integrado por países de Europa y América, con miras a identificar a los actores políticos clave en el proceso venezolano y proponer un mecanismo de resolución del conflicto en el país caribeño.

El grupo, creado en enero de 2019, en principio tenía una fecha límite para presentar resultados de solo 90 días; pero luego su vigencia se ha extendido indefinidamente en el tiempo, sin evidencia conclusiva de peso por ningún lado. Visto en la distancia del tiempo, la agrupación parece haber sido una propuesta creada desde la UE para rivalizar con el enfoque propuesto por Trump en su momento, queriendo superponer al enfoque retórico confrontativo del otrora Presidente de los EEUU una iniciativa que buscara conciliar con el chavismo mediante diálogos y otros vericuetos que nunca han dado resultado en Venezuela.

Ahora bien, el propio cumplimiento de las sanciones de la UE ha sido puesto en duda. Basta recordar el bochornoso incidente protagonizado por el Ministro del gobierno del PSOE y Podemos, José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Ambos se entrevistaron en Barajas a comienzos del año pasado, momento en el que Rodríguez ya estaba incluida en las listas de sancionados de la UE. Allí es cuando uno se pregunta: ¿a qué estamos jugando? 

La ida de la señora Brilhante del país ha suscitado mucho ruido y pocas nueces, como es habitual en estos casos. El Consejo de la UE ha reaccionado, como siempre, a través de un comunicado, apuntando su disconformidad con la actitud de Maduro de designar a la representante europea como persona non grata: “La UE considera esta declaración totalmente injustificada y contraria al objetivo de la UE de desarrollar relaciones y crear asociaciones en terceros países”.

En España, por ejemplo, el gobierno de Sánchez convocó al Encargado de Negocios del régimen chavista, Mauricio Rodríguez Gelferstein, para hacerle saber su “decepción” ante el comportamiento adoptado en el caso de Isabel Brilhante, señalando además que las actitudes de Maduro “no favorecen que se concrete el interés de España y de la Unión Europea de ser actores constructivos en la salida de la crisis”.

Todo remite a la guerra de comunicados de siempre, esa en la que el tiempo se dilata ad infinitum y Europa, amén de esgrimir un programa de sanciones, luce inmovilizada y con pocas ganas de protagonizar acciones de mayor vuelo contra Maduro. La persistencia en un enfoque en el que se asume al chavismo como un actor político normal, supuesto a hacer concesiones en mesas de diálogo y procesos de negociación con la oposición, extravía cualquier propósito de buena intención del organismo europeo en la resolución de la crisis del país caribeño, si es que éste realmente existe.

La persistencia en perpetuar a un Grupo de Contacto que no ha dado resultado alguno en más de dos años de funcionamiento, y hacerlo además bajo el enfoque de que –por obra y gracia del Espíritu Santo y de unas sanciones que ni siquiera son cumplidas a cabalidad– el chavismo tomará de repente la resolución de permitir elecciones libres y justas en Venezuela es, cuando menos, ilusorio.

No es descartable que en medio de este “toma y dame” de micrófonos y de tinta sobre el papel, la embajadora Brilhante incluso vuelva a Venezuela en un futuro cercano, eso para ser luego expulsada nuevamente del país. Todo en medio de un ambiente caracterizado por la inercia y la estabilización del régimen chavista en el poder.

¿Se ha acabado acaso el tiempo de Venezuela como tema de moda en la “comunidad internacional” y en la Unión Europea? 

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