'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Presentado por dos congresistas federales en Estados Unidos

Ley Renacer: el látigo de sanciones que persigue a Daniel Ortega

Mayo es un mes decisivo para Nicaragua, se cumple el plazo otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para la realización de las reformas electorales; deben ser electos los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y aprobar las reformas a la ley electoral que anunció en abril el régimen de Daniel Ortega.

En dependencia del contenido aprobado en esas reformas, la oposición deberá definir si participa en las elecciones en las que por octava ocasión Ortega se presentará como candidato presidencial. No ha habido otro en el Frente Sandinista desde 1984.

Pero mientras se define la situación de cara a las elecciones en Nicaragua, dos congresistas federales en Estados Unidos, María Elvira Salazar, y Albio Sires, presidente del subcomité del hemisferio occidental, seguridad civil, migración y política económica internacional en la Cámara de Representantes, presentaron el viernes una propuesta de ley de sanciones dirigida al régimen sandinista. El proyecto “Reforzar la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021”, es conocido como Ley Renacer.

Se trata de la versión similar a la presentada por el senador Bob Menéndez, presidente del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, el pasado 25 de marzo. La iniciativa ya se encuentra en ambas cámaras legislativas.

El cumplimiento de las reformas Ortega lo ha dejado para última hora, en el mismo mes en que el CSE debe convocar a elecciones. El 7 de mayo debería de arrancar oficialmente la campaña, la ley electoral establece que ese proceso debe realizarse seis meses antes de las elecciones, los partidos políticos deben conocer para entonces el calendario electoral.

En el límite de tiempo, el dictador aparenta “cumplir” con la reforma y el cambio de magistrados, el fin de llevar hasta el último momento todos los procesos es inhibir candidatos que permita sin mucho margen la reacción para la oposición que desde ya no participa en igualdad de condiciones.

Y Aunque tiene pocas posibilidades de ser electos debido a que la selección de magistrados está en manos de Ortega y la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo y sus aliados, la oposición presentó una decena de candidatos a magistrados al CSE el 29 de abril. 

La comisión de ‘mudos

La primera secretaría del parlamento ya tiene el “dictamen” de reformas, elaborado por la Comisión Especial de Asuntos Electorales, que solo dos días antes de “elaborar” el dictamen recibió a la oposición. 

El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) presentó 25 objeciones con sus respectivas propuestas a la reforma anunciada por el régimen, pero la respuesta de la comisión parlamentaria fue casi total silencio. Apenas uno de los parlamentarios atinó a decir que “había voluntad política” de escuchar.

“No podría decirles cuál es el resultado, porque fuimos ante una comisión de mudos, nadie hablaba, básicamente lo que hicieron fue agradecernos que habíamos llegado”, dijo Kitty Monterrey, presidenta de CxL al salir del edificio de la Asamblea nacional.

El día 29, la presidenta de esa comisión, la diputada sandinista Auxiliadora Martínez, anunció de la entrega del “informe” sobre las 44 candidaturas para magistrados electorales, y del dictamen del proceso de “consultas” sobre las reformas electorales. 

“Hemos elaborado nuestro informe que considera que todos los candidatos presentados reúnen los requisitos establecidos en la Constitución Política para el cargo de magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral. Este informe vamos a presentarlo el día de hoy a primera Secretaría y la junta directiva lo pondrá en agenda y será el plenario quién decida si alguno de estos 44 candidatos son los futuros magistrados del Consejo Supremo Electoral”.

Ahora les corresponde a los diputados “aprobar” las reformas que la comunidad internacional ha demandado por años a Ortega para la realización de elecciones libres, justas y creíbles. Ese proceso podría realizarse en las dos primeras 

El analista político Bosco Matamoros, las acciones de Ortega son un mensaje claro que ha generado una crisis sin precedentes en el país, que evidencia que la autoridad y la ley se identifica alrededor de la figura de Daniel Ortega.

“Esto es una crisis integral, crisis de valores, de voluntad política y es una crisis de oportunismo nacional que se está llevando, que para los mismos estándares nicaragüenses son sorprendentes”, apuntó.

“En este proceso tiene que haber una voluntad política de parte del régimen si quiere que haya una apretura al Consejo Supremo Electoral porque es bien sabido que todo el organismo esta controlado por el Frente Sandinista, y si eso lo vemos desde un punto de vista estructural los cambios de las personalidades van a tener un efecto marginal en la manera cómo opera el CSE desde la Junta Receptoras de Votos, la Junta Receptoras Departamentales, y los niveles intermedios”, señaló.

“El CSE está estructurada por el FSLN ¿Qué pueden hacer los que resulten electos? Un modo diferente de contar los votos, de calificar las elecciones, o van a ser colaboracionistas e individualmente se van a desacreditar. Estructuralmente se mantiene la crisis de credibilidad”, subrayó Matamoros.

Sires, un influyente congresista demócrata dijo Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar elecciones libres, justas y competitivas. 

Las sanciones de Renacer

El proyecto legislativo se basa en el texto de H.R. 1918, la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua de 2018, conocida como Nica Act, promulgada por la administración del presidente Donald Trump. 

La iniciativa Renacer establece sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021, coordinaría sanciones con Canadá y la Unión Europea, y reforzaría las “excepciones humanitarias y de derechos humanos” para tener acceso a préstamos de instituciones financieras internacionales. 

El proyecto también propone ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales.

La iniciativa también ordena la elaboración de informes clasificados sobre la corrupción de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega; la injerencia rusa en Nicaragua, e informes no clasificados sobre abusos a los derechos humanos y la persecución del régimen de Ortega a medios independientes en Nicaragua”. 

“Debemos implementar una estrategia diplomática orientada a resultados, en coordinación con nuestros aliados, que alinee las sanciones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del régimen de Ortega de utilizar la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas electorales. Me enorgullece unirme a colegas de ambos lados del pasillo para presentar esta legislación, que se basa en la Ley NICA que redacté con mi buena amiga Ileana Ros-Lehtinen y que se convirtió en ley en 2018. Al igual que con la Ley NICA, este proyecto de ley demuestra al pueblo nicaragüense que nunca dejaremos de luchar por ellos hasta que sus voces sean escuchadas,» dijo Sires.

La congresista Salazar se pronunció a favor de “aumentar la presión sobre el régimen de Ortega y responsabilizarlos por sus acciones canallas”.  “El régimen brutal de Daniel Ortega está hostigando, persiguiendo y reprimiendo al pueblo nicaragüense para evitar una elección presidencial libre y justa en noviembre», dijo la legisladora republicana.

“¡Siempre debemos apoyar a los valientes hombres y mujeres que luchan por la libertad, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua!”, afirmó.

Unos 30 funcionarios de la dictadura, familiares y empresas obtenidas por los Ortega-Murillo al amparo del poder han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. 

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