Según la página Jurispedia “muerte civil” en la antigua Grecia era el nombre de una medida legal consistente en considerar como si estuviese muerta a una persona viva. Una pena a través de la cual una persona condenada, dejaba de existir a efectos legales. En la práctica era muy parecida al destierro, ya que la ciudad dejaba de velar por la seguridad y por la integridad física del condenado.
Hay señales que indican que, en el caso venezolano, se trata de un castigo deliberado que Maduro aplica a los ciudadanos que se han ido del país huyendo de sus políticas. El régimen chavista sabe que, al menos, 6 millones de exiliados -por una u otra razón- son la prueba viviente del fracaso de su gestión, por eso están condenados a una “muerte civil”.
En abril pasado, el diario El Espectador publicó un reportaje titulado Sin cédula, pasaporte, ni opciones: el limbo venezolano. En la nota se expone que “millones de migrantes de Venezuela en otros países, incluido Colombia, chocan con un muro cuando intentan sacar documentos, homologar títulos o autenticar papeles porque no hay un consulado que les ayude con los trámites. Un círculo vicioso que les impide acceder a trabajos o legalizar su situación en los sitios de acogida”.
Según la página Venezuela Migrante, “miles de venezolanos alrededor del mundo, y en Venezuela, padecen lo que es no tener pasaporte. La falta de respuesta del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, y la poca información que hay en torno al tema, hace aún más complicada la situación de venezolanos que se encuentran fuera del país y tienen el documento vencido o próximo a vencerse”.
Otro reportaje publicado por El Pitazo en julio de este año señala: “Sin una instrucción clara acerca de qué hacer para recobrar el dinero y lograr otra cita para obtener el pasaporte o la prórroga, un conjunto de venezolanos cuenta que, previo pago del monto exigido, el SAIME les tomó la foto, registró sus huellas dactilares y sus datos, pero no les entregó el documento de viaje. Las quejas se remontan incluso a 2016”.
Al colocar la frase “pasaporte venezolano” en el buscador de Twitter aparecen centenares de mensajes de ciudadanos impotentes y quejándose por la situación que les causa no tener un documento actualizado, debido a las fallas u omisiones del organismo de identificación. Pero el problema comienza dentro de la propia Venezuela puesto que son cientos de miles de personas quienes madrugan a diario para hacer fila frente al organismo para reclamar la entrega de sus documentos sin obtenerlos.
Ya en 2017, el SAIME reconoció que “no entregaba los documentos con agilidad porque no tenía material para hacerlos. El papel de seguridad, clave para la emisión de varios certificados, escasea en Venezuela; por eso el proceso, que debería tomar máximo un mes, tarda hasta tres o cuatro años”. El problema se extiende a otros documentos, como cédulas, partidas de nacimientos y certificados de estudios.
Hay gobiernos conscientes, como el de Iván Duque, que han buscado una solución para los exiliados venezolanos. El pasado 9 de octubre, Migración Colombia anunció “la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia, PEP, dirigido a aquellos ciudadanos venezolanos que ingresaron al territorio nacional antes del 31 de agosto de 2020… la medida de flexibilización migratoria no tiene ningún costo y se puede tramitar a través de la página web de Migraciones”.
Pero para el canciller del régimen de Maduro, Félix Plasencia, es falso que exista una crisis de migrantes venezolanos en la región. “Esas cifras son cuentos de Iván Duque”
#23Sep #Diaspora
— Reporte Ya (@ReporteYa) September 23, 2021
El canciller de @NicolasMaduro Felix Plasencia niega que exista una crisis de migrantes venezolanos en la región. “Esas cifras son cuentos de @IvanDuque”, me dijo en #UNGA @VozdeAmerica pic.twitter.com/1bZYm1VUug
El venezolano requiere soluciones de fondo, como a cualquier otro ciudadano del mundo debe garantizársele el derecho a la identidad, el poder tener un documento que les permita viajar, abrir una cuenta bancaria, optar a una residencia u obtener un trabajo de forma legal, de lo contrario, estarían condenados a lo que se denomina “muerte civil”. El pasaporte es un documento de nacionalidad; y la nacionalidad es el “derecho a tener derechos.”
Si la negación del pasaporte fuese una política deliberada de Maduro para decretar la “muerte civil” de los venezolanos en el exterior -como pareciera ser- entonces habrá que sumarle un nuevo delito de lesa humanidad para ser imputado al régimen chavista ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
