Se repite estos días con insistencia que VOX buscó violencia en Vallecas porque le beneficia. Si esto fuera tan evidente entonces conviene preguntarse por qué sus enemigos le harían tal favor. No lo parece teniendo en cuenta que la mayoría de medios en la izquierda -y alguno en el centro y hasta el propio ABC- arrebata la condición de víctima a Abascal al que responsabiliza de la lluvia de piedras. Aunque a corto plazo la violencia tuviera un efecto positivo para el que la sufre -saldremos de dudas el 4 de mayo- sí está demostrado que a largo plazo el ataque físico, la coacción y la estigmatización del rival siempre favorecen a quien los ejerce. Por más que la corrección política lo niegue la violencia es un arma revolucionaria que suscita jugosos réditos políticos. Una estrategia a largo plazo de demonización del adversario en todos los ámbitos públicos -parlamento, calles, medios de comunicación y aulas- genera un clima adverso prácticamente imposible de revertir. Hay numerosos ejemplos en España y fuera de nuestras fronteras.
El caso más cercano y evidente es ETA y los separatismos vasco y catalán. La violencia sistemática ejercida por la banda terrorista desde 1968 con el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines hasta el último en marzo de 2010 del gendarme Jean-Serge Nerin ha sido rentable. Para empezar, ha convertido la región vasca en un feudo nacionalista inexpugnable en apenas unas décadas. La vía de las bombas y pistolas etarras siempre fue acompañada de otro nacionalismo, el institucional, más sibilino, pues jugaba a la equidistancia en cada atentado al tiempo que tendía la mano a Madrid para llegar a acuerdos. Este cálculo no era ninguna tontería: los encapuchados practicaban el tiro en la nuca y los señoritos de Neguri avanzaban por la grieta abierta al Estado. Un chantaje que nadie ha explicado mejor que el histórico presidente del PNV, Xabier Arzalluz: “No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan; unos sacudan el árbol, pero sin romperlo para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Por más que los grandes partidos españoles condenaran la violencia, cada atentado suponía un paso más en la retirada del Estado de las provincias vascas. Prueba de ello es que ni siquiera el paréntesis del gobierno de coalición PSOE-PP presidido por Patxi López en 2009 sirvió para reconducir la hegemonía separatista en escuelas y medios. Poco o nada se hizo en un clima de permanente amenaza.
La violencia física que sufrieron mayoritariamente policías y militares y después políticos y civiles iba acompañada de la coacción a otros sectores de la población como empresarios y funcionarios públicos. Se trataba de una especie de goteo para minar la moral y convertir en heroicidad algo tan natural como manifestar opiniones en público favorables a la unidad de España. Por eso, medio siglo después del primer atentado de ETA los partidos nacionales en el País Vasco tienen dos opciones: pasar por el aro del consenso separatista a cambio de que te dejen vivir o exponerte al terrorismo callejero y el señalamiento en instituciones y medios. Los años de violencia son los responsables de que hoy la oposición sea más débil que nunca y Bildu, el partido de ETA, la segunda fuerza en el parlamento vasco y tenga grupo propio en el Congreso.
Lo mismo sucede en Cataluña, donde la violencia e impunidad separatistas han condicionado los discursos de los partidos hegemónicos desde 1978: PP y PSOE. Si los primeros apenas tienen representación en el parlamento autonómico, los segundos (con las siglas PSC) consideran que en España hay ocho naciones, tal y como dijo Iceta en una evidente aceptación de los postulados separatistas.
Claro que en Cataluña la violencia no es monopolio del separatismo. La extrema izquierda y el movimiento antisistema también han crecido notablemente a causa de su extraordinaria presencia en la vía pública, como bien sabe Artur Mas. En junio de 2011 el presidente catalán y la presidenta del parlament, Nuria de Gispert, accedieron en helicóptero a la cámara debido al cerco que ‘los indignados’ sometieron al edificio. Lo ocurrido en Barcelona era una réplica del movimiento 15-M surgido en la Puerta del Sol de Madrid el mes anterior. Fue el inicio del acoso a instituciones y políticos a través de los escraches. Apenas tres años después varios profesores de la Universidad Complutense liderados por Pablo Iglesias fundaron Podemos, partido que liquidó el 15-M asumiendo la violencia como forma legítima de hacer política. “Los escraches son el jarabe democrático de los de abajo contra los de arriba”, afirmó Iglesias. Lejos de perjudicarle electoralmente aquel discurso radicalizado le catapultó hasta los 69 escaños en diciembre de 2015.
Otro episodio destacado es el golpe de Estado separatista catalán del 1 de octubre de 2017. El referéndum de independencia celebrado ese día jamás se hubiera producido sin la enorme movilización separatista que desde hacía años inundaba las calles de las principales ciudades catalanas. La atmósfera de violencia callejera fue posible tras décadas de señalamiento y persecución a todo disidente al nacionalismo. Declarado en rebeldía el presidente Puigdemont, el Gobierno central no tuvo más remedio que recurrir a los antidisturbios para restablecer el orden en la región. Un año después, en el primer aniversario del golpe secesionista, el presidente Quim Torra se dirigió a los CDR con el inequívoco “apreteu, apreteu” ante el riesgo de que el suflé separatista se viniera abajo por la frustración de no haber logrado la independencia, la fuga de Puigdemont y el encarcelamiento por sedición de los golpistas.
Desde luego, al otro lado del Atlántico también abundan los ejemplos de rentabilización de la violencia. Chile sufrió fuertes protestas durante octubre y noviembre de 2019 que exigían cambiar la Constitución. El balance del mes de movilizaciones fue desolador con 36 muertos en las calles, la destrucción de buena parte de la red de metro de Santiago, quema de autobuses y el saqueo de supermercados y locales comerciales. La espiral de violencia dejó contra las cuerdas al presidente Sebastián Piñera, que tuvo enfrente a la mayoría de partidos de la izquierda y sindicatos. La presión en las calles logró un éxito histórico: un proceso constituyente a través de un referéndum o plebiscito nacional que se celebraría un año después. El resultado fue apabullante: el 78% de los votantes se mostró partidario de modificar la Constitución.
Otro de los episodios más recientes ha sido la aprobación del aborto en Argentina. El pasado mes de diciembre el Senado legalizó el aborto hasta la semana 14 cuando dos años antes lo había rechazado. El camino para lograr el cambio de legislación, por supuesto, estuvo sembrado de violencia. La ‘marea verde’ feminista movilizada para presionar en la legalización del aborto puso en el punto de mira a la Iglesia Católica llegando incluso a atacar templos y quemar imágenes religiosas. El carácter violento de estas protestas no es exclusivo del movimiento feminista argentino, pues su homólogo en Chile, México, Perú o Colombia comete tropelías semejantes. Valgan estos ejemplos y los muchos que hay en la historia (¿habría triunfado la revolución francesa sin la guillotina?) para comprender que la violencia política es un arma disuasoria mucho más poderosa que las urnas. El efecto sobre el enemigo es demoledor: primero se le convence de que no es víctima sino culpable, luego se le desmoraliza y finalmente se le destruye.
