Las víctimas de las FARC exigen justicia, no aceptarán impunidad

AUNQUE LAS FARC CAMBIEN DE NOMBRE, LA ESENCIA PERMANECE

Dos años y medio después de la firma de los Acuerdos de Paz se dio la primera imputación de cargos a los principales dirigentes de las FARC por toma de rehenes y grandes privaciones de la libertad por parte de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Secuestros en los que, según el mismo ente, las víctimas fueron tratadas como cosas, animales o mercancías.

Tienen dos alternativas: reconocer de manera total –algo que abre camino a las sanciones dispuestas– o acogerse a la apertura de un juicio criminal. Los imputados afirmaron que revisarán los temas pertinentes con sus abogados para dar declaraciones en los próximos días.

Ingrid Betancourt, excandidata a la presidencia de Colombia y víctima de secuestro de las FARC del 23 de febrero del 2002 al 2 de julio del 2008, afirmó en una entrevista: “las víctimas tenemos que pedir la pena máxima y esa pena máxima es una pena de limitación de libertad”, además agrega, “paz no puede ser equivalente a impunidad, tiene que haber un castigo y ese castigo tiene que ser el máximo”.

Ante la pregunta de perder su curul, la excandidata presidencial comenta que “silenciarlos y quitarles la posibilidad de expresar su visión política generaría heridas profundas porque equivaldría a una traición a lo que se acordó” y señala que es el tribunal de paz el que debe decidir.

Hace poco más de un año, Betancourt envió una dura carta a la JEP, específicamente a la magistrada que lleva el caso, donde apuntaba denuncias como que “las FARC presentan el secuestro como una actividad regulada por ellos mismos con lo cual invierten la responsabilidad del delito. Así pues, según ellos, mis intentos de fuga los obligaron a encadenarme y a someterme a otros castigos que mencionan parcialmente. Olvidan que yo estaba en derecho de buscar recobrar mi libertad”.

Agregó que “no les corresponde a las FARC expedir certificados de buena conducta sobre sus víctimas. Ni a nosotras conformarnos con que lo hagan”.

Por otro lado, Clara Rojas compañera de secuestro de Ingrid Betancur cuya privación de la libertad fue del 23 de febrero de 2002 al 10 de enero del 2008, agrega que los imputados sí deberían renunciar a su curul en el congreso de la República por simples cuestiones éticas. Agrega que la primera obligación que los dirigentes de las Farc tienen como ciudadanos es someterse a la justicia.

“Cuando hablamos de construcción de país, finalmente a todos nos toca una cuota de sacrificio”, dijo la ex rehén.

Desde su secuestro hasta hoy han pasado 20 años y la justicia apenas pareciera llegar.

Por su parte el coronel Mendieta, víctima de secuestro de las FARC, señala que se le debe exigir a la guerrilla contar la verdad porque hasta el momento no lo han hecho.

Es imposible olvidar el testimonio que dio Ingrid Betancourt ante la JEP en 2018, donde relató una a una las memorias dolorosas de los actos misóginos, despiadados y completamente degradantes a los que fue sometida por cuenta de la guerrilla de las FARC.

Es aún más difícil obviar los crudos pasajes del libro de Clara Rojas “Cautiva”, la separación forzosa que tuvo de su bebé al nacer, los maltratos y la mezquindad.

Gloria Polanco sufrió las despiadadas agresiones del secuestro del 26 de julio del 2001 al 27 de febrero del 2008. Luis Eladio Pérez estuvo privado de la libertad y sometido a duras torturas del 10 de junio del 2001 al 28 de febrero del 2008.  Libio José Martínez estuvo secuestrado desde el 21 de diciembre de 1997 y fue asesinado por los criminales de las Farc el 26 de noviembre del 2011.

Esos y muchísimos más colombianos que, de una u otra forma, padecieron las consecuencias de un país desangrado por años y cuyos agresores no han pagado un solo día de pena, pero sí han tenido acceso a una de las instituciones más sagradas de la democracia: el congreso.

Hasta la fecha se han identificado 21.396 víctimas de secuestro. No se han entregado completamente las armas, ni se ha dicho la verdad. Líderes de gran peso siguen en el narcotráfico. Al guerrillero raso, ese que fue víctima de reclutamiento infantil forzoso, es al que peor le va.

Así jamás se aplanará realmente un terreno digno para la reconciliación.

No hay “extintas FARC”. Maquillar la realidad con palabras pomposas en vez de llamar los crímenes por su nombre, no cambiará la realidad. Podrán cambiar su partido político de “FARC” a “Comunes”, pero la esencia siempre estará allí, al igual que el recuerdo de décadas de sufrimiento que aún no terminan.

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