La propuesta de reformas a la Ley Electoral presentada por el régimen sandinista cayó como un balde de agua a los diferentes grupos de la oposición.
Lejos de contribuir a la realización de comicios libres, transparentes y creíbles –y de cumplir el mandato de la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)– la “reforma” ha creado un cerco de restricciones para inhibir a los candidatos en su derecho de participar y de ser elegidos.
Siete meses antes de las elecciones presidenciales el sandinismo presentó el proyecto de reformas y anunció “cambios” de magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), integrado por siete propietarios y tres suplentes.
Ambos procesos –reformas electorales y elección de magistrados–, fueron llevados a cabo por Ortega y la Asamblea Nacional, que el dictador controla con 71 de los 92 votos, más los de sus aliados.
El proyecto de reformas incumple el mandato de la Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 22 de octubre de 2020, sobre las necesarias reformas para un proceso electoral justo y equitativo, estableciendo como fecha límite para las mismas el 30 de mayo de 2021.
Las “reformas electorales” que pretende aprobar el parlamento no solo ponen en riesgo la participación de los candidatos, sino que la oposición contemplaría no participar en las elecciones –si bien intentarán restablecer su derecho de contender y el de los nicaragüenses a poder elegir–.
Según la reforma, no podrían inscribirse como candidatos aquellos que el régimen sandinista considere “golpistas”, como llaman Ortega y su esposa a los nicaragüenses que participaron en las protestas durante el estallido social de abril de 2018. Esa crisis dejó un saldo superior a los 300 muertos producto de la represión gubernamental.
El candado
La “propuesta” legislativa en su artículo 81 establece que no pueden ser inscritos como candidatos quienes no llenen las “calidades”, tuvieren impedimentos o les fuere prohibida su aspiración de conformidad con la Constitución, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, o la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Ambas leyes fueron aprobadas durante el último trimestre de 2020.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros sanciona con multas, intervención de bienes o activos y la cancelación de las personerías jurídicas a los organismos no gubernamentales (ONG) que intervengan en la política interna del país. Mientras que la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, está dirigida a inhibir a los adversarios políticos de Ortega a participar por cargos de elección popular.
También prohíbe a los partidos políticos recibir financiamiento y donaciones privadas o públicas provenientes del extranjero.
A los partidos políticos les impide incurrir en gastos que, según el régimen, “menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, demanden la aplicación de sanciones económicas en perjuicio del Estado y pidan intervenciones militares”.
En la reforma, los sandinistas establecen sanciones contra funcionarios electos que cambien de “opción política”; suprimen el requisito de obtención del 4% de los votos válidos para el reembolso de gastos en el contexto de las campañas electorales y crean un nuevo artículo dirigido a la asignación de casillas a nuevos partidos políticos.
Los posibles inhibidos
Al menos 7 de los 10 precandidatos que han anunciado su postulación podrían quedar fuera de la contienda como: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, George Henríquez, Félix Maradiaga, y María Eugenia Alonso, que se sumaron a las protestas contra el régimen o han estado vinculados a organismos no gubernamentales.
Los tres precandidatos de la oposición que podrían correr en las elecciones son: Arturo Cruz, Luis Fley, y Noel Vidaurre.
Reacciones
Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), calificó como una burla al pueblo de Nicaragua la reforma electoral.
“Lejos de contribuir a la democracia y a un proceso electoral transparente, lo que está haciendo es insultándonos a todos con una propuesta de reforma que ni siquiera es cosmética, porque realmente lo que hace es restringir los derechos de todos los nicaragüenses”, acotó.
“Otra aberración que contiene esta iniciativa de reforma es que ahora el CSE controla absolutamente todo y el control lo están haciendo incluso en los Registros Municipales de las personas porque ahora pasa al ámbito del poder electoral y se los quitan a las alcaldías”, subrayó.
“Prohíbe además el uso de celulares en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) ¿cómo vamos a transmitir resultados para que los partidos podamos llevar un conteo rápido? Debemos tener celulares en los centros de votación”, agregó la dirigente.
La precandidata presidencial Cristiana Chamorro dijo que con la reforma electoral Ortega “está prácticamente cancelando las elecciones, esta impidiendo desde ya que haya un cambio por la vía electoral”.
“Las condiciones en vez de mejorar se agravan, está confirmando un Estado de represión policial sobre nuestro derecho a elecciones legitimas y creíbles. Esta Ley suspende la observación internacional, apunta a inhibir a los candidatos a controlar nuestros votos y volver a imponerse por encima de la voluntad popular”, dijo.
“Lo que ha presentado la Asamblea Nacional no son reformas electorales, son más restricciones para que el pueblo unido no pueda ir a elecciones en libertad y con transparencia y poder cambiar este sistema dictatorial hacia una democracia en libertad, son más mecanismos para quitarle la voz a la ciudadanía y mantener a Nicaragua secuestrada en un estado de sitio permanente intimidando a la población”, subrayó.
Chamorro asegura que no ha valorado su posible inhibición porque “tengo derecho a participar, todos los nicaragüenses tenemos derecho, nadie te puede arrebatar un derecho constitucional.
El precandidato presidencial Arturo Cruz, afirmó que el régimen está terminando de convertir al Consejo Supremo Electoral en un pelotón de fusilamiento para coartar el “derecho a elegir y ser electos. No lo podemos permitir”, afirmó.
Cruz propone invitar a personalidades del mundo de la política para que sirvan de garantes en los comicios como los expresidentes estadounidenses George Bush y Barack Obama; el exsecretario de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, un representante personal del actual secretario de la ONU, Antonio Guterres, “sumado a los esfuerzos de la secretaria general de la OEA, para que cumplan el papel de garantes de nuestro próximo proceso electoral y garanticen una transición pacífica y ordenada del poder”, acotó.
