Iván Duque las tiene todas en contra. Lo que ha pasado con su gobierno durante la última semana parece más la lápida de una sepultura política que otra cosa. Puede que Duque termine su mandato en el 2022, cuando se prevé que se realizarán elecciones presidenciales en Colombia, o puede que se desate una crisis política de tal calibre que no le quede otra que renunciar a la Primera Magistratura; pero el caso es que las señales son demasiado claras, y nos hablan de vastos sectores de las élites y de la sociedad colombiana que han decidido crucificar al joven presidente, poniéndolo a pagar culpas propias y ajenas, reales y ficticias, en una operación que claramente es de acoso y derribo.
Las jornadas de protestas encarnadas en el “Paro Nacional” ya han dejado, según cifras que maneja la propia Fiscalía y Defensoría del Pueblo, 26 fallecidos. La cosa no termina allí, puesto que las refriegas que han protagonizado manifestantes y cuerpos policiales, también habrían decantado en la desaparición de personas. Los datos más conservadores apuntan a cerca de un centenar de desaparecidos, mientras que organizaciones de defensa de Derechos Humanos han denunciado que en los últimos 9 días habrían desaparecido sin dejar rastro unas 380 personas.
La motivación original de estas protestas consistía en mostrar rechazo a la Reforma Tributaria promovida por Iván Duque en semanas previas. El Presidente había señalado que los estragos generados por el Covid-19 en la economía colombiana eran tan profundos que había que adoptar modificaciones dentro de su esquema de pago de impuestos, para así preservar las políticas de seguridad social que hasta ahora había promovido el gobierno y que estaban dirigidas esencialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Así surgió la idea de echar adelante una «Ley de Solidaridad Sostenible» que, en resumidas cuentas, buscaba exigir el pago de impuesto sobre la renta a un mayor número de colombianos, ubicados fundamentalmente dentro del espectro de la clase media, así como una modificación dentro del régimen del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en algunos servicios.
El proyecto tenía un corte típicamente socialdemócrata, en un esquema progresivo (con el clásico enfoque de que mientras más ganas, más impuestos te toca pagar). La idea al final del día era la de lograr de darle algo de aire a las golpeadas arcas del Estado y recaudar hasta 6 mil millones de Euros a partir de su puesta en marcha. Sin embargo la idea nunca tomó vuelo: fue criticada casi por toda la sociedad colombiana. En el mundillo político la derecha la veía como una reforma de corte socialista, mientras que la izquierda la crucificó porque le metería la mano en los bolsillos a los trabajadores y haría más pobres a todos los colombianos.
Duque no aguantó los embates de las protestas y después de un par de días de presentar su propuesta de reforma tributaria en sociedad, decidió retirarla y convocar un proceso de diálogo y consultas con distintos sectores del país. Con los enfrentamientos en las calles no ha pasado lo mismo; incluso podría pensarse que luego de que el Presidente haya decidido dar un paso atrás, los protestantes incluso se han envalentonado.
El vandalismo ha cobrado pleno cuerpo dentro de unas manifestaciones que, bajo el argumento de que la policía se ha tornado absolutamente hostil y represiva, se ha dado paso a escenarios en los que es habitual ver a comisarías ardiendo en llamas o comercios saqueados a diestra y siniestra. Solamente la noche del 4 de mayo se estima que fueron quemados unos 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI) solamente en Bogotá. Los CAI son pequeñas comisarías de policía que tienen presencia en todo el territorio nacional.
Ahora se dice que las protestas no cesan porque, más allá del parón a la iniciativa oficialista para reformar el régimen tributario del país, se han cometido innumerables desmanes contra la población civil en medio de la contención y disuasión de las manifestaciones. Siendo este el nuevo argumento que esgrimen en las calles los manifestantes para no abandonarlas y pedir directa o indirectamente la cabeza del Presidente y de todos los que le acompañan en el gobierno. Otros, que miran más allá de los abusos policiales, parecen enviar el mensaje de que, aunque es joven, Duque al final de cuentas es el emblema del uribismo y de cierto establishment político colombiano, y eso hay que tumbarlo, porque sí.
En un contexto complejizado, en el que se estima que la pandemia generó una caída de hasta un 6,8% en el PIB colombiano en 2020, con un índice de desempleo que ronda el 20%, Duque trató de sacrificar la poca popularidad que podía quedarle, embarcándose en su intento de reforma tributaria. Pero había poco o nada que hacer. La cruz a cuestas es gigante.
En medio de todo ello la izquierda ha olido sangre. Una encuesta publicada días atrás ya señalaba que el ex guerrillero Gustavo Petro había subido como la espuma, colocándose en el primer lugar de preferencias de los electores frente a los eventuales comicios presidenciales del año próximo, con un 38,3% de intención de voto. Lo secundaba el centro-izquierdista y ex Alcalde de Bogotá, Sergio Fajardo, con apenas el 15,9%. En tercera posición aparecía la Vice-Presidenta de Duque y líder del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, con un 11,8%. El Uribismo, entendido como la corriente del gobernante Centro Democrático, ni siquiera tiene un candidato propio definido de cara a esa cita electoral.
Gustavo Petro pretende cabalgar sobre la crisis y aprovecharla al máximo, como siempre hace la izquierda en estos casos. Si la sociedad colombiana se montó -queriendo o sin querer- en una operación de todos contra Duque –porque el Presidente es el símbolo de un sistema que hay que purgar de cabo a rabo–, allí está Petro para erigirse como pieza de recambio y mesías salvador de los oprimidos y los abandonados por la política tradicional, sus líderes y sus partidos.
¿Se puede pensar que incluso las protestas han sido infiltradas por componentes de esa izquierda despiadada que atiende a fines y no a medios a la hora de procurarse el poder? Por supuesto. Aunque el hastío de la sociedad colombiana por un sistema que fue arbitrado hasta hace nada por dos partidos y que luego ha pasado a orbitar entre el uribismo y el antiuribismo puede ser real; su potenciamiento a través de la creación de episodios de caos extremo siempre será un terreno fértil para los comunistas y ex guerrilleros colombianos. En días recientes un diputado de la bancada de las FARC en el Congreso lo dejó muy claro, cuando llamaba a la gente a volcarse a las calles para crear “una revolución molecular” para construir el socialismo en el país latinoamericano.
En toda su vida democrática Colombia no ha sido tocada por los oprobiosos regímenes de la izquierda pura y dura. Durante años, y pese a las desigualdades económicas que son típicas en los países de la región, ha logrado sobreponerse a la violencia y crear un espacio más o menos vivible para sus ciudadanos. Sería un despropósito que esa herencia y su tradición democrática sean echadas por la borda. Pero tal parece que el camino al infierno ya ha comenzado y contempla, en principio, la crucifixión de Iván Duque, sí o sí.
