El presidente Andrés Manuel López Obrador encontró la manera de comunicarse directamente con la gente, la forma de atenderlos y darles dinero. Esa gente es su base electoral, los que votan por él. Y ese puente son los brigadistas llamados “servidores de la nación”, que realmente hacen trabajo político de propaganda, pero con dinero de todos los mexicanos.
La nómina y gastos de operación de los Servidores de la Nación nos cuesta a los mexicanos $6 mil 104 millones de pesos, por año; unos €244,160, 000 de euros.
De esa cifra, $3 mil 696.4 millones de pesos se gastan sólo en nómina (€147,840,000 euros), considerando prestaciones; $662.6 millones de pesos por gastos de operación ordinaria (transportes, oficinas, teléfonos), unos €25,448,000 de euros. Por último, $1 mil 745 millones de pesos (€69,800,000 euros) están destinados para la construcción de los primeros Centros Integradores de Desarrollo (serán un total de 375 sucursales, oficinas que construye el gobierno para que los servidores atiendan peticiones) que contarán con cajeros automáticos del banco de Bienestar.
En México mucho se ha denunciado que los llamados “siervos” de la Nación, son en realidad operadores electorales de Morena. Sobre este tema el investigador Rafael Hernádez Estrada, cercano al PRD en México, ha escrito un libro que ya va por su segunda edición, en la que incluye nuevas revelaciones, de las que nos ocupamos aquí.
La obra se intitula “Servidores de la Nación. La operación política del Gobierno de la 4T”.
Para empezar, se trata de una estructura amplia: 21,300 personas, distribuidas en todo México. Su orden jerárquico está integrado por un coordinador general, que responde directamente a las órdenes de Presidencia. Se llama Gabriel García Hernández, y cobraría cerca de $156 mil pesos (€6300 euros), más prestaciones, según información de Hernández Estrada.
Luego siguen 32 delegados estatales, mejor conocidos como “superdelegados”. Ganan 122 mil pesos (€4952 euros), pero los cobran en la Secretaría del Bienestar.
Siguen 266 coordinadores regionales, que corresponden a los distritos federales electorales.
Este dato ya despierta sospechas: ¿por qué una estructura que en teoría es sólo para dispersar programas sociales tiene una distribución geopolítica basada en enfoque electoral? Se supone que el criterio es una política social enfocada a la pobreza, pero no es así, me comenta Rafael Hernández al teléfono.
Son 266 coordinadores regionales, porque así tienen siervos en los distritos electorales, y delegados estatales en las capitales. Puebla, por ejemplo, dice Hernández, es muy grande y ahí hay un solo coordinador regional. Lo mismo en Guadalajara, la capital de Jalisco.
“Se trata de una estructura electoral”, asegura el autor del libro. Esto no tiene un fundamento legal. El coordinador general y los estatales sí tienen un fundamento legal, por la reforma de 2018 a la Ley Orgánica de la administración pública federal. Pero nada más hasta ahí. Los regionales no, y los brigadistas tampoco.
A los servidores se les conoce también como “siervos” o brigadistas, o “vividores de la nación”, dice Hernández. Cobran 10,200 pesos, más prestaciones. Su titularidad aparece como “Enlace de servidores de la Nación”. El problema con no tener un fundamento legal que delimite sus funciones es que pueden hacer lo que quieran, opina.
Primero levantaron un Censo de Bienestar, en 2018, al inicio de la administración de AMLO, y durante 2019. Visitaron domicilios para detectar beneficiarios de programas de gobierno y fueron inscribiendo gente.
Ellos mismos entregan los apoyos. “Hay pagos en efectivo, tarjetas bancarias y órdenes de pago con cargo al banco”, describe el investigador. Tres bancos operan esta dispersión de fondos: Banco Azteca, Banorte, y Banca Afirme.
Cabe recordar que cuando AMLO fue a cenar con Trump, el 8 de julio de 2020, se llevó a 11 empresarios mexicanos, y entre ellos iban los dueños de esos primeros dos bancos: Ricardo Salinas Pliego, y Carlos Hank Rhon, respectivamente.
Los “servidores” son quienes van a los domicilios y entregan los apoyos en la mano de los beneficiarios que ellos mismos han definido. Esto, para supuestamente evitar corrupción…
Son 17 programas con los que se está apoyando a la gente. El presupuesto total es de 323 mil millones de pesos, al año, 12,920,000,000 euros.
Entre esos programas está el de apoyo a los jóvenes conocidos en México como “ninis”: que ni estudian, ni trabajan. Se les dan 3,600 pesos mensuales. En cambio, otro programa es el de becas para estudiantes universitarios, que a menudo, además de estudiar, trabajan. Pero sólo se les apoya con 2,400 pesos.
También se da apoyos a los adultos mayores y a los que siembran árboles (programa Sembrando Vida), algo que ha propiciado la deforestación, más que la reforestación, según reportes de la prensa, ya que como se paga por sembrar, primero los campesinos talan o queman lo que hay sus hectáreas.
En la investigación de Hernández Estrada, se recogen 5200 evidencias de irregularidades en la entrega de estos programas: fotos, textos, documentos, tomados de redes sociales en su mayoría, pruebas certificadas por la Oficialía Electoral del INE.
Ante todo esto, se formuló una queja presentada el 8 de agosto de 2019 ante el INE, e inició un proceso sancionador.
En diciembre de 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en relación a esa queja, declarándola fundada (SRE/PSC/071/2019 del TEPJF). 56 integrantes de la estructura de los “servidores” habrían violado la Constitución y habría habido un uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada, a favor del presidente.
Pese a darles la razón, la sentencia no señaló a AMLO como responsable. Y hasta el día de hoy, no lo ha resuelto esa instancia.
Otro punto, muy delicado, en el que participan sin fundamento legal los “servidores de la Nación”, es la vacunación. AMLO los comisionó para tal fin, dice Rafael Hernández, y ellos dirigen la campaña. Así, no es responsable el secretario de salud estatal en cada entidad, sino el mando centralizado que le reporta al presidente, a través de los “superdelegados”.
Además, la militarización en México va avanzando: hay soldados en cada punto de vacunación, entre el personal médico y los servidores.
Los siervos deciden el horario, el lugar, dónde y a quién se vacuna y a quién no. No los médicos, ni los soldados, sino los servidores. ¿Con qué criterio lo hacen? “Con el que inventan”, lamenta el investigador.
Hubo un escándalo que pone mal a México en el mundo. Porque se le ha negado la vacuna a los extranjeros. Se les obliga a mostrar su credencial del INE. Que por supuesto, no tienen.
Pero, eso sí, los 21,300 “siervos” ya estarían todos vacunados, sin que les corresponda de acuerdo al programa de vacunación, porque no son ni personal médico, ni, en su mayoría, adultos mayores.
