A raíz del pedido hecho por el presidente Alberto Fernández para que se ejerza un “control cruzado” entre los distintos poderes del Estado, el oficialismo avanzó aún más y anunció que impulsará la creación de una comisión bicameral parlamentaria para «investigar e interrogar a magistrados».
La primer iniciativa sobre el tema surgió del senador kirchnerista, Oscar Parrilli, después de conocerse los planteamientos realizados por Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional.
“El presidente dijo que es el Poder Legislativo el que tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”, explicó.
Y prosiguió el hombre de confianza de Cristina Kirchner: “el presidente hizo una descripción muy cruda. No por nada la Justicia hoy tiene el descrédito que tiene en la Argentina. Es el poder del Estado más desprestigiado que existe. Esto se debe a causas que nunca se terminan, cautelares que terminan siendo definitivas, sentencias que duermen el sueño de los justos”.
“Lo que plantea Parrilli es un apriete político, una caza de brujas”, denunció el presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, desechando la propuesta del senador para que el Congreso ejerza un “control cruzado” entre los distintos poderes del Estado e investigue el accionar de los funcionarios judiciales a través de una comisión bicameral.
Recordemos que Parrilli fue precisamente uno de los pocos kirchneristas que se animó a subir su voz tras conocerse el reciente fallo contra el empresario Lázaro Báez, testaferro de la vicepresidenta. «A Lázaro Báez lo condenaron porque es morocho, amigo de Néstor Kirchner y no forma parte de los empresarios top”, afirmó en su momento.
En el Congreso, Alberto Fernández aprovechó la ocasión para reclamarle a los legisladores que trate y apruebe dos proyectos de reforma judicial que cuentan con media sanción del Senado y que son resistidos por la oposición en Cámara de Diputados. Uno es la reforma al fuero federal en el que amplía la cantidad de juzgados de los Tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con la unificación del fuero penal económico y una parte de la Justicia nacional de instrucción. “Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia”, arengó.
Desde la oposición, Pablo Tonelli, abogado constitucionalista, diputado e integrante del Consejo de la Magistratura, fue uno de los primeros que se expresó: “Si vuelven a insistir con disparates como los que planteó Cristina Fernández de Kirchner en 2013 sobre la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, la llamada democratización de la Justicia, no nos van a encontrar dispuestos a discutir”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales nacionales Carlos Rívolo, afirmó: «Si estas leyes prosperan queda un Ministerio Público Fiscal endeble, en donde investigar causas de corrupción va a ser imposible. En términos de tribunal de enjuiciamiento, para los fiscales se transforma en un pelotón de fusilamiento”.
Desde el oficialismo también se expresó el ministro del Interior, Wado de Pedro, otro de los hombres fuertes del Gobierno y un dirigente de extrema confianza de la vicepresidenta: «El Poder Judicial tiene que escuchar. O se transforman o se van de un poder que busca igualdad y justicia. Los jueces se transforman o llegó la hora de irse”.
En el mismo tenor, el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, respaldó también el proyecto para modificar el funcionamiento del máximo tribunal. “El problema está en la cabeza del Poder Judicial”, diagnosticó.
“La Corte resuelve los casos por puro corporativismo. No puede tolerarse un poder judicial al margen de la Ley y la Constitución. Es un poder judicial que en el siglo XXI mantiene los privilegios del siglo XIX. No rinden cuenta de sus actos, no publican ni siquiera sus declaraciones juradas los máximos miembros del Poder Judicial. El 90% ni siquiera paga los impuestos como el resto de los ciudadanos”, denunció.
Por su parte, también se expresó la abogada de Cristina Kirchner y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, quien sostuvo que “el control del Poder Judicial por parte del Congreso está dentro de la distribución de competencias. Tiene la facultad ni más ni menos que de revisar y al punto de remover -si llegara el caso- a los jueces de la Corte», aseveró la jurista del oficialismo.
Finalmente, los jueces expresaron su posición. Desde la Asociación de Magistrados le respondieron a la embestida del Presidente Alberto Fernández: «Avanzar con estas comisiones es absolutamente irregular e ilegítimo. Una comisión así es una locura. No creo que pueda haber una prueba más cabal de la violación de la división de poderes«, denunció su titular, el Juez Marcelo Gallo Tagle.
