El escándalo desatado a partir de la decisión de la administración socialcomunista de Pedro Sánchez de otorgar un rescate de €53 millones a la cuestionada aerolínea Plus Ultra no cesa.
Un breve ejercicio de memoria, acompañado del más elemental sentido común para unir cabos aquí y allá permite poner en evidencia una obscena y vieja relación entre los propietarios de dicha compañía y el régimen encabezado por Nicolás Maduro.
El 23 de mayo de 2018 el actual Presidente de la empresa, Fernando García Manso, viajó a Caracas para agradecer públicamente a la tiranía de Maduro los favores recibidos. En aquella oportunidad García Manso inauguraba con bombo y platillo junto al régimen chavista los vuelos que conectarían a Tenerife y Madrid con Caracas, y agradecía personalmente a Maduro por haber hecho posible la consecución del “proyecto” que, mediante el trabajo de Plus Ultra, permitiría tener un flujo constante de pasajeros entre Venezuela y España.
En palabras textuales del Presidente de la compañía, las expectativas eran muy altas: “Lo más importante es el proyecto que va a venir, que con la ayuda de las autoridades de Venezuela vamos a desarrollar (…) Un proyecto que sea básico para Venezuela, que cumpla con todas las expectativas que ellos tienen de una nueva aerolínea y que seamos capaces algún día de devolverles el favor”.
No hay que perder de vista que aquellas declaraciones del Presidente de Plus Ultra en Caracas se produjeron justo tres días después de que Maduro llevara hasta el final una elección fraudulenta en la que se impuso -sin candidaturas rivales reales- como Presidente reelecto de Venezuela para un nuevo período de gobierno. De antemano este proceso había sido desconocido por la propia Unión Europea (UE), que había abogado por su suspensión, en tanto “no garantizaba unas elecciones justas”.
Sin embargo, esta empresa nunca se detuvo en el aspecto de que estaba haciendo “negocios” con un gobierno ilegítimo, desconocido por la propia UE y que utilizaba mecanismos arbitrarios para preservar el poder. Eso no impidió en ningún momento a sus propietarios el seguir adelante con la ceremonia de inauguración de los vuelos en 2018.
Ahora bien, ¿a qué favores aludía aquella declaración pública de García Manso? Las interpretaciones a esta altura pueden inclinarse a pensar en cualquier tipo de esquema poco transparente desde el punto de vista financiero en la fundación y sostenimiento de dicha empresa. Sobre todo al saber que casi la mitad de las acciones de Plus Ultra están en manos de una sociedad encarnada en los venezolanos Rodolfo Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles –todos de dudosa reputación–, a través de una firma llamada Snip Aviation.
Un reportaje del portal de periodismo de investigación Armando.info, señala que realmente detrás de estos tres nombres está uno más importante: Camilo Ibrahim Issa. Un venezolano de origen árabe con amplias vinculaciones al régimen de Nicolás Maduro a través de personas como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y la propia primera dama de Venezuela, Cilia Flores.
Ibrahim, quien llegó a establecer varias sociedades en Venezuela y Panamá con Reyes y El Arigie, habría hecho mucho dinero con distintas empresas favorecidas por la asignación de dólares preferenciales (sujetos al control cambiario) del régimen chavista, como por ejemplo la marca española de ropa Zara, cuyas operaciones en el país sudamericano fueron compradas por este empresario.
En 2017 se le vinculó además a un caso por corrupción en el famoso programa chavista de reparto de alimentos mediante Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); escándalo en el que también figuró una ficha clave del chavismo detenida hoy en Cabo Verde y requerida por los Estados Unidos por lavado de dinero (entre otros delitos): Alex Saab.
Plus Ultra se planteaba como una compañía de aviación comercial muy ambiciosa al inicio de sus operaciones en Venezuela. En abril del 2018 el Vicepresidente de la empresa, Julio Martínez, señaló que habían hecho un amplio estudio sobre las condiciones del país, por lo que “ya hemos fletado o hemos comprado, mejor dicho, tres aviones más que se incorporarán en el año 2019 para volar todos los días a Caracas desde Madrid”.
Al día de hoy la capacidad operativa en general de la aerolínea es absolutamente penosa: actualmente tienen menos de 300 empleados en nómina y solo un avión en pleno funcionamiento, aunque en su página web afirmen tener sucursales en España, Venezuela, Ecuador y Perú.
Se trata de una empresa que más allá de contravenir la versión de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero (no es “relevante” ni “estratégica”), es una compañía sostenida sobre capitales vinculados al más espantoso proceso de corrupción de las mafias chavistas, favorecidas a expensas del empobrecimiento del pueblo venezolano.
